Óscar Constantino Gutiérrez

El falso dilema: Opacidad o absolutismo transparentoide

Los medios reportaron que Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) ganó 69 amparos de lo 86 que el Poder Judicial Federal concluyó durante 2005. Estos datos, más que afirmar categóricamente un triunfo de la transparencia, deben motivar un análisis serio de cómo se ha inclinado la balanza judicial hacia la inexorabilidad de las decisiones del Instituto encabezado por María Marván Laborde.

Los afectados por las resoluciones del IFAI incluyen al sector público y privado. En 2005, 33 amparos fueron promovidos por particulares, la misma cantidad fue interpuesta por empresas y bancos, mientras 11 fueron solicitados por servidores públicos y sólo 9 por dependencias federales. Los 17 amparos donde perdió el IFAI tuvieron como quejosos en 15 ocasiones a particulares y dos veces a empresas, los funcionarios y autoridades perdieron los 20 juicios de garantías que iniciaron. En pocas palabras, el gobierno siempre perdió contra el IFAI, lo cual no sería necesariamente malo si no fuera porque, durante 2005, el Poder Judicial Federal desechó todos los amparos incoados con la alegación de que el cumplimiento de las resoluciones del IFAI causaría afectación patrimonial a sus intereses (incluso sentó criterios al respecto de la procedencia de esos juicios). Si consideramos que el artículo 9 de la Ley de Amparo dispone que las personas morales oficiales podrán demandar amparo cuando el acto o la ley que se reclame afecte sus intereses patrimoniales, queda claro que la actitud de los tribunales ha hecho virtualmente imposible el amparo contra las resoluciones del IFAI.

La estadística elaborada por el IFAI señala que, además de la promoción directa de amparos por posible afectación de los intereses patrimoniales de dependencias y entidades públicas, el gobierno federal ha usado otras dos estrategias: 1) interponer amparos indirectamente, es decir, por medio de los funcionarios; y 2) demandar el juicio de garantías a través de empresas, bancos, y otras personas morales. Afirmar que el gobierno se vale de particulares para promover amparos es una aseveración muy delicada, sin embargo lo más grave del asunto es asumir que los tribunales hayan asumido que la revisión de la legalidad es un asunto que se debe quedar en la esfera administrativa cuando el probable afectado es una entidad pública, ya que esa posición judicial lesiona el Estado de Derecho.

Más allá de la posibilidad de que un buen amparista pueda demostrar que las resoluciones del IFAI causan daño patrimonial y afectación de los intereses del gobierno federal, el que en la práctica se otorgue a un órgano administrativo el carácter de última instancia decisoria es peligroso para que no haya abusos de poder. Va un pequeño ejemplo de por qué sí debe proceder el amparo en materia de leyes de información, sin importar quién es el quejoso:

La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG) dispone la fracción II de su artículo 3 que son datos personales, entre otros, el domicilio, número telefónico, patrimonio, ideología y opiniones políticas, creencias o convicciones religiosas o filosóficas, los estados de salud físicos o mentales, las preferencias sexuales, u otras análogas que afecten su intimidad. Por mandato de la fracción II del artículo 18 de esa norma, se considera información confidencial a los datos personales que requieran el consentimiento de los individuos para su difusión, distribución o comercialización en los términos de la LFTAIPG.

A pesar de que la fracción III del artículo 4 de la Ley señala que uno de sus objetivos es garantizar la protección de los datos personales en posesión de los sujetos obligados y de que la fracción VI del artículo 20 dispone que los sujetos obligados serán responsables de los datos personales y que deberán adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los datos personales y eviten su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado, existe la posibilidad de que un peticionario pida información que involucre datos personales de un tercero, que el sujeto obligado se los niegue, y el IFAI le otorgue acceso al resolver un recurso de revisión, aunque ello vulnere la regla establecida en el artículo 24 de la LFTAIPG que ordena que sólo los interesados o sus representantes podrán solicitar a una unidad de enlace o su equivalente, previa acreditación, que les proporcione los datos personales que obren en un sistema de datos personales.

Si el tercero, de quien se piden sus datos, no se encuentra localizable o no se entera de que alguien pidió sus datos, el sujeto obligado en principio no podría promover un amparo para evitar que Juan Cuerdas se entere de las preferencias sexuales de ese tercero, de su domicilio, enfermedades o ideología. Que toda autoridad actúe con legalidad es lo más importante en una sociedad democrática, por lo que más que satisfacción, los 20 amparos perdidos por el gobierno federal en materia de acceso a la información pública deberían provocarnos preocupación, por no decir terror. Resulta una pena que nuestros tribunales federales hayan optado por el absolutismo transparentoide, que como remedio a la opacidad es semejante a darle cianuro a un enfermo: En ambos casos se destruye más de lo que se protege.

oscarconstantino@gmail.com

Óscar Constantino Gutiérrez

¿Libertad de expresión o derecho a la estupidez?

Los hechos: Un nota periodística reportó (este 15 de diciembre) un intento de abuso sexual a un menor y revela los nombres de los involucrados, entre ellos la víctima. La paradoja: El diario local que ventiló esos hechos está obsesionado con hacer noticia mediante las leyes de transparencia, mientras no respeta los más esenciales derechos de las personas (adivinó: Es el diario de las cúpulas y murales). La pregunta: Ante tanta irresponsabilidad mediática ¿Cómo se atreven algunos transparentistas a insistir en la eliminación de los delitos de difamación y calumnias? La respuesta: Se animan porque tienen muy poca vergüenza.

En mis clases de doctorado, Doña María Luisa Silva Castaño (quien además de ser profesora de la Universidad San Pablo CEU de Madrid es una notable magistrada penal) insistía en la necesidad de criminalizar las nuevas formas de ilicitud (como los delitos societarios) y parecía que iba a contracorriente de los “humanistas” que buscan suprimir figuras delictivas. Casos como el previamente descrito demuestran que en materia de abusos de prensa urge sancionar con mayor efectividad a quienes usan las libertades constitucionales para ofender la dignidad humana, para hacer negocio con la desgracia ajena.

Algunos transparentistas dicen “en México se deben eliminar los delitos de difamación y calumnias, y sustituirse por figuras de responsabilidad en el ámbito civil, sin que ello implique largos juicios y sumas millonarias en donde todo mundo podría perder”. Vaya, las sumas millonarias sólo hacen perder a aquellos que abusan del poder mediático y afortunadamente el Código Civil de Jalisco permite ese tipo de procedimientos. Los transparentistas elucubran: “Habría que imaginar un proceso sumarísimo civil en el que el objeto no sea tanto castigar al medio y/o al periodista, sino resarcir los derechos al honor, la vida privada y la imagen lesionadas”. ¿Y por qué es mejor que los periodistas o medios no sean castigados? ¿Están por encima de la ley? ¿Son de sustancia distinta al resto de los mortales, que sí son castigados cuando comenten faltas?

