martes, octubre 23, 2012

Receta de transparencia


Especialistas y académicos criticaron la iniciativa de transparencia que formuló el equipo de Enrique Peña Nieto. Entre los análisis que considero más atinados se encuentran los realizados por la doctora Perla Gómez y el formulado por el doctor Ernesto Villanueva, cuya síntesis aparece en la revista Proceso número 1876.

Ernesto Villanueva (en Proceso número 1876) enumera su propuesta de contenido para una mejor reforma que la planteada por el equipo peñista: “a) No generar más pasos burocráticos entre la solicitud de información pública y el acceso a la misma; b) Garantizar independencia real del órgano que resuelve; c) Asegurar especialidad y conocimiento de quienes integren ese órgano; d) Mantener la amigabilidad del derecho de acceso a la información, y e) Mantener el principio de definitividad en sus actuales términos. Es por lo anterior que insisto en que el IFAI debe transformarse en un tribunal especializado (como los tribunales agrarios) que mantenga la bi-instancialidad del recurso de impugnación, para evitar que la transparencia se convierta en una apariencia”. Mi opinión sobre el tema coincide en mucho con la del doctor Villanueva, pero yo sugeriría un salto cualitativo con la siguiente propuesta de contenido:
  1. Reducir la burocracia en el acceso a la información, al transitar del modelo de solicitud al de consulta de información pública: la máxima disminución de burocracia se da cuando no interviene burócrata alguno en el acceso a la información. Si en lugar de pedir información, los ciudadanos la consultan en un portal, se deja a las solicitudes como un medio extraordinario para los casos extraordinarios;
  2. Ley única de transparencia y órgano garante único para todo México: no se justifica que el país tenga 33 órganos garantes con 33 leyes distintas. ¿Por qué acceder a información en Nayarit debe ser distinto a consultarla en el Distrito Federal o Puebla? El derecho a la información es un derecho humano y segmentarlo por el feuderalismo es un absurdo: siempre debió existir una sola ley aplicable a federación, estados y municipios, así como sólo un órgano garante con oficinas en todo el país. Los dos primeros puntos resuelven los problemas de burocracia y permiten mantener el carácter amigable del derecho de acceso a la información;
  3. Si se quiere asegurar la independencia del órgano garante resulta indispensable renovar a todo su pleno: los actuales fueron nombrados por el PAN e incluso varios de ellos eran notoriamente cercanos a ese partido (por citar sólo dos ejemplos: María Marván y el difunto Alonso Lujambio). En segundo término se requiere un servicio civil de carrera más parecido al servicio profesional del IFE y menos semejante al complejo heterogéneo que actualmente existe en el organismo federal, que tiene tanto verdaderos talentos como fraudes que hacen pasar antigüedad por capacidad. Esto también asegura la especialidad y conocimiento en el órgano garante, que recomienda Ernesto Villanueva; y
  4. La definitividad del órgano garante no debe ser una patente de corso: junto al IFAI nacional (órgano único garante, con oficinas en los estados) debe existir un Trifai nacional (Tribunal único de Derecho a la Información del Poder Judicial de la Federación, con salas regionales y una Sala Superior). Los disparates formulados por algunos institutos de transparencia son materia de análisis por las aberraciones jurídicas que implican, además de que a la luz del artículo 16 constitucional no se justifica que un órgano público autónomo no esté sujeto al control de legalidad de sus actos sobre bienes públicos en posesión del Estado, como es la información.

El tema da para un amplio análisis y sería deseable que los diputados y senadores del Congreso de la Unión dejen de mirarse el ombligo y comiencen a escuchar a especialistas como el doctor Villanueva o la doctora Perla Gómez. También sería pertinente que se reconstituyera el Grupo Oaxaca (donde mis amigos Gabriel Ibarra Bourjac y Ernesto Villanueva  estuvieron presentes) y se plantee con extrema urgencia una contrapropuesta a la iniciativa que está por aprobarse en el Poder Legislativo. 

