Ley única de transparencia

Me tocó compartir presidium con Óscar Guerra Ford, Presidente de InfoDF, el instituto de transparencia del Distrito Federal. Era 2 de diciembre de 2011 y participaba en un panel, organizado por el Itei de Jalisco, sobre los avances, retrocesos y desafíos de los órganos garantes de transparencia en México. De repente, Guerra Ford pide la voz y señala que no entiende de dónde viene la afirmación, hecha por mí y otros panelistas, de que las resoluciones del Itei son definitivas e inatacables. "Yo hice un estudio de todas las leyes del país y en la ley de Jalisco eso no viene", afirmó triunfante. Contesté: "viene en la Constitución de Jalisco", respuesta que secundó Jorge Gutiérrez Reynaga, presidente del Itei. Guerra Ford nos miró y dijo, como si fuera Arquímedes en la tina: "pero no está en la ley". No cabíamos del asombro. Óscar Guerra Ford no sólo era titular del instituto de transparencia local más grande del país, sino que ¡escribía libros sobre análisis comparativo de leyes de transparencia! El señor había "analizado" la ley de Jalisco y no se había molestado en darle una mirada a la Constitución del Estado. Cualquier especialista sabe que las leyes se revisan en relación con la Constitución, que es su norma superior. Guerra Ford no es abogado, lo aclaro por si alguien tenía la duda de que lo fuera, lo que no disculpa su ignorancia, sobre todo si se atreve a escribir libros sobre leyes. Actualmente Guerra Ford sigue a la cabeza de InfoDF, a pesar de que estaba impedido jurídicamente para ser reelecto por tercera ocasión: el artículo 68 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Distrito Federal sólo permite que un presidente sea electo por dos periodos. Quizá es una ley que Guerra Ford tampoco ha leído.

El caso de Óscar Guerra Ford es representativo del perfil y actitudes que se encuentran en los órganos garantes de acceso a la información en México: ignorancia agravada con soberbia, falta de respeto a las leyes amparada en la ausencia de recursos contra sus decisiones, academicismo ausente de práctica y una vocación a utilizar las facultades del instituto contra sus críticos, aún en contra de la ley.

¿Qué pasaría si México tuviera una sola ley de transparencia y un sólo instituto que la aplicara en todo el país, en los tres niveles de gobierno? Resulta muy probable que se haga realidad esta propuesta, que formulamos hace diez años -y que con frecuencia retomamos al tratar el problema del modelo mexicano de transparencia-. Tanto políticos como sociedad civil señalan que el sistema de 32 leyes y órganos garantes que padece el país es ineficiente, ineficaz y definitivamente contrario al principio de igualdad democrática.

Cuando tirios y troyanos coinciden en un tema, hay que poner mayor atención: contar con una ley general de transparencia y acceso a la información fue uno de los acuerdos de la primera Cumbre Ciudadana “Para construir un México pacífico y justo” del pasado 22 de mayo. En la misma lógica, Enrique Peña Nieto se comprometió a promover "una reforma constitucional para dotar al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos de competencia en asuntos de los estados y municipios". En síntesis, tanto el PRI como los organismos ciudadanos coinciden en que se necesita una sola ley de transparencia y que exista un órgano garante con facultades sobre cualquier entidad pública.

No faltarán los que quieran matizar la reforma para hacerla inútil, por ejemplo, habrá quien sugiera que sobreviva el actual conjunto de leyes y organismos, para que coexistan con la ley general de transparencia y el IFAI nacional. Esa absurda sugerencia responde a los intereses de los burócratas que tienen parcelas de poder local como resultado de la existencia de institutos y leyes estatales. Otorgar al IFAI poderes sobre estados y municipios es consecuencia de la incapacidad de los organismos locales para llegar a acuerdos e impulsar que los congresos de sus estados emitieran legislaciones uniformes, con los mismos contenidos y reglas. La inminente desaparición de leyes e institutos no es más que la penitencia del pecado de la indolencia.

