Insolente, ignorante y obstinado

A la memoria de Don Ernesto Gutiérrez y González, el más grande civilista de nuestra época y gran amante del Derecho Administrativo.

Por Óscar Constantino Gutiérrez

En mi última entrega prometí hablar sobre el veto del gobernador al presupuesto (sólo expresaré una acotación para los diputados panistas: ¿cómo se impugna la constitucionalidad de un acto que no ha sido promulgado? Consúltenlo con su constitucionalista de cabecera), pero me desviaré del tema porque llamaron mi atención los berrinches en el Tribunal Administrativo del Estado (TAE).

El presidente del TAE, Carlos Sepúlveda Valle, se olvidó del principio primus inter pares (el primero entre iguales) que el rey Guillermo el Conquistador hizo suyo y que hasta en el feudalismo se respetaba, ya que se encoleriza porque sus compañeros magistrados osan cuestionar sus proyectos de sentencia y a uno de ellos lo calificó de "insolente, ignorante y obstinado". Ojo, un magistrado no puede ser insolente ante el presidente de su Tribunal, porque el liderazgo de ese organismo no es una monarquía o relación supraordinada donde el jefe siempre tenga la razón… por la sencilla razón de que ahí no hay jefes.

Desplantes tan monárquicos no se ven en la Suprema Corte de la Nación, en esta novena época no se ha atestiguado que los juristas Aguinaco, Góngora o Azuela hayan etiquetado de insolentes a sus compañeros ministros cuando disienten de sus proyectos o decisiones. Ni siquiera Vallarta llamó insolentes a sus compañeros de la Corte cuando emitía sus votos particulares… ni ellos le daban ese epíteto a él. En pocas palabras, esas actitudes de Fernando VII revisitado no las tienen ni los Borbones actuales.

¿Qué puede esperarse de un Tribunal donde se acaloran con temas tan absurdos como si es correcto o no que se declare primero que los agravios son admitidos y luego se detalle en qué consisten y la razón del fallo? Pareciera que son la primera Corte de Casación Francesa y estuvieran debatiendo las grandes decisiones del país, cuando en realidad pierden el tiempo en discusiones bizantinas y formularias.

Pero el presidente del TAE no es el único que mete desorden en ese organismo judicial. Sus compañeros magistrados disfrutan haciéndolo rabiar, lo que habla mal de todos los involucrados: Uno por intolerante y soberbio, los otros por rijosos e ineficientes.

Quienes amamos el Derecho Administrativo no podemos más que lamentar que nuestro TAE se parezca más a la Tremenda Corte de Trespatines y no al ilustre Consejo de Estado Francés. En lugar de pronunciar geniales arrets de jurisprudencia administrativa que conmuevan a Jalisco, lo que hacen es alegar disparates. Pediríamos cordura, pero como dice doña Daniela, la de la tiendita de la esquina: Ya no hay.

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Óscar Constantino Gutiérrez

De la “ciudad amable” a la urbe insufrible

Cuando era niño, se impulsó una campaña que describía a Guadalajara como “ciudad amable”, calificativo absurdo y un tanto petulante. Luego de dos décadas, el término pasó a ser irónico: La capital de Jalisco no sólo carece de amabilidad, sino que cae en lo insoportable y ninguno de sus componentes escapa a ese calificativo, desde sus gobernantes hasta sus servicios, pasando por sus empresas y gente. Para los que somos originarios de esta ciudad la pena es doble, porque no sólo padecemos el entorno actual, también somos responsables por haber permitido su deterioro. Como el espacio de esta columna es finito, sólo expondré algunos ejemplos de esa triste condición:

Mientras las grandes urbes del mundo tienen al menos un importante parque central (por ejemplo Nueva York, Paris o la Ciudad de México), los tapatíos nos hemos conformado con que cada domingo se utilicen las calles de la ciudad como parque lineal. La idea no es mala, ya que regresa a los peatones una parte del dominio que ordinariamente controla el automóvil, pero en un entorno donde la informalidad económica es una plaga, la vía RecreActiva tiene necesariamente un tufillo tianguero, al desviar el uso de las obras públicas como un paliativo a la incompetencia de una administración municipal que fue incapaz de constituir nuevas y mejores zonas verdes. Si a eso se agrega que en el diseño y puesta en marcha de la vía se mezcla la doble moral (una de esas tradiciones tapatías que perduran) con la demagogia, el resultado es irritante: Que se haga la voluntad del señor en la milpa de mi compadre o, lo que es lo mismo, que el parque lineal no esté en Pablo Neruda (donde tengo mi casa) sino que opere en Avenida Vallarta y Chapultepec, así no soporto sus efectos negativos. Cualquier semejanza con los desalojos racistas en el parque Ruben Darío no es mera coincidencia.