lunes, mayo 28, 2012

Ley única de transparencia



Me tocó compartir presidium con Óscar Guerra Ford, Presidente de InfoDF, el instituto de transparencia del Distrito Federal. Era 2 de diciembre de 2011 y participaba en un panel, organizado por el Itei de Jalisco, sobre los avances, retrocesos y desafíos de los órganos garantes de transparencia en México. De repente, Guerra Ford pide la voz y señala que no entiende de dónde viene la afirmación, hecha por mí y otros panelistas, de que las resoluciones del Itei son definitivas e inatacables. "Yo hice un estudio de todas las leyes del país y en la ley de Jalisco eso no viene", afirmó triunfante. Contesté: "viene en la Constitución de Jalisco", respuesta que secundó Jorge Gutiérrez Reynaga, presidente del Itei. Guerra Ford nos miró y dijo, como si fuera Arquímedes en la tina: "pero no está en la ley". No cabíamos del asombro. Óscar Guerra Ford no sólo era titular del instituto de transparencia local más grande del país, sino que ¡escribía libros sobre análisis comparativo de leyes de transparencia! El señor había "analizado" la ley de Jalisco y no se había molestado en darle una mirada a la Constitución del Estado. Cualquier especialista sabe que las leyes se revisan en relación con la Constitución, que es su norma superior. Guerra Ford no es abogado, lo aclaro por si alguien tenía la duda de que lo fuera, lo que no disculpa su ignorancia, sobre todo si se atreve a escribir libros sobre leyes. Actualmente Guerra Ford sigue a la cabeza de InfoDF, a pesar de que estaba impedido jurídicamente para ser reelecto por tercera ocasión: el artículo 68 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Distrito Federal sólo permite que un presidente sea electo por dos periodos. Quizá es una ley que Guerra Ford tampoco ha leído.

El caso de Óscar Guerra Ford es representativo del perfil y actitudes que se encuentran en los órganos garantes de acceso a la información en México: ignorancia agravada con soberbia, falta de respeto a las leyes amparada en la ausencia de recursos contra sus decisiones, academicismo ausente de práctica y una vocación a utilizar las facultades del instituto contra sus críticos, aún en contra de la ley.

¿Qué pasaría si México tuviera una sola ley de transparencia y un sólo instituto que la aplicara en todo el país, en los tres niveles de gobierno? Resulta muy probable que se haga realidad esta propuesta, que formulamos hace diez años -y que con frecuencia retomamos al tratar el problema del modelo mexicano de transparencia-. Tanto políticos como sociedad civil señalan que el sistema de 32 leyes y órganos garantes que padece el país es ineficiente, ineficaz y definitivamente contrario al principio de igualdad democrática.

Cuando tirios y troyanos coinciden en un tema, hay que poner mayor atención: contar con una ley general de transparencia y acceso a la información fue uno de los acuerdos de la primera Cumbre Ciudadana Para construir un México pacífico y justo del pasado 22 de mayo. En la misma lógica, Enrique Peña Nieto se comprometió a promover "una reforma constitucional para dotar al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos de competencia en asuntos de los estados y municipios". En síntesis, tanto el PRI como los organismos ciudadanos coinciden en que se necesita una sola ley de transparencia y que exista un órgano garante con facultades sobre cualquier entidad pública.

No faltarán los que quieran matizar la reforma para hacerla inútil, por ejemplo, habrá quien sugiera que sobreviva el actual conjunto de leyes y organismos, para que coexistan con la ley general de transparencia y el IFAI nacional. Esa absurda sugerencia responde a los intereses de los burócratas que tienen parcelas de poder local como resultado de la existencia de institutos y leyes estatales. Otorgar al IFAI poderes sobre estados y municipios es consecuencia de la incapacidad de los organismos locales para llegar a acuerdos e impulsar que los congresos de sus estados emitieran legislaciones uniformes, con los mismos contenidos y reglas. La inminente desaparición de leyes e institutos no es más que la penitencia del pecado de la indolencia.

Si bien existe una Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública (Comaip), integrada por órganos garantes de información, su velocidad de respuesta sólo se muestra cuando algún socio se enfrenta al riesgo de que por ley le recorten sus facultades. No representa a los ciudadanos, sino a los grupos de interés que viven de los institutos de transparencia que existen en la República. Seguramente el Comaip se opondrá a la reforma que implica su desaparición, pero resulta poco probable que cuente con el músculo para oponerse al candidato presidencial que encabeza las encuestas y al conjunto de organismos civiles con más legitimidad en México. Oponerse a esta reforma sólo le conviene a quienes se benefician de la Babel normativa y organizacional de la transparencia en México, misma que conduce a la opacidad institucional por la vía del caos.

