jueves, septiembre 30, 2010
martes, agosto 24, 2010
En la mira
Ley Natural y corrupción usual
Maicear, según el Diccionario de la Real Academia Española, es “dar maíz a los animales”. Peyorativamente, se equipara a la acción de sobornar. Por ello Porfirio Díaz solía decir, respecto a los diputados encabritados con su dictadura, “este gallo quiere su maiz (así, sin acento)”, para denotar que era necesario tranquilizarlos con el elixir del soborno. El maiceo, al menos en el lenguaje político, es una tradición nacional de casi 120 años de antigüedad.
Por tanto, la corrupción es tan mexicana como las enchiladas y vive en el corazón de sus admiradores: cada tapatío paga en promedio mil 573 pesos por esta práctica, dirigida principalmente al soborno y liquidación de extorsiones. México dedica 210 mil millones de pesos anuales a esta conducta (4.5 por ciento de su PIB), por lo que el país ocupa el lugar 89 en el ranking mundial de naciones corruptas.
Ni en eso dejamos de ser un país de media tabla.
Estos números, recordados por el catedrático Luis Roberto Arechederra durante la inauguración del Primer Foro Nacional de Fraude y Corrupción en México, mismos que recuperan los resultados de la encuesta efectuada por profesionales por la ética durante 2009, así como de las evaluaciones realizadas por Transparencia Internacional, dejan claro que los habitantes de esta capital padecen un acto de corrupción cada 390 días. Es decir, los desembolsos por corrupción son tan periódicos como el pago del impuesto predial o del ISR.
Nada ayuda que la cultura latina rinda homenaje al ocultamiento de la verdad, a la picardía y a la astucia. No hay que olvidar que los romanos admitían estas prácticas como “dolo bueno”, por lo que existe una línea conductora entre la listeza y el uso de la astucia para sacar ventaja del prójimo. El tema es que existe una zona gris muy discutible entre la práctica de sacar ventaja y la de causar daño a los demás. El corrupto suele considerarse más listo o astuto que los que no cometen actos de corrupción y, por supuesto, se asume como más inteligente que las víctimas de sus corruptelas. En su conducta, el taimado asume como natural que los más listos obtengan provecho de los más tontos, por lo que considera justificado su proceder, ya que en su opinión es un mecanismo aceptable de progreso: el que no es transa, no avanza, dice la frase popular que resume esa visión del mundo.
Corrupción y falta de Estado de Derecho son dos caras de una misma moneda. Curiosamente, una de las argumentaciones usadas por quienes no respetan las leyes es que las consideran injustas: esa es la excusa de quien compra películas piratas (“el precio de los productos legales es muy alto e injusto”), del que vende droga (“no se puede vivir bien con un trabajo legal”), del que se roba la señal de TV restringida (“el cable tiene un precio injusto”), así como de un largo y desagradable etcétera. En pocas palabras, los piratas, dealers y ladrones de señales invocan la Ley Natural para justificar sus ilícitos, porque no hay cosa más laxa y acomodaticia que recurrir a la Ley Natural para aducir cualquier cosa como válida.
Los asesinatos y la aplicación de tormentos en la Alemania Nazi fueron justificadas por iusnaturalistas, como lo explica don Ernesto Garzón Valdés (a quien hace referencia Manuel Atienza en el número 27 de Isonomía). La Ley Natural se invocó para legitimar a los reyes absolutos, así como para derrocarlos cuando desobedecían al poder eclesiástico. Después de la Segunda Guerra Mundial, el iusnaturalismo tomó una cara bondadosa que admite el vínculo entre derechos humanos, democracia y justicia… siempre y cuando no se afecten a los grupos dominantes de una sociedad. Resulta usual que quienes invocan la Ley Natural, para desobedecer las leyes de un país, sean los mismos que señalan a las comisiones de derechos humanos como agencias defensoras de delincuentes (cuando se supone que los derechos humanos no son más que la versión secular de los derechos naturales de las personas). Tampoco es extraño que se justifique la recepción de recursos ilícitos para obras pías, resulta innecesario recordar el nombre del obispo que decía que las narcolimosnas "se purifican" con la buena intención de ayudar, baste con indicar que, tanto las prácticas usuales de corrupción como el recurso de invocar la Ley Natural, son frutos de un mismo árbol de pseudo argumentación y sofisma.