Pero lo más divertido del discurso transparentista es su afán de tirar netas: “Lo importante es que sin castigos se logre esa armonía entre los derechos fundamentales en juego y haya una justa dimensión entre libertad y responsabilidad”. ¿Por qué el equilibrio sin castigo es “lo importante”? ¿Los castigos son “importantes” sólo si el sancionado no es miembro de un medio informativo? Lo bueno es que se busca acabar con los privilegios en este país…

Pensar que “para bien de México se deben disminuir o suprimir las penas para delitos de difamación y calumnias”, porque “se basan en prácticas autoritarias que inhiben el trabajo periodístico”, es alegar la existencia del derecho constitucional a la estupidez irresponsable, es pensar que ofender a la gente es un “daño colateral tolerable” en la búsqueda de la información: Tanta tontería es inadmisible.

La vida de un niño quedó marcada por la irresponsabilidad, torpeza e inmoralidad de un diario que asume que sólo le rinde cuentas a Dios y a sus dueños. Yo invito a que los padres del menor involucrado demanden y denuncien a ese medio: La asesoría se las da un servidor, si es que se animan a poner un límite a esos excesos, cometidos por aquellos que no respetan ni siquiera la dignidad de un menor de edad.

oscarconstantino@gmail.com

Óscar Constantino Gutiérrez

Una pequeña lección de Derecho Civil

Es una verdad ampliamente conocida que aquel que sabe Derecho Civil es un buen abogado. Sin embargo, en éstas épocas de transparentismo (que es como el espiritismo, Javier Hurtado dixit) parece que aquellos dedicados a otras ramas jurídicas olvidan reglas básicas del sistema. Como el espacio es pequeño, sólo pondré algunos ejemplos de los daños que causa esa ignorancia.

El actual Código Civil de Jalisco, obra jurídica de muy mala factura (tanto que mi maestro Don Ernesto Gutiérrez y González propuso una quema pública del mamotreto en frente del Palacio de Gobierno) tiene entre sus muy pocos aciertos la consignación de los derechos de la personalidad. La ley da una definición muy densa de derechos de la personalidad, basta con decir que son las prerrogativas que tutelan la dignidad de la persona en el ámbito civil. El Código señala que los derechos de personalidad, por su origen, naturaleza y fin, no tienen más limitación que los derechos de terceros, la moral y las buenas costumbres. Por tanto, deben ser respetados por las autoridades y particulares. Estos derechos tienen muchas características, pero las que más importan, para efectos de esta columna, son las que los definen como esenciales, porque garantizan el desarrollo individual y social, así como la existencia digna y reconocida del ser humano; innatos, ya que su existencia no requiere de reconocimiento jurídico alguno; absolutos, porque no es admisible bajo ningún concepto su disminución ni su confrontación y valen frente a todas las personas; imprescriptibles, porque no se pierden por el transcurso del tiempo; e irrenunciables, porque ni siquiera la voluntad de su titular basta para privar su eficacia.

En específico, los derechos de la personalidad tutelan la vida; integridad física y psíquica; afectos, sentimientos y creencias; honor o reputación, y en su caso, el título profesional, arte, oficio u ocupación que se haya alcanzado. El Código Civil prohíbe que sean objeto de demostración o manifestación que cause deshonra, desprecio y ofensa que le conlleve descrédito. También se protegen el nombre y, en su caso, el seudónimo; la presencia física; secreto epistolar, telefónico, profesional, de comunicación teleimpresa y el secreto testamentario; así como la vida privada y familiar.

La ley civil también señala que las cartas particulares no pueden ser publicadas sin consentimiento de ambos corresponsales o de sus herederos; a excepción del caso en que la publicación sea necesaria para la prueba o defensa de algún derecho o cuando lo exijan el interés público o el adelanto de las ciencias. La norma consigna que no pueden revelarse los secretos de una persona sin su consentimiento, a menos que la divulgación haya de realizarse por un interés legítimo de quien la haga o en cumplimiento de un deber legal. La ley determinará quiénes tienen el deber de revelar un secreto.

Para dar eficacia a estos derechos, los artículos 34 y 35 del Código Civil de Jalisco determinan que la violación de los derechos de personalidad bien sea porque produzcan daño moral, daño económico, o ambos, es fuente de obligaciones en los términos de ese código; así como que esa responsabilidad civil no exime al autor o responsable de cualquier otra sanción que le imponga la ley.

Si hasta este momento Usted no se ha dormido de aburrimiento con esta exposición, se habrá percatado de que he marcado con negritas algunas partes de lo que expone el Código Civil de Jalisco, porque motivan algunas preguntas sobre el actuar de los medios en este país: ¿No fue una revista nacional la que publicó una carta de amor de la amante de Carlos Ahumada, que evidentemente viola el secreto epistolar? Se supone que las cartas particulares no pueden ser publicadas sin consentimiento de ambos corresponsales, que no pueden revelarse los secretos de una persona sin su consentimiento, ¿o es que la vida íntima de una mujer política –cuyo amasiato ya se conocía- es relevante para el interés público? ¿Respetaron las autoridades y particulares estos derechos, que valen frente a todas las personas y cuya disminución o confrontación es inadmisible, bajo cualquier concepto?

¿Y que hacemos con los ignorantes con patente para difamar? Desde los que con infinita torpeza escriben en primera plana “el funcionario se equivocó al invocar la ley” (cuando en realidad el redactor está invocando una norma que no entrará en vigor ¡hasta 6 meses después!) hasta los mitoteros dolosos o culposos –es decir, malditos o tontos- que hablan de la reputación del prójimo, haciendo manifestación pública que causa deshonra, desprecio u ofensa y que conlleva descrédito (por ejemplo, el típico chistosito que en reuniones, fiestas y posadas, se la pasa difundiendo rumores sobre otras personas. La situación es más grave cuando el “pachito” es licenciado en Derecho. ¿Cómo justifica alguien, que se supone estudió la ley, la revelación de secretos profesionales, vida privada, familiar o que simplemente le da por esparcir historias de personas ausentes frente a extraños que no los conocen?

Sin embargo, la pregunta más importante de todas es la siguiente: ¿Por la violación de estos derechos de personalidad, alguien demandó la indemnización por los daños morales y económicos causados? ¿Alguien acudió a las demás vías de sanción, administrativas y penales? La mayoría se queda callado, ya es hora de que alguien ponga un alto a tanto abuso contra la dignidad de las personas: Ser tonto o ignorante no es excusa de quienes no respetan los derechos de la personalidad.

oscarconstantino@gmail.com

Óscar Constantino Gutiérrez

La ley a su modo

Decía Loewenstein que la democracia se basa en el control del poder. Ésta regla, aparentemente sencilla, resulta muy difícil de aplicar: Los excesos mediáticos son prueba evidente de ello.