Un IFAI nacional probablemente funcionaría con Vocalía Ejecutivas o Delegaciones en cada Estado, lo que en la práctica representa un ahorro presupuestal: ya no habría consejos rimbombantes, sino que un sólo técnico estaría al frente de la representación estatal del IFAI. ¿Este cambio institucional implica el desempleo de los múltiples servidores que laboran en los institutos de transparencia locales? No necesariamente, los más talentosos especialistas seguramente serán reclutados por el IFAI y es trabajo de cada gobernador y senador de la República que el IFAI no se convierta en una agencia de colocaciones capitalina que mande legiones de microvirreyes a cada entidad federativa.

La reforma por la transparencia nacional es una muy buena noticia. Ahora sólo hace falta que la ley general de transparencia no se quede en el enfoque anacrónico de montar la facultad de informarse en el derecho de petición, sino que aproveche las tecnologías para lograr que el acceso a la información no dependa de una solicitud a un burócrata. La reforma puede tener ajustes para hacerla más eficiente aún, tema que ya hemos tratado en otros espacios, pero que será materia de una colaboración posterior.

A las actuales leyes de transparencia se les pueden aplicar unos versos de Borges: "el hierro que ha de herirte se ha herrumbado; estás (como nosotros) condenado". 

oscarconstantino@gmail.com
@oconstantinus 

miércoles, mayo 16, 2012

Reforma inútil


Esta es mi columna publicada en Milenio Jalisco este 16 de mayo de 2012.

La criminalización de informantes y periodistas es uno de los factores más criticados de la nueva legislación de información pública del Estado de Jalisco. A pesar de la reforma que el gobernador presentó en el Congreso, la mordaza sigue ahí: ya no castiga penalmente a los periodistas, pero mantiene la cárcel para los informantes (whistleblowers) y somete a los comunicadores a un largo y tortuoso proceso de responsabilidad civil.
La causa de que ésta sea una reforma inútil puede explicarse de forma sencilla y coloquial: si una tubería está tapada desde el aljibe, de nada sirve liberar la llave: al mantener la cárcel para los whistleblowers, se conserva el cerco informativo desde la fuente de las revelaciones. Además, el cambio de sanciones penales a los periodistas por responsabilidad civil es una manzana envenenada, ya que someterá a los comunicadores a procesos largos, gravosos y difíciles.
La iniciativa del gobernador, presentada en el Congreso el pasado 25 de abril, modifica los artículos 106 y 107 de la Ley de Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios (LIP), así como el artículo 298 del Código Penal de Jalisco, pero también agrega un nuevo artículo 111 a la LIP. La reforma propuesta por el gobernador complica el acceso a la información pública, por las siguientes razones:

1. Procedimientos largos, complejos y costosos para determinar la responsabilidad de los comunicadores. La propuesta de artículo 111 de la LIP señala que la difusión o publicación no autorizada de información reservada o confidencial, “será considerada como hecho ilícito, por lo que los que la realicen podrán ser sujetos de responsabilidad civil a instancia de parte agraviada, de conformidad a lo que prevé el Código Civil del Estado de Jalisco".
Esta propuesta del gobernador es inconveniente desde el punto de vista de mejora regulatoria, ya que somete a un procedimiento complicado, de larga duración y oneroso, tanto a quien demanda como a quienes son demandados, lo que inhibe la difusión de irregularidades.

2. La reforma no responsabiliza al gobierno por las revelaciones ilegítimas. Esta iniciativa del Poder Ejecutivo no señala la responsabilidad patrimonial que deberán tener los sujetos obligados por el descuido o negligencia que implica la filtración de datos clasificados con perjuicio a particulares o bienes públicos.