México necesita trascender las descalificaciones entre aquellos que refieren a sus adversarios como fundamentalistas de derecha o jacobinos trasnochados (ambas etiquetas denotan estupidez). Si, en el debate de los grandes temas sociales, unos invocan verdades reveladas que sólo pueden aceptarse como actos de fe y los otros asumen que el papel del clero se reduce a orar en sus templos, este país seguirá tan corrupto como siempre, con sus maiceos, con sus leyes naturales para justificar cualquier cosa, así como con las prácticas de ninguneo y agresión a todo el que piense distinto. ¡Vaya forma de celebrar el Bicentenario!
oscarconstantino@gmail.com
domingo, abril 18, 2010
jueves, abril 15, 2010
La columna de la semana pasada...
En la mira
México pirata
Pregunté al diputado federal Salvador Caro su opinión sobre las reformas al Código Penal Federal y a la Ley de Propiedad Industrial para establecer la persecución de oficio al delito de piratería, aprobadas por el pleno de la Cámara Baja. Su respuesta fue categórica:
“La piratería es una actividad que deteriora los mercados internos, cancela la posibilidad de inversiones externas de calidad, además de promover malos hábitos de consumo y obstaculiza el estímulo a la creatividad. Combatir la piratería es refrendar los derechos más elementales, como el de propiedad, que permiten el desarrollo de los países, en este caso en sectores concretos…Por otra parte dudo de la capacidad de las autoridades para combatirla”.
La reforma aprobada por los diputados federales fue materia de quejas en las comunidades virtuales, en los medios y en la calle: que ya no se necesite querella de parte para perseguir a los piratas puso de malas a muchos y se invocaron los pretextos más ridículos para pretender una justificación a la compra de películas en la calle por 20 pesos.
Entre los defensores de la compra de piratería se encontraron los diputados petistas: su coordinador Pedro Vázquez afirmó que la reforma sólo busca “criminalizar” la actividad del comercio informal, donde se ocupan millones de mexicanos sin empleo formal para mantener a sus familias. Mario Di Costanzo Armenta y Gerardo Fernández Noroña hicieron una sentida defensa del pueblo bueno que compra piratería, para ellos la reforma tiene la intención de criminalizar la pobreza y defender la economía de “los poderosos”.
Di Costanzo y Fernández Noroña se olvidaron de que los vendedores de piratería no son precisamente pobres. El año pasado, las ganancias de la piratería en México ascendieron a 74.7 mil millones de dólares: los piratas tuvieron más ingresos que los obtenidos por la venta de petróleo (25 mil millones), las remesas (21 mil millones de dólares) y el turismo (11 mil millones de dólares). Ni siquiera la suma de petróleo, remesas y turismo alcanza la cantidad que se embolsaron los piratas.
Lo más grave del asunto es que esos 74 mil millones de dólares en manos de los piratas representan un daño económico de 9% del Producto Interno Bruto. De seguir la tendencia, en 2015 la industria tendrá pérdidas superiores a un billón de pesos.
El asunto es muy grave, el diputado priista Arturo Zamora lo expresó con mucha claridad: “ocho de cada diez personas compraron productos pirata, por lo que 54 por ciento de los bienes que están en el comercio provienen de falsificaciones”. Si más de la mitad de lo que se vende en México es piratería, no sorprenden las legiones de enfurecidos porque se les va a acabar el gusto de comprar, a bajo precio, duplicados ilegales o productos apócrifos.
En el fondo del problema no se encuentra una criminalización de la pobreza y/o una defensa de la economía de los poderosos, como absurdamente alegan Mario Di Costanzo y Gerardo Fernández Noroña, en realidad estamos en presencia de una manifestación más de la cultura de la simulación, de aparentar lo que no se es, de consumir aquello para lo que no se tienen recursos: ¿en qué radica la supuesta necesidad de usar una pluma Mont Blanc o una camisa Gucci, si no se tiene dinero para pagarla? En la frustración y resentimiento, eso es lo que está detrás de la compra y venta de plumas falsificadas, ropa apócrifa, películas piratas o el robo de la señal de TV restringida. Una sociedad digna entendería y aplicaría un principio básico de la economía honrada: si no tienes para pagarlo, no lo uses. La situación se complica porque en México la “transa” se ve como muestra de astucia y se siente listo, muy listo, quien se apropia de la creación ajena sin respetar a sus autores.