Antes de que los vocingleros de la estultocracia se rasguen las vestiduras y empiecen a acusarme de promover la “ley mordaza”, quiero dar algunos ejemplos de que personas de distintas ocupaciones, en muchas partes el mundo, se quejan de los abusos mediáticos y reciben las mismas respuestas cínicas:

1. En los países escandinavos. La demanda: El año pasado, el rey Carlos Gustavo de Suecia exigió judicialmente una indemnización de aproximadamente 3.9 millones de euros al imperio mediático alemán Klambt por "años de mentiras" sobre la persona del rey, de la reina Silvia y de sus hijos la princesa heredera Victoria, su hermana Magdalena y el príncipe Carlos Felipe. Los medios mencionaron que el abogado del monarca, Mathias Prinz, recopiló 1,558 mentiras que se publicaron en diversas revistas del grupo, en los últimos cinco años. El comentario cínico: El jefe de la editora Klambt, Rudiger Dienst, declaró en ese entonces que el pago de la cantidad demandada significaría "la quiebra de la empresa y la pérdida del empleo de 300 trabajadores". No faltó el comentarista de Internet que dijera “Como se ve, un dilema más para la justicia que deberá dictar sentencia sobre el caso.” El cuestionamiento: ¿Dónde diablos está “el dilema de la justicia” cuando se castiga a quien gana dinero por levantar falsos?

2. Listas negras en Nicaragua. La demanda: El 20 mayo de 2005, el diario La Prensa reportó que diputados y magistrados liberales se reunieron y acordaron demandar a ese periódico hasta por un monto de 89 millones de córdobas, por haber publicado una lista negra de 89 personas entre diputados, magistrados y dirigentes de los dos partidos políticos más fuertes en Nicaragua. La correspondiente indemnización sería de un millón de córdobas para cada uno de los afectados. Todavía el día anterior a la publicación se ultimaban detalles sobre las instancias judiciales en la que se introduciría la demanda. El comentario cínico: Los demandan por publicar listas negras de políticos, como si eso fuera malo. El cuestionamiento: Si la lista fuera en verdad negra, ¿los exhibidos habrían tramitado la demanda?

3. Desde Mónaco, con amor. La demanda: El diario español La Vanguardia reportó hace unos meses que los abogados del príncipe Alberto II de Mónaco emprenderían acciones legales contra los medios de comunicación que hicieron eco de las afirmaciones de una ex azafata de Togo llamada Nicole Costa respecto a la paternidad de su hijo Alexander, de 20 meses, asertos que implicaban al jerarca monegasco. El comentario cínico: Si tiene relaciones con azafatas, ¿pues de qué se queja? Es una figura pública, su vida por tanto es pública. El cuestionamiento: ¿La vida sexual de alguien es asunto público, cuando no atenta contra la libertad o indemnidad sexual de los demás?

4. Promoción económica tica. La demanda: El diario Extra de Costa Rica reportó el 7 de agosto de este año que el inversionista canadiense Francesco Pecora, involucrado con la Asociación de Desarrollo Integral de Paquera (ADIP) en un proyecto de aquel país latinoamericano, demandó a ese medio y al periodista Adolfo Ruiz debido a su inconformidad por las noticias publicadas durante el mes de enero y febrero. El querellante alegó perjuicio y la elaboración de una campaña en su contra por parte del comunicador mediante una serie de publicaciones que a su criterio son injuriosas, difamatorias y calumniosas. El comentario cínico: William Gómez, director del diario Extra dijo que "lamentablemente, cualquier persona en este país, aunque no tenga estatus migratorio demanda a la prensa valiéndose de leyes contra la libertad de expresión que existe en el país. De no reformarse esas leyes creo que tendremos que acudir a otras vías para defender el derecho de todos los costarricenses a ser informados de actos que pueden ser potencialmente dolosos". Los cuestionamientos: ¿Así que “atentan contra la libertad de expresión” las leyes que permiten demandar por injurias, difamaciones y calumnias? ¿Por qué una persona “sin estatus migratorio” debería carecer del derecho de demandar a la prensa? ¿Sus derechos humanos valen menos? ¿Cuáles son las “otras vías para defender el derecho a ser informados de actos que pueden ser potencialmente dolosos”? ¿Eso no es un amago de violencia? ¿Cuando la pluma no puede (o la castigan por excederse), hay que sacar el fusil? Vaya, cuanta civilidad mediática.

5. México no se queda atrás. Grupo Reforma anunció el pasado 18 de noviembre que el IFAI ordenó a la Secretaría de Economía que entregara un listado que identifica a las 16 mil 349 empresas que han traído Inversión Extranjera Directa a México en lo que va del sexenio del Presidente Vicente Fox. El diario ofrecía la lista completa para su consulta, a través de Internet. Obviamente falta la demanda, pero el cinismo está en toda la nota. Los cuestionamientos: ¿Por qué es un asunto de transparencia que se sepan los nombres de inversionistas privados y lo que hacen con dinero que no es público? ¿Acaso no es irresponsable revelar esos datos, que pueden tentar a más de un secuestrador? ¿Acaso Grupo Reforma va a pagar todos los daños y perjuicios causados (y que puede causar) su imprudencia? ¿Qué hacemos en un país donde algunos medios hacen la ley a su modo, es decir, exigen el cumplimiento exacto de las leyes de transparencia, pero la Ley de Imprenta no la respetan? Sencillo: Empezar a interponer demandas…

oscarconstantino@gmail.com

Óscar Constantino Gutiérrez
Justicia oral

Algunos se equivocan por temor a equivocarse.

Gotthold Ephraim Lessing.

México es un país de absurdos, donde se pierde el tiempo al discutir tonterías y los asuntos importantes apenas se tocan. Ese es el caso de la oralidad en los juicios, un tema que se trata con superficialidad y poca información.

Por uno de esos misterios que no podría resolver ni Holmes y Poirot juntos, existe un impulso decidido a que la justicia penal se apoye en el procedimiento oral. En la discusión del punto hay desde los detractores fúricos que ven en la oralidad “una invasión yanqui” (por favor, aguántense la risa) hasta los que la ven como la solución a todos los problemas de un sistema penal corrompido e incompetente. No me voy a detener en el tema específico del proceso penal, mi cuestionamiento va dirigido a por qué no se piensa en la oralidad para el resto de los procesos en este país.