Pero el problema no sólo es que Avenida Vallarta tenga las banquetas más deterioradas, o que Chapultepec se llenara de vagos que aprovechan la vía para pedir (o amenazar), los tapatíos hemos adoptado un antijuarismo en nuestras costumbres que es digno competidor de los hábitos hipócritas de las peores sociedades de los siglos pasados: En Guadalajara respetar el derecho ajeno no implica la paz, sino ser un poco tonto. Desde el vecino ratero que se "vuela" los periódicos hasta el empresario que desvanece las utilidades que debe repartir, pasando por el que tira basura en la calle, el que grafitea, el casero que firma recibos de renta sin tener facultades para ello, el secretario de desarrollo urbano al que se le triplican los costos de las obras y el funcionario del Registro Público de la Propiedad al que la alteración de los libros de inscripción era un negocio propiciado por su gran ingenio.

Mi ciudad es de esos lugares donde uno se debe disfrazar para ir de compras, la calidad o precio del atuendo no importa, lo relevante es el look de oficinista. La realidad tapatía se parece a una versión maligna de un anuncio de tarjetas de crédito: "zapatos deportivos de piel 1,200 pesos; pantalón español de algodón negro, 980 pesos; playera oscura con logotipo de colores, 250 pesos; chamarra de cuero, 2,900 pesos; gorra negra deportiva importada, 500 pesos. El fastidio de que la dueña de la pastelería lo trate como apestado por no ir de saco y corbata (aunque use tarjeta dorada o de platino) no tiene precio". La “filosofía del trajeado” se aplica de la misma forma en tiendas departamentales que en tlapalerías, para furia de las líneas casuales o sport de Converse, Gucci, Nike, Armani o el diseñador que le venga a la mente, por lo que el “qué se le ofrece” -expresado por un dependiente o empleado del establecimiento- no es una fina atención al cliente, sino una velada invitación a que no afee con su presencia el establecimiento.

La Perla de Occidente es una ciudad donde los peatones son sospechosos de todo y no tienen derecho a nada, como si la decencia se comprara en las agencias automotrices. Circule después de las diez de la noche con pura fuerza humana (es decir, a pie) y verá que los agentes del (des)orden le preguntarán una infinita cantidad de tonterías, ya que usted es culpable de portar aspecto de pobre. El mismo desplazamiento, en automóvil, no motiva cuestionamientos torpes. Antes no se disculpaba una mancha en la camisa, pero sí una en la honra; ahora la honra es lo de menos, lo importante es que la camisa esté recubierta por un buen carro.

Por razones de espacio muchos ejemplos quedaron fuera de esta columna, pero la muestra está expuesta. Mis deseos para usted son que 2006 sea mejor que 2005 y que Guadalajara deje de ser una ciudad insufrible, ya ni siquiera pido que sea amable.

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Óscar Constantino Gutiérrez

¿Pinochetazo a caballo de espadas?

Cuando dos o más abogados tratan un tema, lo más seguro es que nunca salgan de acuerdo, como lo evidencia el debate respecto a la aprobación del presupuesto 2006 para Jalisco. Sin embargo, las últimas declaraciones del gobernador de Jalisco sobre el asunto logran lo imposible: Que tirios y troyanos se unan… pero en su contra.

El Lic. Ramírez Acuña acudió al programa Cara a Cara que conduce Genaro Amador y le ganó el enojo, comparó el Presupuesto aprobado por el bloque opositor con las acciones de un militar golpista y soltó una perla digna del bronce (¿o de los bronces?): No es facultad del Poder Legislativo mover el presupuesto, sino hacer sugerencias. ¡Jesucristo vencedor! ¿Éste señor dice que es abogado? Vaya, mientras Fox decía que el presidente propone y el Congreso dispone, Don Paco sostiene que el gobernador dispone y los diputados súbditos sugieren. No le vendría mal al primer mandatario de Jalisco una leída al artículo 32 de la Constitución de Jalisco para que verifique que el Congreso aprueba y él promulga.

Pero la ausencia de moderación republicana no sólo está en el Poder Ejecutivo. En el Congreso no pueden sostener una sesión sin que la intolerancia se haga presente y en el Tribunal Administrativo de plano se puede instalar un ring de lucha libre: sesionan menos de cuatro horas y de esas se gritan casi tres… ¡Qué trabajadores y elegantes son esos finos juristas!

Por ese ordinario clima jalisciense de confrontación y falta de respeto al Derecho, provoca más bien risa que Don Paco señale que hubo un pinochetazo en la aprobación del presupuesto, “una sesión incorrecta e ilegal y que debe ser analizada por el Poder Judicial”. Habrá que preguntarle al señor gobernador si no es incorrecto e ilegal que las obras de López Mateos hayan aumentado el costo previsto o que se trate con “mano dura” a cuanto sospechoso de ser pobre ronda por la capital del Estado.

Por cierto –y como una muestra más de que algunos políticos opinan sobre Derecho aunque no entiendan los rudimentos de la materia- hay que preguntarle a los diputados del PAN si entienden que no pueden promover una controversia constitucional, como fracción parlamentaria, contra el presupuesto. No vaya a ser que después se digan pinocheteados. Vale la pena que le den una leída al artículo 10 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Si el bloque opositor rechaza la intención panista, habrá que ver si operan los argumentos del gobernador… pero del supuesto ad cautelam paquista y de los recursos ordinarios platicaremos en otra colaboración, Dios mediante.

oscarconstantino@gmail.com

Óscar Constantino Gutiérrez

Caradura libertaria

Algunos editorialistas insisten en que no se debe “criminalizar a los emisores de opinión”. El enunciado, redactado de esa forma, parece aceptable, sin embargo es un disparate con clientela, ya que no es otra cosa que una manifestación más de la doble moral mexicana.