Tanto el truhán que presume como propio el trabajo ajeno y quien compra una película pirata se sienten muy inteligentes: se “ahorraron” trabajo o dinero para conseguir algo, pero ese supuesto “ahorro” tiene un efecto bumerán, ya que el ladrón de la obra de otros también es robado en otros aspectos de su vida, con lo que la cadena delincuencial nunca acaba.
A la par de esta reforma antipirata, urge que los diputados federales legislen la obligatoriedad de educar a todas las personas sobre la necesidad de respetar los contenidos ajenos y sólo usarlos con el permiso respectivo, así como establecer que la Comisión Federal de Competencia, la Profeco y la Secretaría de Economía tienen el deber de evitar los precios excesivos que fijan algunos titulares de Propiedad Intelectual. De lo contrario, es muy probable que se siga argumentando desde la ilegalidad que la piratería se da porque la hacen pobres o sin ánimo de lucro, lo que en realidad es una falacia que sustenta la realidad de este México pirata que padecemos.
sábado, abril 03, 2010
miércoles, marzo 31, 2010
En la mira
Un puente para Plaza Patria
Óscar Constantino Gutiérrez
Un anciano, una mujer con un bebé en brazos, un hombre con bastón, dos personas obesas y tres niños. Ninguno de ellos puede franquear Avenida Patria porque se enfrentan al crucero de la muerte. Plaza Patria carece de un paso peatonal razonable, es un centro comercial diseñado para automovilistas… donde la mayoría de los consumidores no acuden en carro.
Existe un viejo puente en Avenida Ávila Camacho pero, además de sucio, incómodo, inseguro e imposible de subir para ancianos y discapacitados, usarlo sólo da acceso a las calles de ingreso al estacionamiento de la Plaza, es decir, a una zona de alto riesgo vial. El Instituto de Ciencias tiene un puente moderno, que tampoco permite llegar con seguridad a la Plaza, porque aún hay que cruzar la pista de carreras en que se encuentra convertida Avenida Patria. En suma, ser peatón en Zapopan e ir a ese centro comercial es una situación de peligro inminente.
Por el contrario, en la misma Avenida Patria, pero en la zona del Bosque de Los Colomos, hay un puente nuevo cuya construcción está envuelta en la polémica de su daño a la ecología, poca funcionalidad e irregularidades administrativas. Entre la ausencia de puentes y la inutilidad de los edificados, la realidad es que la gente se juega la vida para cruzar la calle.
Cuando el anciano, los niños o la mujer con bebé en brazos sean arrollados, el gobierno echará la culpa al automovilista (por correr) o al transeúnte (por atravesar sin cuidado). No hará mea culpa y aceptará que el puente en Plaza Patria se necesita desde hace mucho, que cualquier persona con sentido común lo sabe (sin necesidad de estudios técnicos especializados para determinarlo) y que los impuestos son para construir obras que eviten que la gente se muera o lesione por un absurdo riesgo que se pudo prevenir. No, en el mejor de los casos, luego de dos o tres arrollados consecutivos, una serie de cartas a los diarios y protestas en el Ayuntamiento, se pondrán unos disfuncionales topes, como testimonio al poco valor económico que tienen los humanos de a pie.
Y es que, ¿a quién le importan los empleados y consumidores que van a ese centro comercial? Al gobierno no: en su lógica burocratita, si no llegan en auto son personas que seguramente compran poco y por ende pagan escasos impuestos, así que no conviene dedicarles infraestructura, sobre todo en tiempos que no son electorales (ya llegarán las campañas y les entregarán su cachucha, tortas frías y aguas calientes, con eso tendrán para estar contentos y votar por el partido). Pero, cuadras más adelante, en Andares se repite el mismo desprecio al peatón, pero por las razones contrarias: sólo un pelagatos iría a pie, la mejor manera de desincentivar su presencia es negar accesos peatonales.
¿De qué sirven las políticas ridículas de movilidad que le apuestan a la bicicleta, a caminar, a disparatadamente ampliar la Vía Recreactiva a los sábados (cuando todavía hay negocios operando), si tomar la bicicleta o ir a pie puede dar lugar a la crónica de un suicidio anunciado? Sólo un amante de la adrenalina o de la temeridad estulta tomaría la bicicleta para cruzar avenidas como las tapatías, que guanajuatizan a todo el que no venga en cuatro ruedas: parafraseando a José Alfredo Jiménez, aquí, en la Avenida Patria, la vida del peatón no vale nada.