3. Incentiva la corrupción y opacidad. La criminalización del whistleblower, al dar cárcel al empleado del sujeto obligado que difunda irregularidades (que se encuentran clasificadas como información reservada o confidencial), es un incentivo negativo a la revelación de prácticas gubernamentales corruptas.
En otras latitudes jurídicas, los whistleblowers son protegidos por las leyes, como es el caso de la Ley de Protección de Informantes de Estados Unidos, así como la Ley Dodd-Frank aprobada en 2010, que establece la obligación del gobierno de pagar una recompensa a los individuos que reporten sobornos corporativos y otras irregularidades. La sección 922 de la Ley Dodd-Frank, sección 21F, inciso b) fija una recompensa de 10 a 30 por ciento del importe de la multa que la empresa paga al gobierno estadounidense por las malas prácticas corporativas reportadas. Aquí, por el contrario, a los whistleblowers se les imponen multas y cárcel.

4. La reforma sanciona tanto la publicación de irregularidades como las revelaciones ilegítimas. La iniciativa no precisa que sólo debe castigarse la revelación de informaciones que cause daños económicos, difame, calumnie, atente contra la dignidad de la personas o perjudique a la sociedad, sino que incluso castiga la publicación de actos de corrupción.
La reforma es una buena oportunidad para establecer elementos indispensables para garantizar la integridad de informantes y comunicadores, como son:

a) resolver los casos de responsabilidad civil por revelaciones ilegítimas mediante un proceso oral muy breve, concentrado y continuo, ante un tribunal especializado;
b) la fijación de un plazo máximo para resolver el juicio y que, en caso de que transcurra y no haya resolución, se considere absuelto al demandado, bajo responsabilidad del juzgador; y
c) especificar que el gobierno siempre responderá por las filtraciones ilegítimas en los términos de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Jalisco y sus Municipios.

La iniciativa del gobernador sólo lima la punta del iceberg: detrás de la nube de humo, la opacidad y criminalización permanecen ahí.

oscarconstantino@gmail.com
@oconstantinus


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lunes, mayo 14, 2012

Linchamientos "progres"

Difícilmente coincido con Sergio Sarmiento, pero en esta ocasión debo señalar que es incontestable el fondo de su argumento sobre la visita de Enrique Peña Nieto a la Universidad Iberoamericana: si las universidades no dan el ejemplo de un comportamiento civilizado y de un dialogo respetuoso, ¿quién lo hará?
Desafortunadamente, la cortesía, tolerancia y el diálogo respetuoso de frente es algo que no se da entre los jóvenes de la Ibero, así como tampoco es una característica de los estudiantes de la gran mayoría de las instituciones de educación media superior y superior del país. Uno de los malos legados del movimiento de 1968 es el discurso implícito de la impunidad juvenil, que lo mismo alcanza para quemar camiones, que para calumniar, difamar, injuriar, agredir, robar o exigir prebendas y canonjías.
Ahora resulta que invitar a un candidato presidencial para insultarlo es un acto de patriótico orgullo. Lamento disentir, el insulto y el grito sólo demuestra la incapacidad para dialogar, la violencia verbal es tan baja como la conspiración y el ataque traicionero. Quien usa la violencia no es mejor que a quien "ajusticia" con su conducta.
En las redes sociales hubo quien respondió a la reflexión de Sarmiento con que no es un mal comportamiento decirle a Peña Nieto que la Universidad Iberoamericana no lo quiere, "porque es una expresión mayoritaria". Ese alegato no se sostiene, es la típica falacia de mayoría, cuya especie se traduce en que "el pueblo bueno jamás se equivoca... porque es la mayoría". Agregarían algunos que la razón de la infalibilidad popular es que el pueblo es del color de la tierra y es pobre. Sean campesinos furiosos o estudiantes fresas de la Ibero, la fuenteovejuna violenta no es bondadosa, es turba agresora, que lincha y humilla.
Más allá del regocijo que provoca entre los "progres" el incidente en la Ibero, esta agresión fortalece a Enrique Peña Nieto, porque mostró más cordura que la de los supuestos ajusticiadores iberoamericanos. A pesar de tener a la mano el Estado Mayor Presidencial y recursos para repeler estas agresiones, Peña prefirió la vía pacífica. Al tratar de envilecerlo, los "progres" le dieron a Peña Nieto el rostro de un demócrata sacrificado, más tolerante que sus críticos, así como autocontenido en el ejercicio de la reciprocidad: en lugar de pagar violencia con violencia, dio una bofetada con guante blanco. Paradójicamente, quienes lo acusan de represor en el asunto de Atenco, le facilitaron la oportunidad de demostrar que no usa la violencia salvo cuando lo demanda el interés público.
Si las encuestas levantadas después del lunes muestran un aumento en las simpatías electorales por el priista, la moraleja de este asunto será nietzscheana: lo que no mata a Peña, lo fortalece.
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miércoles, mayo 02, 2012