La justicia civil, mercantil y familiar de este país es de una lentitud espantosa, de decisión arbitraria y plagada de recovecos. La oralidad y compresión procesal daría luz a un modelo judicial que actualmente es oscuro y arcaico. Sin embargo, los anglófobos se asustan, porque creen que en cuanto se implante la oralidad aparecerán los jurados estilo estadounidense, el Derecho de Casos y otras cosas con las que sus mamacitas los espantaban de chiquitos.

Obviamente que no es así, la oralidad estaba en el Derecho Romano (base de nuestro sistema jurídico) y evidentemente exige una capacidad y decoro profesional más elevados que los actuales. Sin embargo, si se quiere regresar la dignidad a la abogacía postulante -al ser litigante- la oralidad es el camino.

Los frenos y vetos buscan ahogar a la iniciativa de la oralidad, la mayoría están impulsados por el desconocimiento o el afán de fastidiar las propuestas del adversario político: Esa conducta es de una enorme vileza. Al país le urge tener Estado de Derecho, vivimos en una nación donde demandar el respeto de los derechos es visto como una ofensa o irreverencia. Peor aún, se castiga o veta a quien hace valer sus derechos. Quizá la oralidad no resuelva todos estos problemas, pero al menos transparenta las decisiones judicial, saca del riesgo del soborno cotidiano a quienes aplican la ley, desalienta los “impulsos procesales” aceitados con dinero, obliga a que los abogados se preparen más, reaccionen mejor y más rápidamente. Son demasiadas bondades para los costos que entraña la implementación de la oralidad en Jalisco.

En estos momentos en que se cocina una reforma al Código de Procedimientos Civiles de Jalisco, sería muy conveniente establecer la oralidad del proceso civil, como también sería muy deseable en los juicios administrativos. Al Lic. Francisco Hidalgo y Costilla, que encabeza los esfuerzos para esa reforma legal, hay que apoyarle en esa tarea tan noble y elevada: Humildemente ofrezco lo que mi escaso conocimiento –que de antemano sé que exiguamente auxiliaría a tan distinguido jurista- pudiera aportar para instituir la oralidad en los juicios civiles y administrativos de Jalisco.

oscarconstantino@gmail.com

Óscar Constantino Gutiérrez

¿Se habían tardado?

No hay nada más raro en el mundo que una persona a la que siempre podamos tolerar.

Giacomo Leopardi

No soporto a los enanos que secuestran el nombre de la sociedad civil para hacer estimaciones cívicas, mucho menos aguanto a las columnistas oligofrénicas que escriben tonterías ensoberbecidas, tampoco acepto a los tiangueros, ambulantes e informales. Sin embargo, los tolero, vocablo que implica respetar y permitir aquello con lo que no estoy de acuerdo. Por eso me enferma que Eduardo Orendain Giovannini, a nombre del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco (CCIJ), diga que están a favor de que se impidan las manifestaciones públicas, “que es una medida que se habían tardado en tomar” y que se debe respaldar ¡para que se respete el Estado de Derecho!

La perla proferida por el empresario de seguro hizo que el Maestro Burgoa se estremeciera en su tumba: “No me puedo manifestar y bloquear una calle, porque eso no es constitucional; estoy a favor de retirar los plantones, qué bueno que se respete el primer cuadro”. Vaya, ¿desde cuándo los líderes empresariales son juristas? Si centenares o miles de personas salen a la calle para protestar contra los secuestros, el hecho es calificado como cívico, digno, de gran valor, aunque se bloquee la circulación. Pero si unos pobres tipos hacen un plantón por cualquier causa, ya no hay dignidad, valor cívico o heroísmo: Son unos delincuentes, según el “constitucionalista” Alfonso Gutiérrez Santillán, secretario de Seguridad Pública de Jalisco.

El ilustre funcionario también manifestó una reflexión que habría dejado pasmado a Rudolf Von Ihering: “La ley es muy clara, no hay para qué interpretarla. Tenemos todo el derecho de manifestarnos siempre y cuando no afectemos a terceros”. ¿Así que la ley es clara? Peor aún, ¿no necesita interpretación? El remate de sus sesuda reflexión fue la respuesta que dio a la pregunta sobre si los plantones violaban los derechos de terceros: “Eso que lo diga la ciudadanía”. Sería bueno saber cuáles ciudadanos son los ungidos para definir tales conceptos, porque es obvio que no se les puede consultar a todos. En la lógica santillanesca, Derecho es lo que digan los ciudadanos, lo bueno es que según él la ley no necesita interpretaciones. ¿Qué será, entonces, lo que los ciudadanos hagan al señalar cuándo sí y cuándo no se violan derechos de terceros? ¿Eso no es interpretar?

Aunque parezca que el secretario de (in) Seguridad cree que las opiniones ciudadanas son jícamas y no interpretaciones, lo cierto es que la tolerancia (esa misma que celebró su día internacional, el 16 de noviembre pasado) parte del supuesto de que las personas piensan distinto, interpretan de distinta forma, viven de distinta manera y que por ello necesitamos construir consensos, en lugar de esperar que llegue un distinguido empresario y pontifique sobre lo que debe hacer el gobierno de todos los jaliscienses.

Lo cierto es que aquellos que ahora dicen “ya era hora”, “se habían tardado”, “mano dura”, son los mismos que lloran y se quejan cuando sus seres queridos son reprimidos por la policía. Seguramente porque ellos son “gente decente” (cosa que cualquier conocedor sabe que se identifica por la ropa que usan las personas) y esto debería entenderlo quien se desempeñe como agente del orden. Éstas distinguidas personas piden rabiosamente la fuerza del Estado contra quien se manifiesta en el primer cuadro, pero aplauden desaforadamente que cada domingo se cierren avenidas para que sus niños puedan circular en bicicleta. Eso se llama incongruencia o doble moral.

La solución no es desalojar manifestantes o quitar el parque lineal que hace las delicias de muchos, lo que se debe hacer es tolerar al prójimo, que aunque sea enano loco, escribana tonta, pontífice empresarial, policía represor, manifestante ardido o -como yo- columnista amargado, tiene el sagrado derecho de vivir y que le dejen hacer lo que le viene en gana mientras su conducta sea razonable; y resulta obvio que hacer un plantón entra dentro de lo razonable, aunque no nos guste a muchos.

oscarconstantino@gmail.com

¿Autocontrol?

Con el poder mantenemos una relación ambigua: sabemos que si no existiera autoridad nos comeríamos unos a otros, pero nos gusta pensar que, si no existieran los gobiernos, los hombres se abrazarían.

Leonard Cohen

Don Carlos Abascal recomendó a los medios de comunicación que asuman "la conciencia del autocontrol”, en aras del fortalecimiento democrático. Esa invitación se parece a las llamadas a misa.