En suma, si tiene auto sáquelo de la cochera, si no lo tiene tome taxi, porque acudir como peatón a un centro comercial como Plaza Patria puede ser el principio del fin, no como la canción del grupo rockero Los Ángeles del Infierno, pero sí con el mismo resultado tétrico.
¿Un puente para Plaza Patria? Lo esperaré sentado (o en auto)…
domingo, marzo 07, 2010
En la mira
¿Calladito se ve más bonito?
El pleito entre Abraham González Uyeda y Pablo Lemus confirma que la doble moral y la estupidez sin límite no son características exclusivas de los círculos sociales, sino que se encuentran profundamente arraigadas en el trato cotidiano de políticos y no políticos.
El desarrollo del desencuentro retrata claramente la inmensa vocación a que sólo se haga la voluntad del Señor en la milpa del compadre: el líder de los panistas en el Congreso local pidió que renunciara el Secretario de Finanzas de Jalisco, de inmediato el líder empresarial Pablo Lemus salió en defensa del funcionario del Ejecutivo y acusó al diputado de hacer la petición por interés partidista. González Uyeda le respondió a Lemus con una recomendación: la de que no perdiera la oportunidad de quedarse callado en asuntos de los que no está enterado. Indignado ante el consejo de que no opinara de lo que no sabe, el presidente de Coparmex calificó al legislador blanquiazul como oportunista y falto de nivel. Pareciera que estamos en presencia de un pleito irrelevante, pero la lectura del antes y del después del suceso permite apreciar cuanta estupidez se destila en el asunto.
Los defensores de Lemus, que se sienten “empresarios por adhesión” (en su vida han generado un centavo de riqueza, pero tienen espíritu ejecutivo) descalificaron a González Uyeda con el muy torpe argumento de que recibe una remuneración como diputado que viene de los impuestos de los empresarios. La afirmación no puede ser más idiota porque González Uyeda es propietario de una empresa lechera que, esa sí, da empleos y genera riqueza para Jalisco. Por tanto, el descalificativo expresado por los lémures (o sea, los seguidores de Lemus) es doblemente erróneo: porque califica de burócrata mantenido a quien no lo es y porque en un debate se desacreditan ideas, no a las personas que las expresan, lo que implica que el punto de cuestionamiento era si González Uyeda dijo algo incorrecto, no si los empleados públicos carecen de derecho a replicar frente a las afirmaciones de la Iniciativa Privada.
La recomendación de González Uyeda a Lemus fue muy dura, sin duda, pero no grosera: guardar silencio sobre los asuntos que no se conocen es una excelente medida de prudencia, que por regla general no aplican los que son poderosos, muy ignorantes o poco brillantes. Pablo Lemus se ofendió por la exhortación, pero cualquiera que haya leído sus comentarios sobre los muy diversos asuntos públicos, podrá darse cuenta de que el señor Lemus opina con particular rudeza de todo y de todos, lo que hace suponer (es un decir) que es un genial hombre universal, conocedor de todas las disciplinas que existen (como Leonardo da Vinci o Gottfried Leibniz) o que don Pablo Lemus es medio imprudente porque asume que, por el mero hecho de ser líder de un consejo patronal, tiene patente de corso para descalificar lo que sea y a quien sea.
Pablo Lemus ha exigido renuncias y medidas radicales respecto de todo tipo de entidades y personajes públicos. Al igual que en el caso de otros líderes empresariales (de esos que prometen echarse un buche de agua del Río Santiago y luego se rajan), sus diatribas no se han descalificado con el argumento de que esconden intereses inconfesables, sino que se toleran e incluso se consideran parte del color de cualquier cobertura informativa sobre temas políticos locales: respecto a cualquier asunto público, sea la integración del Itei o las reformas a la legislación menos importante, Pablo Lemus siempre tiene una opinión… y hasta se las publican.
Por ello, el líder patronal que pide renuncias y cuestiona las que piden los diputados, que descalifica honras y trayectorias ajenas pero no admite que le digan poco informado, es un monumento a la doble moral, la que hace y no quiere que le hagan, la que no pone atención a la expresión ajena pero exige que tomen en cuenta la propia: la que califica a los demás de corruptos, tontos o interesados, pero que se siente afrentada cuando tan sólo le señalan su propia ignorancia. Cualquier semejanza con las actitudes abusivas de la nobleza francesa o española del absolutismo, no es mera coincidencia.