Existe una carga cursiloide en expresiones como las que señalan que “en el Estado de Puebla es un delito escribir la verdad” (como escribió Sergio Sarmiento el pasado 26 de diciembre de 2005). Miente Sarmiento: En ningún estado de la república es ilícito “decir la verdad”, lo que se sanciona es que -por causa de una imputación- una persona sufra deshonra, descrédito, perjuicio o se le exponga al desprestigio.

Así lo plantea el artículo 357 del Código de Defensa Social de Puebla y en términos semejantes se trata ese supuesto en el artículo 199 del Código Penal de Jalisco: En ambas legislaciones se expresa que el daño a la reputación es lo relevante, sin importar si el señalamiento ofensivo es verdadero o falso. Por ejemplo, si alguien señalara situaciones vergonzosas sobre familiares del señor Sarmiento (o del señor Miguel Ángel Granados Chapa, que el pasado 3 de enero también se pronunció sobre el tema) es muy probable que se mostraran indignados, por más verdaderas que fueran las indicaciones contra sus parientes.

Además, la legislación penal de Jalisco establece claramente que no se sanciona a quien dice una verdad ofensiva si a) la imputación tuvo por objeto defender o garantizar un interés público actual; b) el agredido es una persona que haya obrado con carácter público y la imputación fuere relativa al ejercicio de sus funciones (lo cuál consagra, en mi opinión, un abuso de la expresión contra quien realiza funciones públicas; y c) si el hecho imputado está declarado cierto por sentencia irrevocable y el inculpado obró por un interés legítimo ¡sin ánimo de dañar! Veamos la nobleza (o manga ancha) de la ley de Jalisco: Incluso perdona el “fue sin querer queriendo”. El artículo 360 del Código de Defensa Social de Puebla también marca supuestos en los que no se sanciona al que difama, que incluyen conceptos tan elásticos como “manifestar técnicamente su parecer sobre alguna producción literaria, artística, científica o industrial” o expresar “su juicio sobre la capacidad, instrucción, aptitud o conducta de otro, si prueba que obró en cumplimiento de un deber o por interés público o que, con la debida reserva, lo hizo por humanidad (¡¡!!), por prestar un servicio a persona con quien tenga parentesco o amistad, o dando informes que se le hubiesen pedido, si no lo hiciere, a sabiendas, calumniosamente”. Por tanto, no es verdad que en Puebla (o en Jalisco) “es un delito escribir la verdad”. Lo que es delito es ofender a las personas, ultrajar su dignidad mediante manifestaciones a terceros.

Pero los alegatos de Sarmiento y Granados Chapa tienen la etiqueta de la caradura libertaria, esa que espera privilegios para los suyos y el rigor de la ley de hierro para los demás: Pura doble moral pura. Para demostrar que su alegato no se sostiene, me permito utilizar el argumento ad absurdum, que expone que jamás fue válido un razonamiento que -llevado al extremo- se vuelve absurdo:

I. «Dado que es un “obstáculo a las libertades” el solo hecho de que el código penal incluya delitos de comunicación, como la calumnia y la difamación, lo adecuado es que se eliminen esos ilícitos y al mismo tiempo se establezca un mecanismo para la defensa del honor y la reputación -que son bienes y valores que deben ser preservados y protegidos- sin criminalizar a los emisores de opinión. Esto eliminaría la “absurda mordaza y amenaza al ejercicio periodístico y al derecho de la sociedad a ser enterada de los vicios de la vida pública"». Si aceptamos lo anterior (que cita Granados Chapa), también tendríamos que admitir que en virtud de que es un obstáculo al ejercicio de las actividades económicas el solo hecho de que el Código Penal incluya delitos patrimoniales, como vender productos robados o que violen propiedad intelectual, lo adecuado es que se eliminen esos supuestos de la ley penal y se establezca un mecanismo de defensa de los derechos pecuniarios y morales -que deben ser preservados y protegidos- que no criminalice a los pobres comerciantes. ¿Le suena absurdo el argumento? A mí sí.

II. Bajo la misma premisa, para no amenazar la expresión de la sexualidad debería despenalizarse la violación; o para evitar un obstáculo a la libertad de actuación debería eliminarse el delito de lesiones. ¿Qué opinarían las víctimas de delitos sexuales o de agresiones físicas si algún columnista señalara que lo adecuado es que se establezca un mecanismo para la defensa de la indemnidad sexual y la integridad física -que son bienes y valores que deben ser preservados y protegidos- sin criminalizar a quien viola o golpea, simplemente cobrándole una indemnización?

Ejemplos sobran de posibles beneficiarios de esa caradura libertaria (ahí están los quebrados fraudulentamente, los estafadores y ambulantes), pero ninguno de ellos tienen defensores de oficio. Los difamadores sí, porque así también se cuidan la propia espalda. Qué pena de gente.

oscarconstantino@gmail.com