El bosque de nadie


El siniestro que perjudicó ocho mil hectáreas del Bosque La Primavera deja en claro dos cosas: 1) no se dedican los recursos suficientes a la existencia de zonas verdes; y 2) los ciudadanos son preocupados ambientales de ocasión, les inquieta el tema porque es un suceso, pero en unos días lo olvidarán. Una triste realidad, pero lamentablemente cierta.

Resulta sorprendente que La Primavera no sea propiedad pública, sólo en un país donde se sobrerregulan cuestiones irrelevantes y no se norman los asuntos sociales más importantes, puede darse el fenómeno de que el principal pulmón de una metrópoli tenga su existencia sometida a la voluntad de propietarios particulares que no cuentan con incentivos para proteger el bosque.

Hoy todos aplaudimos a los brigadistas que, con gran heroísmo y sacrificio, combatieron los incendios de La Primavera. Pero, en unas semanas, la gente se olvidará de que les deben su sueldo a los brigadistas, que sus condiciones laborales son pésimas y que el Poder Ejecutivo ha dedicado cero pesos a la protección fundamental de La Primavera. La indignación social es de sólo un rato, por ello se queman cada año las zonas verdes de Jalisco.

Esa indolencia colectiva también se traduce en que no se han implementado estrategias para que Guadalajara no dependa exclusivamente de La Primavera para contar con aire puro y zonas verdes. Los tapatíos se han dejado marear con el cuento de las vías recreactivas, en lugar de exigir parques centrales, bosques internos, lagos artificiales metropolitanos con aguas recicladas, jardines-manzana, así como un largo etcétera ambiental, que simplemente no se encuentra presente en la conciencia de la mayoría de los habitantes de la Zona Metropolitana.

Urge que La Primavera sea un bosque público, no en el sentido de que lo público es de nadie, sino que sea propiedad del Estado y por ende sea de todos. ¿Debe cercarse La Primavera? ¿Debe ampliarse un 50 por ciento? ¿Se debe contar con un cinturón verde alrededor de la Zona Metropolitana de Guadalajara que frene, de una vez por todas, el crecimiento de la mancha urbana? ¿Debe modificarse la normatividad de Jalisco para que, de manera efectiva, al centro de cada cuatro manzanas en cada colonia de la ciudad,  haya una manzana de zonas verdes? ¿Se debería exigir que todo nuevo fraccionamiento destine, sin permutas ni subterfugios, 30 por ciento de su extensión de zonas verdes? Las preguntas sobre este tema abarcarían algunas páginas, se dejan éstas a modo de ejemplo.

Reforestar ocho mil hectáreas requiere mucho esfuerzo, si se desea hacerlo con la brevedad necesaria. Ojalá se haga el esfuerzo para que no sólo se reforesten esas ocho mil hectáreas afectadas, sino que se incorporen 24 mil hectáreas adicionales de bosque a esta ciudad: se puede, siempre que realmente se quiera y que la indignación social no quede en anécdota semanal de una ciudad sin memoria...

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miércoles, abril 18, 2012

El artículo 24: en el nombre del Padre

(Esta columna no apareció completa -hace unas semanas- en su versión impresa, por ello se publica íntegra en mi blog)

Llamar traidores a la patria, enemigos de México, descastados, ignorantes o de forma peor a los legisladores que aprobaron la reforma al artículo 24 constitucional, puede parecer un ejercicio estéril si no se revisa la causa y resultado de nuestro –hasta ahora- Estado Laico. Dejo tres evidencias y reflexiones que explican este asunto y, principalmente, demuestran que esta contrarreforma es la actuación del presidente Felipe Calderón en el nombre de su padre, aunque con el apoyo del oportunismo político de algunos priistas que no merecen pertenecer a ese partido.