Si bien existe una Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública (Comaip), integrada por órganos garantes de información, su velocidad de respuesta sólo se muestra cuando algún socio se enfrenta al riesgo de que por ley le recorten sus facultades. No representa a los ciudadanos, sino a los grupos de interés que viven de los institutos de transparencia que existen en la República. Seguramente el Comaip se opondrá a la reforma que implica su desaparición, pero resulta poco probable que cuente con el músculo para oponerse al candidato presidencial que encabeza las encuestas y al conjunto de organismos civiles con más legitimidad en México. Oponerse a esta reforma sólo le conviene a quienes se benefician de la Babel normativa y organizacional de la transparencia en México, misma que conduce a la opacidad institucional por la vía del caos.

Un IFAI nacional probablemente funcionaría con Vocalía Ejecutivas o Delegaciones en cada Estado, lo que en la práctica representa un ahorro presupuestal: ya no habría consejos rimbombantes, sino que un sólo técnico estaría al frente de la representación estatal del IFAI. ¿Este cambio institucional implica el desempleo de los múltiples servidores que laboran en los institutos de transparencia locales? No necesariamente, los más talentosos especialistas seguramente serán reclutados por el IFAI y es trabajo de cada gobernador y senador de la República que el IFAI no se convierta en una agencia de colocaciones capitalina que mande legiones de microvirreyes a cada entidad federativa.

La reforma por la transparencia nacional es una muy buena noticia. Ahora sólo hace falta que la ley general de transparencia no se quede en el enfoque anacrónico de montar la facultad de informarse en el derecho de petición, sino que aproveche las tecnologías para lograr que el acceso a la información no dependa de una solicitud a un burócrata. La reforma puede tener ajustes para hacerla más eficiente aún, tema que ya hemos tratado en otros espacios, pero que será materia de una colaboración posterior.

A las actuales leyes de transparencia se les pueden aplicar unos versos de Borges: "el hierro que ha de herirte se ha herrumbado; estás (como nosotros) condenado". 

oscarconstantino@gmail.com

@oconstantinus 

Reforma inútil

Esta es mi columna publicada en Milenio Jalisco este 16 de mayo de 2012.

La criminalización de informantes y periodistas es uno de los factores más criticados de la nueva legislación de información pública del Estado de Jalisco. A pesar de la reforma que el gobernador presentó en el Congreso, la mordaza sigue ahí: ya no castiga penalmente a los periodistas, pero mantiene la cárcel para los informantes (whistleblowers) y somete a los comunicadores a un largo y tortuoso proceso de responsabilidad civil.
La causa de que ésta sea una reforma inútil puede explicarse de forma sencilla y coloquial: si una tubería está tapada desde el aljibe, de nada sirve liberar la llave: al mantener la cárcel para los whistleblowers, se conserva el cerco informativo desde la fuente de las revelaciones. Además, el cambio de sanciones penales a los periodistas por responsabilidad civil es una manzana envenenada, ya que someterá a los comunicadores a procesos largos, gravosos y difíciles.
La iniciativa del gobernador, presentada en el Congreso el pasado 25 de abril, modifica los artículos 106 y 107 de la Ley de Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios (LIP), así como el artículo 298 del Código Penal de Jalisco, pero también agrega un nuevo artículo 111 a la LIP. La reforma propuesta por el gobernador complica el acceso a la información pública, por las siguientes razones:

1. Procedimientos largos, complejos y costosos para determinar la responsabilidad de los comunicadores. La propuesta de artículo 111 de la LIP señala que la difusión o publicación no autorizada de información reservada o confidencial, “será considerada como hecho ilícito, por lo que los que la realicen podrán ser sujetos de responsabilidad civil a instancia de parte agraviada, de conformidad a lo que prevé el Código Civil del Estado de Jalisco".
Esta propuesta del gobernador es inconveniente desde el punto de vista de mejora regulatoria, ya que somete a un procedimiento complicado, de larga duración y oneroso, tanto a quien demanda como a quienes son demandados, lo que inhibe la difusión de irregularidades.

