Especialistas
y académicos criticaron la iniciativa de transparencia que formuló el equipo de
Enrique Peña Nieto. Entre los análisis que considero más atinados se encuentran
los realizados por la doctora Perla Gómez y el formulado por el doctor Ernesto
Villanueva, cuya síntesis aparece en la revista Proceso número 1876.
Ernesto
Villanueva (en Proceso número 1876) enumera
su propuesta de contenido para una mejor reforma que la planteada por el equipo
peñista: “a) No generar más pasos burocráticos entre la solicitud de
información pública y el acceso a la misma; b) Garantizar independencia real
del órgano que resuelve; c) Asegurar especialidad y conocimiento de quienes
integren ese órgano; d) Mantener la amigabilidad del derecho de acceso a la
información, y e) Mantener el principio de definitividad en sus actuales
términos. Es por lo anterior que insisto en que el IFAI debe transformarse en
un tribunal especializado (como los tribunales agrarios) que mantenga la
bi-instancialidad del recurso de impugnación, para evitar que la transparencia
se convierta en una apariencia”. Mi opinión sobre el tema coincide en mucho con
la del doctor Villanueva, pero yo sugeriría un salto cualitativo con la
siguiente propuesta de contenido:
- Reducir la burocracia en el acceso a la información, al transitar del modelo de solicitud al de consulta de información pública: la máxima disminución de burocracia se da cuando no interviene burócrata alguno en el acceso a la información. Si en lugar de pedir información, los ciudadanos la consultan en un portal, se deja a las solicitudes como un medio extraordinario para los casos extraordinarios;
- Ley única de transparencia y órgano garante único para todo México: no se justifica que el país tenga 33 órganos garantes con 33 leyes distintas. ¿Por qué acceder a información en Nayarit debe ser distinto a consultarla en el Distrito Federal o Puebla? El derecho a la información es un derecho humano y segmentarlo por el feuderalismo es un absurdo: siempre debió existir una sola ley aplicable a federación, estados y municipios, así como sólo un órgano garante con oficinas en todo el país. Los dos primeros puntos resuelven los problemas de burocracia y permiten mantener el carácter amigable del derecho de acceso a la información;
- Si se quiere asegurar la independencia del órgano garante resulta indispensable renovar a todo su pleno: los actuales fueron nombrados por el PAN e incluso varios de ellos eran notoriamente cercanos a ese partido (por citar sólo dos ejemplos: María Marván y el difunto Alonso Lujambio). En segundo término se requiere un servicio civil de carrera más parecido al servicio profesional del IFE y menos semejante al complejo heterogéneo que actualmente existe en el organismo federal, que tiene tanto verdaderos talentos como fraudes que hacen pasar antigüedad por capacidad. Esto también asegura la especialidad y conocimiento en el órgano garante, que recomienda Ernesto Villanueva; y
- La definitividad del órgano garante no debe ser una patente de corso: junto al IFAI nacional (órgano único garante, con oficinas en los estados) debe existir un Trifai nacional (Tribunal único de Derecho a la Información del Poder Judicial de la Federación, con salas regionales y una Sala Superior). Los disparates formulados por algunos institutos de transparencia son materia de análisis por las aberraciones jurídicas que implican, además de que a la luz del artículo 16 constitucional no se justifica que un órgano público autónomo no esté sujeto al control de legalidad de sus actos sobre bienes públicos en posesión del Estado, como es la información.
El
tema da para un amplio análisis y sería deseable que los diputados y senadores
del Congreso de la Unión dejen de mirarse el ombligo y comiencen a escuchar a
especialistas como el doctor Villanueva o la doctora Perla Gómez. También sería
pertinente que se reconstituyera el Grupo Oaxaca (donde mis amigos Gabriel
Ibarra Bourjac y Ernesto Villanueva
estuvieron presentes) y se plantee con extrema urgencia una contrapropuesta
a la iniciativa que está por aprobarse en el Poder Legislativo.