El grito de Guadalajara y la reflexión de Monsiváis

El General Plutarco Elías Calles pronunció -el 20 de julio de 1934- el siguiente discurso: «La Revolución no ha terminado. Los eternos enemigos la acechan y tratan de hacer nugatorios sus triunfos. Es necesario que entremos al nuevo período de la Revolución, que yo llamo período revolucionario psicológico; debemos apoderarnos de las conciencias de la niñez, de las conciencias de la juventud porque son y deben pertenecer a la Revolución. Es absolutamente necesario sacar al enemigo de esa trinchera donde está la clerecía, donde están los conservadores; me refiero a la educación, me refiero a la escuela. Sería una torpeza muy grave, sería delictuoso para los hombres de la Revolución, que no arrancáramos a la juventud de las garras de la clerecía y de las garras de los conservadores, y desgraciadamente la escuela en muchos Estados de la República y en la misma capital, está dirigida por elementos clericales y reaccionarios. No podemos entregar el porvenir de la Revolución a las manos enemigas. Con toda maña los reaccionarios dicen que el niño pertenece al hogar y el joven a la familia; ésta es una doctrina egoísta, porque el niño y el joven pertenecen a la comunidad, pertenecen a la colectividad, y es la Revolución la que tiene el deber imprescindible de apoderarse de las conciencias, de desterrar los prejuicios y de formar la nueva alma nacional. Por eso yo excito a todos los gobiernos de la Revolución, a todas las autoridades y a todos los elementos revolucionarios a que vayamos al terreno que sea necesario ir, porque la niñez y la juventud deben pertenecer a la Revolución (…)».
Bastaron estas palabras para que el conflicto cristero se volviera a encender. Setenta y tres años después del discurso de Calles, Carlos Monsiváis escribía lo siguiente: «En el enfrentamiento entre el Estado y la derecha, la Iglesia católica y sus representantes disponen de una última fortaleza: la formación de la clase dirigente, que en algo los compensa de la pérdida de la educación pública. De la República Restaurada (1867-1872) a 1910, la derecha insiste en tutelar la educación mientras exige y acepta amplias concesiones del Estado. Por eso, al lanzar Plutarco Elías Calles "el grito de Guadalajara" en 1933, y al negarse a cederle a la reacción "el alma de los niños", reafirma el sentido político del laicismo. En términos modernos, la reivindicación del control educativo del Estado para combatir "el fanatismo", es la garantía de continuidad del sistema político. La persecución religiosa es una falla monumental, la educación laica el mejor de los aciertos. Desde la década de 1940, la derecha insiste en su proyecto de corto y largo plazo: apropiarse de la educación de las élites. Para ello nada más necesita un porcentaje mínimo de la educación primaria y superior, nunca más de 7%. Si se adoctrinan futuros gobernantes y empresarios, se instruye directamente al poder. Dicho sea de paso, en México no tiene sentido hablar de la derecha religiosa porque éste es su adjetivo irreemplazable. No hay tal cosa como una derecha liberal o agnóstica y, por ejemplo, el vínculo interno del empresariado es la confesión de fe tradicionalista, no el comportamiento ético, sino la declaración de bienes ultraterrenos».
El 28 de marzo de 2012, la realidad le concedió la razón a Calles y a Monsiváis. Sin embargo, el interés de la derecha ya no es sólo educar a las élites, sino re adoctrinar a un pueblo que cada día se aleja más de la Iglesia Católica. El número de católicos va a la baja: 89.7% en 1990, 88% en 2000 y 83.9% en 2010, de acuerdo al INEGI. Al parecer la cifra ya llegó a 80 por ciento. El pueblo en México ya no va a los templos a rezar, por ello la Iglesia Católica requiere las herramientas de conversión que son de mayor penetración en este país: la televisión y la educación pública. La doble vía (caja de entretenimiento gratuito y la clientela forzosa) ofrece una mezcla de propaganda con adoctrinamiento obligado que permite a la jerarquía religiosa albergar esperanzas de abatir la tendencia decreciente de feligreses en este país.
Lamentablemente se suele olvidar que el laicismo implica respetar las creencias de todos, sin persecuciones, sin imposiciones, ni excesos, porque el espacio público democrático es de todos y, por ende, todos tiene el deber de mantenerlo neutral.