En su despecho, Pablo Lemus alabó la disposición de Beatriz Paredes de escuchar a los empresarios, para tener la oportunidad de soltar una daga (dizque) envenenada: “algunos políticos locales no sólo no nos escuchan, sino que nos mandan callar”. La lamentación de Lemus es muy desafortunada, porque es muy distinto ordenar que alguien se calle a recomendar que se guarde silencio respecto de algo que se desconoce. Este último berrinche de Pablo Lemus confirma la veracidad del consejo de Abraham González Uyeda: calladito se ve más bonito…
lunes, enero 11, 2010
Augusto, como chivo en cristalería
Por Óscar Constantino Gutiérrez
El “zar anticorrupción” Augusto Valencia desalojó al personal del Consejo para la Transparencia y Ética de Guadalajara. Los sacaron de sus oficinas, les pidieron llaves así como papelería y los enviaron a Recursos Humanos. Agusto se tomó literalmente lo de su designación como “zar”, porque actúa como si perteneciera a la Casa Real Romanov: se comporta como un déspota absolutista e impositivo.
El desalojo es irregular a todas luces, ya que el Consejo para la Transparencia no ha sido disuelto y la figura de “zar anticorrupción” no se reglamenta aún. En otras palabras, Agusto carece de facultades para sacar gente de sus oficinas municipales, habrá quien incluso califique su proceder como un abuso de autoridad o una usurpación de funciones. No debe sorprender que Valencia se desenvuelva de esta forma: su paso por el ITEI está plagado de abusos de poder y conductas por encima de la Ley, como fueron los actos en que de hecho legisló desde el Instituto, lo que evidentemente es un exceso grave en la dirección de un organismo autónomo cuyas resoluciones son definitivas. Comportarse así, al margen de la ley, le funcionó entonces, ¿por qué ahora se conduciría de distinta forma?
Existe una percepción equivocada de la actitud de Augusto Valencia, algunos ven como honestidad valiente su constante vocación a la confrontación y conflicto, cuando usar la Ley de tapete no es honrado, mucho menos valeroso. En esa forma de tratar los asuntos públicos, en realidad hay capricho y desprecio a las reglas que, en la lógica del autócrata, son obligatorias para los demás, no para el que asume funciones dictatoriales.
Con independencia de los excesos de Augusto Valencia, hay que señalar que la culpa no sólo la tiene el “zar”, sino quien lo designó: Jorge Aristóteles escogió para ese cargo a un perfil centrado en castigar y no en prevenir, en imponer y no en dialogar, en confirmar los errores y no corregirlos. Lo cierto es que ese modelo inquisitorial ya empezó con el pie equivocado, que es el que Agusto usa comúnmente y que la respuesta del alcalde ante la indignación del Consejo de Transparencia (que existen eventualidades así como el desalojo, que el Consejo se reestructurará, etc.), a toro pasado, en realidad operan como un espaldarazo a la conducta abusiva del “zar”.
Para el presidente municipal de Guadalajara, la primera semana de gobierno fue tormentosa y ha dejado la percepción de que ciertas designaciones de funcionarios fueron hechas sin el cuidado debido. En algunas de ellas ha dado reversa con una agilidad fuera de lo común y en otras, como los excesos de Valencia, ha mostrado una tolerancia excesiva, con lo que de hecho disculpa la actuación de un personaje que tendrá incentivos para seguir en la misma línea de acción e imponer su voluntad de forma ilegal o irregular. Ese doble criterio no ayuda a la certeza y estabilidad del equipo que acompañará al alcalde tapatío, porque lo menos que necesitan los ciudadanos es que haya “nenes consentidos” así como trabajadores en la constante cuerda floja.
La figura del “zar anticorrupción” es de entrada chocante, parece una mala copia de los nombramientos que en Estados Unidos dan a los máximos funcionarios en ciertas áreas. Cabe preguntar si este “zar” en verdad tendrá plenos poderes y si su trabajo no lo podía hacer la figura actual del contralor municipal. Como estrategia mercadológica pudo haber funcionado, pero si la sociedad civil organizada en temas de acceso a la información, rendición de cuentas y transparencia condena la conducta de Valencia contra un organismo tan honorable como el que aún preside el padre Jesús Gómez Fregoso, la medida de propaganda consistente en nombrar un “zar anticorrupción” será un completo fracaso en materia de promoción.
Por el bien del gobierno municipal de Guadalajara, Jorge Aristóteles debería jalarle las orejas públicamente a su “zar”, no vaya a ser que ese Rasputín siga con su conducta de chivo en cristalería…