2. La reforma no responsabiliza al gobierno por las revelaciones ilegítimas. Esta iniciativa del Poder Ejecutivo no señala la responsabilidad patrimonial que deberán tener los sujetos obligados por el descuido o negligencia que implica la filtración de datos clasificados con perjuicio a particulares o bienes públicos.

3. Incentiva la corrupción y opacidad. La criminalización del whistleblower, al dar cárcel al empleado del sujeto obligado que difunda irregularidades (que se encuentran clasificadas como información reservada o confidencial), es un incentivo negativo a la revelación de prácticas gubernamentales corruptas.
En otras latitudes jurídicas, los whistleblowers son protegidos por las leyes, como es el caso de la Ley de Protección de Informantes de Estados Unidos, así como la Ley Dodd-Frank aprobada en 2010, que establece la obligación del gobierno de pagar una recompensa a los individuos que reporten sobornos corporativos y otras irregularidades. La sección 922 de la Ley Dodd-Frank, sección 21F, inciso b) fija una recompensa de 10 a 30 por ciento del importe de la multa que la empresa paga al gobierno estadounidense por las malas prácticas corporativas reportadas. Aquí, por el contrario, a los whistleblowers se les imponen multas y cárcel.

4. La reforma sanciona tanto la publicación de irregularidades como las revelaciones ilegítimas. La iniciativa no precisa que sólo debe castigarse la revelación de informaciones que cause daños económicos, difame, calumnie, atente contra la dignidad de la personas o perjudique a la sociedad, sino que incluso castiga la publicación de actos de corrupción.
La reforma es una buena oportunidad para establecer elementos indispensables para garantizar la integridad de informantes y comunicadores, como son:

a) resolver los casos de responsabilidad civil por revelaciones ilegítimas mediante un proceso oral muy breve, concentrado y continuo, ante un tribunal especializado;
b) la fijación de un plazo máximo para resolver el juicio y que, en caso de que transcurra y no haya resolución, se considere absuelto al demandado, bajo responsabilidad del juzgador; y
c) especificar que el gobierno siempre responderá por las filtraciones ilegítimas en los términos de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Jalisco y sus Municipios.

La iniciativa del gobernador sólo lima la punta del iceberg: detrás de la nube de humo, la opacidad y criminalización permanecen ahí.

oscarconstantino@gmail.com
@oconstantinus


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Linchamientos "progres"

Difícilmente coincido con Sergio Sarmiento, pero en esta ocasión debo señalar que es incontestable el fondo de su argumento sobre la visita de Enrique Peña Nieto a la Universidad Iberoamericana: si las universidades no dan el ejemplo de un comportamiento civilizado y de un dialogo respetuoso, ¿quién lo hará?
Desafortunadamente, la cortesía, tolerancia y el diálogo respetuoso de frente es algo que no se da entre los jóvenes de la Ibero, así como tampoco es una característica de los estudiantes de la gran mayoría de las instituciones de educación media superior y superior del país. Uno de los malos legados del movimiento de 1968 es el discurso implícito de la impunidad juvenil, que lo mismo alcanza para quemar camiones, que para calumniar, difamar, injuriar, agredir, robar o exigir prebendas y canonjías.
Ahora resulta que invitar a un candidato presidencial para insultarlo es un acto de patriótico orgullo. Lamento disentir, el insulto y el grito sólo demuestra la incapacidad para dialogar, la violencia verbal es tan baja como la conspiración y el ataque traicionero. Quien usa la violencia no es mejor que a quien "ajusticia" con su conducta.
En las redes sociales hubo quien respondió a la reflexión de Sarmiento con que no es un mal comportamiento decirle a Peña Nieto que la Universidad Iberoamericana no lo quiere, "porque es una expresión mayoritaria". Ese alegato no se sostiene, es la típica falacia de mayoría, cuya especie se traduce en que "el pueblo bueno jamás se equivoca... porque es la mayoría". Agregarían algunos que la razón de la infalibilidad popular es que el pueblo es del color de la tierra y es pobre. Sean campesinos furiosos o estudiantes fresas de la Ibero, la fuenteovejuna violenta no es bondadosa, es turba agresora, que lincha y humilla.
Más allá del regocijo que provoca entre los "progres" el incidente en la Ibero, esta agresión fortalece a Enrique Peña Nieto, porque mostró más cordura que la de los supuestos ajusticiadores iberoamericanos. A pesar de tener a la mano el Estado Mayor Presidencial y recursos para repeler estas agresiones, Peña prefirió la vía pacífica. Al tratar de envilecerlo, los "progres" le dieron a Peña Nieto el rostro de un demócrata sacrificado, más tolerante que sus críticos, así como autocontenido en el ejercicio de la reciprocidad: en lugar de pagar violencia con violencia, dio una bofetada con guante blanco. Paradójicamente, quienes lo acusan de represor en el asunto de Atenco, le facilitaron la oportunidad de demostrar que no usa la violencia salvo cuando lo demanda el interés público.
Si las encuestas levantadas después del lunes muestran un aumento en las simpatías electorales por el priista, la moraleja de este asunto será nietzscheana: lo que no mata a Peña, lo fortalece.
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El bosque de nadie