El origen de la curiosa petición del Lic. Abascal está en que algunos conjeturan que los medios informativos son usados para operar una guerra sucia electoral, a través de aparentes “filtraciones” atribuidas al Cisen. Lo de menos es si las “filtraciones” son reales o ficticias, lo relevante es que la sugerida política de autocontrol obviamente no da resultados.

El reclamo de la censura y la mordaza es la respuesta usual cuando un ciudadano invoca la ley para que se sancione a quien abusa de la libertad de expresión. Si a ello se agrega que algunos transparentistas insisten en que se despenalicen los excesos mediáticos, el escenario no es feo, en realidad es espantoso.

¿De qué sirve llamar al autocontrol en un país donde la gente es profundamente irresponsable? Somos una nación que haría las delicias de Oliver Wendell Holmes o Kelsen, sólo observamos la ley cuando es inminente el castigo por no cumplirla. En esas condiciones, el autocontrol es una reverenda vacilada.

¿Por qué establecer sanciones más suaves a quienes difaman, injurian o calumnian? Pareciera que decir mentiras es menos grave en estos tiempos, cuando la realidad es que en la Era de la Información lo que se espera es que ésta sea lo más veraz posible.

La figura del ombudsman en los medios mexicanos ha corrido la misma suerte de su contraparte en la vida cotidiana: Nadie les hace caso. Un defensor del lector puede recomendar mil vías de acción, reprobar una conducta o la falta de ética periodística, pero se gana lo mismo que si se quedara callado. Quienes no tienen interés en mejorar sus prácticas mediáticas siempre harán oídos sordos, sea por soberbia (“¿cómo se atreve ese a criticarme? ¡Soy mejor que él!”) o torpeza (que es casi lo mismo que la soberbia). Pero aún ese ineficaz autocontrol no es usual: La mayoría de los medios no tiene ombudsman.

Los transparentistas y analistas de los medios denuestan a la Ley de Imprenta, pero no han hecho algo para garantizar que los ciudadanos tengan un medio adecuado para defenderse de aquellos que tienen la posibilidad de sentarse, cual francotiradores, a disparar mentiras, tergiversaciones, calumnias y difamaciones. No basta con tener derecho de réplica o a la corrección de las falsedades o inexactitudes. En nuestro país es letra muerta el deber legal de reparar los daños causados por la falsedad o invasión a la privacía.

En México es un verdadero vía crucis lograr que los abusivos de la libertad de expresión reconozcan que se equivocaron. No puedo compartir la idea del autocontrol, como abogado me ofende que algunos de los que invocan el derecho a la información violen descaradamente los derechos humanos y de la personalidad de los demás. Su actitud es otro caso de doble moral, quieren todos los derechos, más ninguna de las obligaciones. Me recuerdan a los miembros del Partido Demócrata de Estados Unidos, que defienden rabiosamente todos los artículos de la Carta de Derechos, salvo el segundo, porque consigna el derecho a portar armas. Incongruencia pura.

Ciro Gómez Leyva reiteró el pasado 9 de noviembre lo que ya había señalado el 18 de mayo de 2005: “He defendido siempre el derecho de los seres humanos sobre los que escribimos y hablamos de recurrir a las instancias judiciales para denunciar nuestros presuntos excesos”. Tiene razón Ciro, en México son inútiles los llamados al autocontrol, lo que se necesitan son leyes y organismos que en verdad tutelen la dignidad de las personas.

Post scriptum. Los que tuvimos el privilegio de compartir el mismo espacio con el Maestro Burgoa sabemos que no hay sucesor en el foro que llene sus zapatos. Nuestro país perdió a su conciencia jurídica, luchar por el Estado de Derecho es la mejor forma de recordar a ese gran catedrático, litigante y jurista. Descanse en paz.

oscarconstantino@gmail.com

Horas extras y déficit de neuronas

En alguna tira de Mafalda, Miguelito dice que la niña tiene razón en que “la Tierra destiñe”, lo que hace pensar a Felipe (palabras más, palabras menos) que “lo malo de llevar siempre las orejas puestas es que te arriesgas a oír todo tipo de tonterías”. Me sentí como Felipe cuando leí en un periódico local (el que hace referencia a la obra pictórica de Orozco) un titular que ofende a la inteligencia y dignidad de las personas: “Pagan de lujo horas extras”.

Además del notorio crimen contra el español que es redactar así (“Asesinan al idioma con esos títulos”) el texto es un delito contra la razón. ¿La nota se refiere a los diputados holgazanes o a quienes cobran en los partidos políticos? No, el artículo principal del diario se refiere a los pobres asalariados pagaimpuestos, mal remunerados y explotados, que forman el grueso de la población. A ellos les dedican la perla de un infográfico anexo: “México es el País que más derrocha en pago de horas extras en Latinoamérica”. Vaya, ahora resulta que si a usted lo tienen en el trabajo más tiempo del establecido para la jornada máxima (por eso se llama “máxima”) la empresa “derrocha” dinero al pagarle a sobreprecio ese tiempo. En la lógica tan absurda de los que dicen eso, usted debería pagarle a su empleador, por el privilegio de dedicar el tiempo de su descanso o alimentación a que su centro de trabajo produzca más.

¿Quién es el responsable de proferir semejante incoherencia? Pues un despacho de abogados que hizo un “estudio” que señala que, al ser México quien mejor paga las horas extras en América Latina, esta circunstancia “repercute de manera negativa en la competitividad”: No se podía esperar algo distinto de quienes se dedican a representar a empleadores. Agradezcamos a los otros países de la región que no tienen como modo de producción a la esclavitud, porque la libertad nos haría menos competitivos.

El argumento, para explicarlo en términos sencillos, es que los trabajadores mexicanos “hacen plan con maña” para laborar tiempo extra y tener más ingresos. Esta la opinión de un señor de la Cámara Americana de Comercio, quien sostiene que especialmente en el sector de servicios los empleados buscan “con toda intencionalidad” trabajar más horas adicionales “para tener acceso al pago extra”. No dudamos que ese ilustre señor se crea su afirmación, pero usemos el sentido común (aunque sea un poco) y examinemos el asunto con razonamientos que no parezcan sacados de un panfleto de Luís Pazos, Alberto Aguilar o Darío Celis.

En México, la regla general es que se pague tiempo extra después de laborar una jornada de 48 horas semanales (por ejemplo, distribuidas en 8 horas diarias durante 6 días). Las primeras 9 horas adicionales se pagan 100 por ciento más que las ordinarias, después de esas nueve el pago es de un 200 por ciento superior a las horas normales. Si además se trabajó en domingo, hay que sumar 25 por ciento más. Los hechos motivan dos preguntas muy sencillas: ¿Quién, después de laborar de lunes a sábado 8 horas diarias, quiere quedarse a trabajar más tiempo? ¿En verdad los trabajadores “se hacen maña” o unos empleadores mañosos quieren difundir el mito de que los quieren estafar con las horas extras, para ver si pagan menos por ellas?

