martes, diciembre 15, 2009

En la mira

El Poder Ejecutivo débil y otros cuentos

Óscar Constantino Gutiérrez


La reforma fiscal, el uso desmedido de recursos públicos para cuestiones policiacas y la designación de Agustín Carstens como gobernador del Banco de México (Banxico) son evidencias de que Felipe Calderón ejerce el poder sin restricciones y que el discurso del Ejecutivo débil es un mito.


El presidente de la República cometió un exceso más al proponer a su Secretario de Hacienda como nuevo titular del organismo autónomo que cuida el valor de la moneda, el Banxico. Lo peor de todo es que resulta muy probable que Carstens sea avalado por el Senado y que el Banco Central se convierta en una dependencia más del Poder Ejecutivo. ¿Entonces para qué tenemos en México organismos públicos autónomos como si fueran hongos en un bosque húmedo, si finalmente su autonomía no la defiende fuerza política alguna? Lo más sorprendente no es que Calderón tenga el descaro de nominar a un subordinado para encabezar una entidad que debe tener toda la independencia para mandar al demonio las sugerencias del presidente, sino que lo pasmoso es que el Senado vaya a arrodillarse ante la presidencia: valiente división de poderes que, cómicamente, en este caso no vale dos pesos.


El mismo olor a política entrometida puede percibirse en la nueva designación de ministros de la Suprema Corte y en la del titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos: este presidente de México permite (y alienta) que se propague el cuento de que México necesita una reforma que le dé fuerza al Poder Ejecutivo, porque el pobrecito no puede gobernar con una Constitución tan injusta. Ese discurso de invocar la efectividad para justificar la concentración de poder (o el poder sin controles) es típico del fascismo y de otras ideologías totalitarias. Por ello, el borrador de la ley mexicana para combatir el secuestro, peor que la Ley Patriota estadounidense, es un ejemplo claro de lo que pretende este gobierno federal contra los mexicanos: no le bastó con ganar la presidencia por un porcentaje ridículo y sumirnos en una crisis y recesión que, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) será peor en México que en el resto de la región, sino que ahora quiere hacer una alfombra con las libertades y derechos básicos de las personas. Si a esto se agrega la intención de Javier Lozano de mutilar la Ley Federal del Trabajo para abaratar aún más la mano de obra de mexicana (es decir, pagar peores salarios a los empleados), sin duda puede afirmarse que estamos en la antesala de un estado represor y de ultraderecha.


Pero las otras fuerzas políticas tampoco hacen su trabajo, mucho menos el PRI que se ha convertido en la Celestina de las políticas panistas. Los priistas se dedican a negociar aumentos de impuestos, designaciones disparatadas en el Banxico o validar políticas totalmente contrarias al espíritu social que se supone guía al Revolucionario Institucional: si esos son los contrarios que deben fungir como contrapesos de la presidencia, hemos llegado al caso en que lobos y sabuesos se volvieron compadres.


Peor aún, los priistas han permitido que los panistas los engañen con espejitos (como los proyectos de Tren Ligero a funcionar hasta dentro de 4 años, mientras los macrobuses empiezan a construirse en cuestión de meses), así que además de actuar con complicidad cotidiana con el PAN, los tricolores suelen ser embaucados en los demás temas en que supuestamente deben dar oposición y cara a los blanquiazules: dolo, ingenuidad, incompetencia y negligencia no suelen ser buenos ingredientes para la operación política.


No existe justificación institucional alguna para que el Presidente de la República tenga la última palabra en todo tema, intervenga en las designaciones de funcionarios de otros poderes del Estado o cuente con facultades pare revisar o vetar las decisiones de otras autoridades. A final de cuentas, el presidente sólo es el titular de la rama ejecutiva del gobierno y sus acciones deberían limitarse al ejercicio de las funciones administrativas y de gobierno que únicamente entrañan aplicar las leyes. Incluso, el carácter de Jefe de Estado del presidente está en un plano distinto de las tres ramas del gobierno, por lo que no es pretexto válido para buscar la manipulación de las legislaturas, tribunales y organismos públicos autónomos. Un buen comienzo para erradicar ese abuso de poder sería que se derogaran las disposiciones que facultan al presidente para proponer funcionarios de otros poderes u órganos, revisar u observar procedimientos e intervenir en temas que no son los propios del exacto cumplimiento de la Ley.


Urge un rediseño institucional, sin duda, pero dirigido a amarrarles las manos al presidente de México y a los Ejecutivos de las entidades federativas: Jalisco, con sus macrobuses y presupuestos dedicados a museos en la Barranca de Huentitán, es una muestra palpable de que el absolutismo no ha muerto, vive en el corazón de los gobernadores.

oscarconstantino@gmail.com