La columna de la semana pasada...
En la mira
México pirata
Pregunté al diputado federal Salvador Caro su opinión sobre las reformas al Código Penal Federal y a la Ley de Propiedad Industrial para establecer la persecución de oficio al delito de piratería, aprobadas por el pleno de la Cámara Baja. Su respuesta fue categórica:
“La piratería es una actividad que deteriora los mercados internos, cancela la posibilidad de inversiones externas de calidad, además de promover malos hábitos de consumo y obstaculiza el estímulo a la creatividad. Combatir la piratería es refrendar los derechos más elementales, como el de propiedad, que permiten el desarrollo de los países, en este caso en sectores concretos…Por otra parte dudo de la capacidad de las autoridades para combatirla”.
La reforma aprobada por los diputados federales fue materia de quejas en las comunidades virtuales, en los medios y en la calle: que ya no se necesite querella de parte para perseguir a los piratas puso de malas a muchos y se invocaron los pretextos más ridículos para pretender una justificación a la compra de películas en la calle por 20 pesos.
Entre los defensores de la compra de piratería se encontraron los diputados petistas: su coordinador Pedro Vázquez afirmó que la reforma sólo busca “criminalizar” la actividad del comercio informal, donde se ocupan millones de mexicanos sin empleo formal para mantener a sus familias. Mario Di Costanzo Armenta y Gerardo Fernández Noroña hicieron una sentida defensa del pueblo bueno que compra piratería, para ellos la reforma tiene la intención de criminalizar la pobreza y defender la economía de “los poderosos”.
Di Costanzo y Fernández Noroña se olvidaron de que los vendedores de piratería no son precisamente pobres. El año pasado, las ganancias de la piratería en México ascendieron a 74.7 mil millones de dólares: los piratas tuvieron más ingresos que los obtenidos por la venta de petróleo (25 mil millones), las remesas (21 mil millones de dólares) y el turismo (11 mil millones de dólares). Ni siquiera la suma de petróleo, remesas y turismo alcanza la cantidad que se embolsaron los piratas.
Lo más grave del asunto es que esos 74 mil millones de dólares en manos de los piratas representan un daño económico de 9% del Producto Interno Bruto. De seguir la tendencia, en 2015 la industria tendrá pérdidas superiores a un billón de pesos.
El asunto es muy grave, el diputado priista Arturo Zamora lo expresó con mucha claridad: “ocho de cada diez personas compraron productos pirata, por lo que 54 por ciento de los bienes que están en el comercio provienen de falsificaciones”. Si más de la mitad de lo que se vende en México es piratería, no sorprenden las legiones de enfurecidos porque se les va a acabar el gusto de comprar, a bajo precio, duplicados ilegales o productos apócrifos.
En el fondo del problema no se encuentra una criminalización de la pobreza y/o una defensa de la economía de los poderosos, como absurdamente alegan Mario Di Costanzo y Gerardo Fernández Noroña, en realidad estamos en presencia de una manifestación más de la cultura de la simulación, de aparentar lo que no se es, de consumir aquello para lo que no se tienen recursos: ¿en qué radica la supuesta necesidad de usar una pluma Mont Blanc o una camisa Gucci, si no se tiene dinero para pagarla? En la frustración y resentimiento, eso es lo que está detrás de la compra y venta de plumas falsificadas, ropa apócrifa, películas piratas o el robo de la señal de TV restringida. Una sociedad digna entendería y aplicaría un principio básico de la economía honrada: si no tienes para pagarlo, no lo uses. La situación se complica porque en México la “transa” se ve como muestra de astucia y se siente listo, muy listo, quien se apropia de la creación ajena sin respetar a sus autores.
Tanto el truhán que presume como propio el trabajo ajeno y quien compra una película pirata se sienten muy inteligentes: se “ahorraron” trabajo o dinero para conseguir algo, pero ese supuesto “ahorro” tiene un efecto bumerán, ya que el ladrón de la obra de otros también es robado en otros aspectos de su vida, con lo que la cadena delincuencial nunca acaba.
A la par de esta reforma antipirata, urge que los diputados federales legislen la obligatoriedad de educar a todas las personas sobre la necesidad de respetar los contenidos ajenos y sólo usarlos con el permiso respectivo, así como establecer que la Comisión Federal de Competencia, la Profeco y la Secretaría de Economía tienen el deber de evitar los precios excesivos que fijan algunos titulares de Propiedad Intelectual. De lo contrario, es muy probable que se siga argumentando desde la ilegalidad que la piratería se da porque la hacen pobres o sin ánimo de lucro, lo que en realidad es una falacia que sustenta la realidad de este México pirata que padecemos.
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