Que la gente trabaje horas extras es un asunto de mala administración. En una trasnacional ubicada en este país (hace aspirinas, para más señas) tiene la excelente política de verificar que todo el mundo cumpla sus ocho horas y, si por alguna razón alguien se queda más tiempo, toman nota. Si esto pasa varias veces, indagan la causa: Si es por falta de recursos humanos o materiales, contratan más personas o ponen más equipo; si el “quedarse tarde” no es por estos motivos concluyen que hay ineficiencia (lo que obviamente no es el mejor punto para que se renueve el contrato de alguien). Así se evitan las horas extras, no con la difusión de tarugadas disfrazadas de “estudios” interesados.

¿Esas son las “reformas estructurales” que buscan los fracasados de este sexenio? ¿Reformar la Ley Federal del Trabajo para reducir el monto del pago por horas extras a niveles de otros países latinoamericanos? Si se considera que la propuesta viene del director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, no es de extrañar su contenido, tampoco que haya sido puesta en primera plana de un diario que opera con doble moral: En este caso la culpa no sólo es de la fuente, sino del medio que la hizo compadre.

oscarconstantino@gmail.com

La Ley Federal del Trabajo y otros cuentos

Las pirámides son el mejor ejemplo de que, en cualquier tiempo y lugar,
los obreros tienden a trabajar menos.
Georges Duhamel

¿Usted es mujer y una trabajadora competente, que hace su labor mejor que cualquier hombre? Eso no le garantiza el empleo, porque sus empleadores además esperan que no esté embarazada y, a pesar de la notoriamente ilegal de la petición de certificados de ingravidez, los empresarios siguen requiriéndolos.

Si usted es un empleado brillante, que hace su trabajo bien y además lo hace en tiempo, no crea que por eso su jefe le va a respetar su jornada de trabajo y cuidado con que trate de irse a la hora que le corresponde por ley, porque lo despiden por poco cooperativo. Acostúmbrese a trabajas horas extras… gratis.

Superiores que descuentan el día a quien acude al médico, patrones que contratan por ciclos trimestrales o cuatrimestrales, personas que despiden sin otorgar indemnización, son algunos de los miembros de la inmensa fauna de depredadores laborales, quienes acostumbran validar su indebida posición mediante el argumento fácil de que hay pocos empleos y que gracias a ellos hay menos pobreza. Precisamente ese tipo de pensamiento se encuentra detrás del impulso a una reforma a la Ley Federal del Trabajo, uno de esos bellos libros de cuentos producidos por el Poder Legislativo.

No conformes con establecer de manera expresa jornadas de más de ocho horas diarias y utilizar como papel limpiador los preceptos de una ley reglamentaria de la Constitución, existe un poderoso grupo de cabilderos que promueve (con la colaboración del Secretario del Trabajo, Carlos Abascal) una reforma que pretende legalizar la ilicitud. La lista de propuestas hace añicos las bases generales que el artículo 123 constitucional marca para las relaciones de trabajo.

Sin embargo, el problema de la injusticia laboral no se reduce a las perversas intenciones de algunos mercaderes de la fuerza de trabajo. La mala situación de los empleados tiene su principal causa en el deficiente desempeño de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, quienes son las responsables de dirigir los procesos que aplican la Ley Federal del Trabajo. La falta de infraestructura, el exceso de trabajo y, sobre todo, la actitud poco profesional de algunos funcionarios hace de la llamada justicia laboral una verdadera pérdida de tiempo. En el ámbito administrativo la situación no es mejor, la semana pasada comentábamos en este espacio sobre el ejercicio deficiente de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, instancia que poco hace para tutelar los derechos laborales.

¿Cuál es el futuro de la Ley Federal del Trabajo? México ha buscado convertirse en un destino atractivo a la inversión a través de la oferta de mano de obra barata. Desafortunadamente ahora los mercados demandan profesionales calificados, no a operarios que cobren sueldos bajos, por lo que resulta desafortunada la apuesta de explotar más a quienes viven de su salario.

El año pasado, un estudiante me consultó para definir una propuesta de tema para participar en el Senado Juvenil. Le sugerí que propusiera una reforma para establecer el derecho penal laboral, con sanciones privativas de la libertad para aquellos que no pagan prestaciones conforme a la ley, hacen abuso de las horas extras o realizan prácticas sistemáticas de incumplimiento de la norma laboral. Me miró sorprendido y señaló que sancionar penalmente a esas personas le parecía demasiado duro cuando ellos sólo buscaban dar empleo a gente que de otra manera se moriría de hambre. Lo miré y le dije: “quizá sea demasiado dura una sanción penal en esos casos, pero nuestros legisladores han establecido a la piratería como delito grave, que no merece libertad bajo caución, ¿qué será más grave, copiar un disco, colgarse de una señal de TV por cable o robarle parte de sus sustento a quien sólo tiene a su esfuerzo para sobrevivir?”

El joven se quedó pensando, le pregunte si éticamente había alguna diferencia entre estafar a alguien y torcer la contabilidad para no repartir utilidades, si era menos grave arrebatar el derecho a la jornada (o al descanso) de robar o abusar de la confianza de otra persona. Rematé el punto: “Resulta indudable que existen malos empleados, pero eso no implica que sus derechos sean desechables. El abuso de confianza es un delito que impacta de manera importante en las relaciones laborales, ¿castigar sí es válido cuando el sancionado es el trabajador?” El estudiante formuló su propuesta en base a mi sugerencia.

En estas épocas en que se habla de una nueva cultura laboral valdría la pena que las campañas de concienciación no fueran dirigidas exclusivamente a los empleados. México necesita buenos trabajadores, pero también requiere de manera urgente de buenos patrones. Ojala 2005 sea el año del ya basta a la visión negrera de la contratación en el sector público y privado. Quizá parezca demasiado romántico, pero en el momento en que asumamos como correcto que la Ley Federal del Trabajo se parezca más a una fábula que a una norma jurídica, no seremos realistas sino indolentes y cínicos.

¿Sirven para algo las procuradurías?

La burocracia en los países latinos parece que
se ha establecido para vejar al público
Pío Baroja

El título de esta columna quizá parezca dedicado a los órganos de persecución del delito como la Procuraduría General de la República (PGR) y la General de Justicia del Estado de Jalisco (PGEJ), pero no sólo se refiere a ellas, sino a todos esos organismos que buscan la defensa de algún grupo social y que más bien se parecen a la carabina de Ambrosio. Ese es el caso de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet), de la Federal del Consumidor (Profeco), para la Defensa del menor en Jalisco o algunas instancias municipal del Sistema DIF en este Estado.