El siniestro que perjudicó ocho mil hectáreas del Bosque La Primavera deja en claro dos cosas: 1) no se dedican los recursos suficientes a la existencia de zonas verdes; y 2) los ciudadanos son preocupados ambientales de ocasión, les inquieta el tema porque es un suceso, pero en unos días lo olvidarán. Una triste realidad, pero lamentablemente cierta.

Resulta sorprendente que La Primavera no sea propiedad pública, sólo en un país donde se sobrerregulan cuestiones irrelevantes y no se norman los asuntos sociales más importantes, puede darse el fenómeno de que el principal pulmón de una metrópoli tenga su existencia sometida a la voluntad de propietarios particulares que no cuentan con incentivos para proteger el bosque.

Hoy todos aplaudimos a los brigadistas que, con gran heroísmo y sacrificio, combatieron los incendios de La Primavera. Pero, en unas semanas, la gente se olvidará de que les deben su sueldo a los brigadistas, que sus condiciones laborales son pésimas y que el Poder Ejecutivo ha dedicado cero pesos a la protección fundamental de La Primavera. La indignación social es de sólo un rato, por ello se queman cada año las zonas verdes de Jalisco.

Esa indolencia colectiva también se traduce en que no se han implementado estrategias para que Guadalajara no dependa exclusivamente de La Primavera para contar con aire puro y zonas verdes. Los tapatíos se han dejado marear con el cuento de las vías recreactivas, en lugar de exigir parques centrales, bosques internos, lagos artificiales metropolitanos con aguas recicladas, jardines-manzana, así como un largo etcétera ambiental, que simplemente no se encuentra presente en la conciencia de la mayoría de los habitantes de la Zona Metropolitana.

Urge que La Primavera sea un bosque público, no en el sentido de que lo público es de nadie, sino que sea propiedad del Estado y por ende sea de todos. ¿Debe cercarse La Primavera? ¿Debe ampliarse un 50 por ciento? ¿Se debe contar con un cinturón verde alrededor de la Zona Metropolitana de Guadalajara que frene, de una vez por todas, el crecimiento de la mancha urbana? ¿Debe modificarse la normatividad de Jalisco para que, de manera efectiva, al centro de cada cuatro manzanas en cada colonia de la ciudad,  haya una manzana de zonas verdes? ¿Se debería exigir que todo nuevo fraccionamiento destine, sin permutas ni subterfugios, 30 por ciento de su extensión de zonas verdes? Las preguntas sobre este tema abarcarían algunas páginas, se dejan éstas a modo de ejemplo.

Reforestar ocho mil hectáreas requiere mucho esfuerzo, si se desea hacerlo con la brevedad necesaria. Ojalá se haga el esfuerzo para que no sólo se reforesten esas ocho mil hectáreas afectadas, sino que se incorporen 24 mil hectáreas adicionales de bosque a esta ciudad: se puede, siempre que realmente se quiera y que la indignación social no quede en anécdota semanal de una ciudad sin memoria...

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