El origen de la contrarreforma

Luis Calderón Vega, fundador del PAN y padre del actual presidente de México, publicó El 96.47 por ciento de los mexicanos. Ensayo de sociología religiosa. El título de este libro de 1964 alude al número de católicos reportados por los censos de 1960. Cinco décadas después, ese libro podría denominarse El 16.47 por ciento perdido.

El señor Calderón se apoyaba en ese 96.47 por ciento para sostener que «la nación mexicana fue bautizada en la fe católica apostólica y romana que trajeron los primeros franciscanos… precedidos por los conquistadores que, en nombre de Dios Todopoderoso y de sus católicas majestades, tomaron posesión de estas tierras», como recuerda Edgar González Ruiz en un reportaje de la revista Contralínea.

González Ruiz también hace recuento de otras partes sustanciales del legado de papá Calderón para su hijo Felipe de Jesús: «oponerse a la educación laica y en general a la educación pública, estimular la educación privada, y fortalecer a grupos de la ultraderecha como la Unión Nacional de Padres de Familia; Calderón Vega lamentaba que pese a las convocatorias de los obispos, sólo un “porcentaje mínimo de los padres de familia de las escuelas particulares” cooperaban con ese grupo. Según Calderón Vega, los niños católicos mexicanos, a semejanza de lo que ocurría en Estados Unidos, no deberían ir a escuelas públicas, sino asistir a instituciones regenteadas por el clero; también convocaba a los empresarios a no apoyar a instituciones de educación pública, porque las consideraba “demagógicas”, sino apoyar únicamente a instituciones privadas. Además, se oponía abiertamente a la gratuidad de la educación, de la cual decía en su libro: “…el hábito de la gratuidad de la enseñanza en México ha frustrado muchos esfuerzos. La mentalidad pordiosera de muchos hombres de fortuna ha impedido la formación de una conciencia creadora y educadora. No les importa que los altos centros de estudios estén saturados de peligros para la conciencia moral y para la fe de los estudiantes…” (p. 122). En fin, en la obra mencionada, Calderón Vega afirmaba lisa y llanamente que la iglesia católica es “la más alta autoridad del mundo y de la historia” (p. 134). Con esas ideas ha gobernado Calderón, quien ha hecho realidad los sueños de su padre y de otros militantes derechistas, como los de poner al gobierno al servicio de la jerarquía católica, desmantelar la educación pública; además de gobernar contra los pobres en beneficio de los más ricos».

La reforma al artículo 24 constitucional es la última fase de ese proceso de destrucción del Estado Laico, la democracia y la sociedad secular, ya que implica inculcar una religión a través de la educación pública, lo que es una manifestación de la imposición de criterios privados en asuntos públicos y, peor aún, de la dictadura de las mayorías que viola los derechos humanos de las minorías.

En un país donde se necesita más ciencia y tecnología, resulta contraproducente que en la escuela se invoquen dogmas religiosos para explicar el universo, el surgimiento del planeta Tierra o el ser humano. México necesita menos ignorancia y fanatismo, requiere más ciencia y razón.

Lo más lamentable del legado de Calderón es que los priistas consintieron jugar el papel de marionetas promotoras de una reforma que traiciona su propia historia y que será contraproducente para ellos, porque el clero fue, es y será panista… si no, basta con recordar la última sugerencia electoral del cardenal Juan Sandoval, respecto a no votar por guapos o copetes…

e-mail: oscarconstantino@me.com
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sábado, enero 14, 2012

Después del Problema Final

John estaba desconsolado. La caída de su amigo en la Cataratas de Reichenbach era el testamento de un hombre que siempre puso el bien de los demás por encima del propio: Sherlock sacrificó su vida para acabar con Moriarty.