¿Sabe cuántas empresas tienen, de manera ordinaria, jornadas laborales de nueve horas diarias o más? Muchas, incluso organismos públicos (que deberían ser más cuidadosos en el cumplimiento de la ley que los empleadores privados) hacen lujo de su burla a la norma laboral que establece una jornada máxima de ocho horas. ¿Y la Profedet? Bien, gracias. ¿Se atrevería ese organismo a denunciar a las organizaciones de peso y pesos que utilizan a la Ley Federal de Trabajo como papel sanitario? Al parecer no es así, ya que un simple examen de las condiciones de trabajo en notoriamente conocidas instancias gubernamentales y particulares hace evidente que no temen el dedo acusador de la poderosa Profedet.

Si ha tenido un cobro excesivo en su cuenta de teléfono celular, se ha visto discriminado en la prestación de un servicio o producto o ha tenido el infortunio de recibir una mercancía que no cumple con lo ofrecido por un proveedor, sabe que puede quejarse en la Profeco... y perder su valioso tiempo, porque si el proveedor incumplido se pone necio puede utilizar la salida fácil de no someterse al proceso conciliatorio en ese organismo. Algunos dirán que la culpa la tiene la ley que no hace obligatorio el procedimiento, pero no hay duda de que la Profeco tiene la culpa de que esos proveedores no sean multados por su conducta violatoria de la Ley Federal de Protección al Consumidor. La norma no obliga a conciliar, pero si ordena sancionar a quien la viola. ¿Quiere usted pedir que la Profeco castigue a aquel comerciante que cínicamente se burló de la ley y que además le hizo distraer otras actividades por acudir a un conciliación inútil? Espere sentado, porque lo más seguro es que el funcionario en turno le diga que no se puede y, si usted le muestra la ley, le diga que turnará su petición (que significa lo mismo que enviarla a un archivero hasta que prescriba toda acción).

Pero la peor de todas, por la importancia moral de los asuntos que trata, es la Procuraduría para la Defensa del menor en Jalisco. Tenga la seguridad de que si usted acude a pedir ayuda ante un caso evidente de perjuicio contra la niñez (por ejemplo, recuperar la custodia de un menor que se encuentra en la garras de un progenitor asaltante y robacarros) le contestarán que mejor vayan con un abogado.

En la misma tónica se encuentra el DIF Zapopan, donde vale más tener influencias policíacas para obtener auxilio en conflictos judiciales sobre menores que contar con una familia integrada y productiva. Quizá en ese insigne órgano digan que sí cumplen con su trabajo, pero hay evidencias de lo contrario. El que esto escribe tiene documentada la manera como operan en esos asuntos y la forma en que dispensan arbitrariamente el apoyo que jurídicamente están obligados a brindar.

¿Vale la pena pagar impuestos para sufragar los gastos de Procuradurías para la Defensa de Absolutamente Nada? Ojalá nuestros legisladores dediquen tiempo a reformar las legislaciones de las procuradurías y se conviertan en estructuras al servicio de los ciudadanos, en lugar de ser oficinas inútiles para los gobernados.

Al margen: Sergio Sarmiento sostuvo el pasado miércoles que “es un punto meramente formal” que los ministros de la Corte comisionados para el periodo vacacional aceptaran, sin facultades para ello, la controversia constitucional que el presidente Fox presentó por el asunto del presupuesto 2005. Como resulta evidente que el señor Sarmiento no es abogado, habría que recordarle que todo en la ley es en principio formal y que sin formas el fondo sufre. Ahí está de ejemplo el exabrupto de Santiago Creel contra la inmortal frase de Don Jesús Reyes Heroles. El día que admitir procedimientos sin facultades sea un asunto meramente formal será momento de que nos gobiernen los trogloditas... o Sarmiento.

Gudiño, Aguirre y la Tremenda Corte

La polémica suscitada por la actuación de la Comisión de Receso de la Suprema Corte (que incluye un manejo inadecuado de plazos, suspensiones de actos y nombramiento de ministros ponentes) es sólo el último eslabón de una cadena de desatinos judiciales en el máximo tribunal del país.

Resulta claro que si la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación sólo faculta que la Comisión de Receso resuelva cuestiones administrativas urgentes, sus miembros (los ministros Salvador Aguirre y Jesús Gudiño) se exceden en sus atribuciones al admitir y dar trámite a la controversia constitucional que promovió el Poder Ejecutivo contra la Cámara de Diputados, que no es un simple asunto administrativo. No tiene mucho caso profundizar en ese tema, que es únicamente una de las múltiples manifestaciones de una estructura judicial que deja mucho que desear.

Muchos vimos con escepticismo la reforma constitucional promovida por Ernesto Zedillo que adelgazó a la Suprema Corte y le estableció un órgano administrativo con miembros externos al Poder Judicial. Algo que fue promovido como una reforma de Estado parecía una purga que privilegiaría a los integrantes del nuevo tribunal y que redundaría en una lealtad nociva de los jueces a la presidencia. No tardó en evidenciarse que las desconfianzas eran fundadas, ya que el 7 de octubre de 1998 (durante la presidencia del ministro Vicente Aguinaco) los ministros permitieron la capitalización de intereses (en franca contravención a lo dispuesto por las ley mercantil) que tuvo por víctimas a miles de deudores. Después de ese lamentable error judicial se continuaron resolviendo importantes asuntos con ponderaciones poco pertinentes, la situación no mejoró sustancialmente durante la presidencia del ministro Góngora y ha empeorado gravemente desde que Mariano Azuela encabeza el máximo tribunal del país, quien se ha inmiscuido en escándalos por sus reuniones secretas con el presidente Fox en torno a los procesos que involucran a Andrés Manuel López Obrador.

El caso del anatocismo (cobro de intereses sobre intereses) es emblemático de la forma como se ordenaba a los ministros que resolvieran los asuntos de interés para la presidencia. Medios nacionales (en específico Milenio Semanal y La Jornada) reportaron que días antes de la resolución, el presidente Zedillo tuvo una comida con los once ministros de la Corte y “les expuso la importancia para el país de contar con un sistema bancario sólido y el riesgo de que una avalancha de demandas por parte de los deudores hiciera tambalearse a la banca”. A pesar de que el proyecto original de sentencia formulado por el entonces ministro Juventino Castro era a favor de los deudores, la Corte favoreció a los bancos. Sólo votaron en contra del sentido del pleno los ministros Juan Silva Meza, Juventino Castro y Humberto Román Palacios. Apenas 24 días después de la resolución, los once ministros de ese entonces aceptaron (en bloque y sin escrito de por medio) una comida privada que les ofreció el gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz Martínez, “en reconocimiento por el fallo que tranquilizó al sistema financiero nacional”.