Watson puso en el gramófono un disco de Variaciones de una Cuerda, una de las obras favoritas de su amigo. A un lado se encontraba el Guarnerius de Paganini que Irene Adler le había regalado a Sherlock, pero que el detective asesor jamás alcanzó a ver. Unas lagrimas calientes rodaron por las mejillas de John: en los últimos días de la vida de Sherlock había sido muy duro y desconsiderado con él, ahora se daba cuenta de ello. "Los héroes se valoran hasta que mueren", la frase de Sir Ian MacLance resonaba en su mente y le provocaba un gran sentimiento de culpa. Las preguntas se multiplicaban en la cabeza de Watson: ¿y si lo hubiera apoyado más? ¿Por qué no le disparé a Moriarty cuando lo vi en la Biblioteca de la Universidad de Leeds? ¿Sherlock estaría vivo si hubiera estado más cerca de él en estos meses?

Sin embargo, tenía problemas más inmediatos a su dolor. Mary estaba embarazada y el Coronel Sebastian Moran aún buscaba venganza. A lado del valiente médico siempre estaba su fiel rifle, el mismo que utilizó durante su servicio en el 5º Regimiento de Fusileros de Northumberland. Además, Lestrade le había pedido ayuda con el asunto de los asesinatos de Whitechapel, que al parecer habían acabado dos años antes y que Holmes había analizado: un nuevo homicidio se había cometido hace dos meses, en el mismo lugar y en condiciones semejantes a las de los anteriores crímenes. El perfil que Sherlock preparó seguía en un expediente ultrasecreto de Scotland Yard, por instrucciones del Primer Ministro. Watson sabía que, sin ese documento, debía empezar sus pesquisas desde cero, se lo hizo saber a Lestrade, pero su respuesta fue la misma que antes: no puede entregarse el documento. "Entonces, ¿cómo demonios voy a resolver el asunto, si no tengo acceso a lo que ya se investigó?", reclamó Watson. Lestrade sólo gruñía, discutir con él era como pedirle a un bulldog que soltara la chuleta que traía entre las fauces.

Después de revisar las evidencias que sí eran públicas, además de los diarios, Watson se convenció de que la investigación se encontraba estancada. Tomó la estilográfica Waterman que le había regalado Mary en su cumpleaños y comenzó una atenta carta dirigida a Lestrade, en la que cordialmente lo mandaba al diablo y le informaba que no podía continuar con una investigación en la que no se le proveía de datos policíacos que, para mayor gravedad, tenían archivados por motivos políticos. Cuando terminó el tercer párrafo de su misiva, a sus espaldas escuchó una voz que olía al típico tabaco con vainilla que John ya conocía: "te faltó un punto después de 'estúpidas decisiones políticas' y en el párrafo siguiente te falta una coma después de tu crítica a la posición de Mycroft en el asunto".

Era la voz de Sherlock, quien estaba vestido como un Barón Pruso, con monóculo y patillas hasta el cuello incluidas.

Watson lo miró incrédulo, no sabía si celebrar, tallarse los ojos porque alucinaba o moler a golpes a Holmes por no avisarle que aún estaba vivo. Sherlock no esperó a que reaccionara y le dijo -con la tranquilidad de siempre- que cogiera su sombrero y bastón, ya que había que examinar nuevamente la escena del último crimen en Whitechapel. "Hay mucho que revisar, querido amigo, de tus notas veo que sólo recuperaste los datos irrelevantes", afirmó con afecto el delgado detective.

En ese momento entraron al estudio Lestrade y Mary: Scotland Yard mantendría una guardia de 10 agentes para proteger a la esposa de Watson.

Ahora John sí habló: "¿le avistaste primero a Lestrade que estabas vivo, grandísimo hijo de perra?" Holmes no se inmutó y empezó a caminar hacia la salida de la casa mientras comentaba: "la lógica marca que primero debía conseguir protección para Mary y tu hijo en camino, dejemos los reclamos sensibleros para cuando haya tiempo".

Holmes había deducido el embarazo de Mary por el movimiento de muebles del cuarto anexo al dormitorio de los Watson, el exceso de bolas de estambre que había en el armario y la mirada brillante de Mary. Nada mal para alguien que sólo había dedicado cuatro segundos para inferir esa conclusión.

En la calle esperaba el auto Daimler que Holmes había adquirido en Alemania. "Tenemos que apurarnos, John, el príncipe de Gales ha sido secuestrado y me temo que encontrarlo depende de que hallemos al asesino de Whitechapel", sostuvo Sherlock mientras se calzaba una gorra y unas gafas de conductor.


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