Ciertamente la Corte anterior a la reforma de 1994-1995 no era un dechado de virtudes. Durante los noventa se criticó con dureza un criterio judicial que sostenía que la inexistencia y la nulidad absoluta de los actos jurídicos eran lo mismo, que respondían únicamente a cuestiones teóricas, planteamiento de la Corte que es absurdo ¿Si un ministro no sirve para nada eso implica que no existe? ¿Verdad que no? Incluso mi ilustre maestro Ernesto Gutiérrez y González dedicó una parte de su libro Derecho de las Obligaciones para reprochar la poca pericia jurídica de esos jueces federales. En sus charlas de sobremesa, Don Ernesto no los bajaba de burros e ignorantes. A pesar de que el Poder Judicial ha modificado su opinión en materia de nulidades, todavía se encuentran vigentes otros criterios que son verdaderamente vergonzosos para el mantenimiento de la equidad que todo Estado de Derecho demanda.

La sapiencia jurídica tampoco es una virtud de los ministros actuales. A pesar de que la Constitución no considera como un gobernador al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, la Corte actual le concedió el derecho a solicitar investigaciones como si fuera un mandatario estatal, cuando su naturaleza jurídica es más cercana a la de un alcalde. Habrá quien considere que esa decisión no fue dictada por torpeza, sino por cálculo político. Resulta difícil establecer que supuesto es más grave, la ignorancia y la deshonestidad son dos efectivos venenos que matan a la justicia.

Hace una semana escribíamos sobre la astucia del juez Marshall para evitar una crisis política, desafortunadamente los ministros mexicanos no supieron seguir su ejemplo y se cierne la sombra del juicio político contra los ministros Gudiño y Aguirre, integrantes de un tribunal que supuestamente había sido depurado. Sin embargo, se puede rescatar algo benéfico de este escándalo, ya que las vergüenzas de la Suprema Corte son evidencia de que urge una nueva reforma judicial. Este es el destino de esa Tremenda Corte.

Fox y el fantasma de Marbury

En algunas ocasiones una sentencia impacta más por los temas secundarios que toca que por el asunto principal de la controversia. La historia marca ejemplos que evidencian ese poder de las nimiedades y que en virtud de la impugnación foxista del presupuesto vale la pena recordar.

En Estados Unidos los redactores de la norma fundamental de Filadelfia no incorporaron el control judicial de la constitucionalidad de las leyes, ese sistema fue producto de las reflexiones del presidente de la Corte Suprema, John Marshall, en el famoso caso Marbury v.s. Madison, resuelto en 1803. Sin embargo, el juicio donde se trató el punto versaba sobre una cuestión que en principio no justificaba las consideraciones de Marshall para asumir como necesario que la Corte declarara no aplicables las leyes que contravinieran a la Constitución.

Al igual que en el México actual, a principios del siglo XIX Estados Unidos había cambiado de partido en la presidencia y no se hacían esperar los ajustes de cuentas políticas. Hasta los comicios presidenciales de 1800, el Partido Federalista ocupaba el Poder Ejecutivo del vecino país del norte, situación que cambió con el triunfo electoral de Thomas Jefferson. El mandatario saliente, John Adams, se había preocupado por la protección de sus allegados políticos al otorgarles puestos en los que la inamovilidad les garantizara que el nuevo gobierno no los podía destituir discrecionalmente (en eso los tiempos han cambiado, ahora a los leales colaboradores se les dan bonos de fin de periodo, pero eso es materia de otra columna). Para lograr que su repartición de trabajos prosperara, el Congreso (obviamente controlado por su partido) creó varios puestos judiciales, entre los que destacan (para efectos de lo que aquí se platica) 42 cargos para jueces de paz en el Distrito de Columbia. El presidente Adams continuó con la confección del pastel que horneaba para sus amigos, se propusieron a las personas que fungirían como jueces, el Senado los ratificó, el presidente firmó los nombramientos y se le remitieron al secretario de Estado para que los sellara y enviara. Como en esa época no había computadoras ni impresoras láser, el funcionario tuvo que realizar ese proceso a mano y, con la urgencia de entregar el despacho al secretario entrante (quien era de otro partido), cometió el muy humano error de olvidar el envío de su nombramiento a cuatro nuevos jueces de paz, por lo que el nuevo titular del despacho procedió a guardarlos en su cajón para nunca entregarlos: El secretario entrante se llamaba James Madison, uno de los afectados por el error era William Marbury y el subsecretario saliente que había firmado los nombramientos no era otro sino John Marshall, quien había sido nombrado Presidente de la Corte Suprema.

Marbury no se quedó conforme con la actitud del gobierno y presentó una demanda para que la Corte le ordenara al secretario Madison que le entregara su codiciado nombramiento de juez. El problema político para la Corte era mayúsculo, Marshall había firmado los nombramientos en su anterior cargo y ahora tenía que juzgar el asunto. Si la Corte Suprema le ordenaba al Ejecutivo que le diera a Marbury su nombramiento, se atenía a que el nuevo gobierno acusara al Poder Judicial de parcialidad e iniciara una reforma constitucional alegando que el Partido Federalista pretendía perpetuarse en el poder a través de las labores de la judicatura. Por otro lado, negarle a Marbury la notificación de su nombramiento implicaba otorgarle a los jeffersonianos la potestad de burlarse de la ley y así dominar, de facto, al Poder Judicial. El juicio tenía la complicación adicional de que la Corte no contaba con medios para obligar al Ejecutivo a que cumpliera la orden que emitía y Madison podría haber continuado en su posición de negar la entrega del nombramiento a Marbury.

Marshall resolvió el problema con una jugada astuta, le negó a Marbury la orden de entrega al declarar que la Corte Suprema no tenía facultades para tratar el asunto, ya que la ley que le otorgaba atribuciones para conocer de ese juicio ampliaba la competencia que originalmente le definía la Constitución, lo que era inconstitucional. Jefferson se quedó satisfecho con la decisión de la Corte, sin darse cuenta de que Marshall había metido por la puerta trasera la facultad judicial de revisar la constitucionalidad de las acciones de las ramas legislativa y ejecutiva del gobierno. Para lograr ese poder, el presidente de la Corte Suprema sacrificó un peón, a Marbury, que no obtuvo del máximo tribunal lo que pretendía.

Ahora que el presidente Fox se empecina en otorgarse una facultad que no tiene (y de paso alegar los supuestos límites intocables de su función administrativa) no estaría de más que recordara la suerte de Marbury y que ese fantasma no le pegara un susto en la noche: Quizá le esté abriendo las puertas a la Corte para que defina el fondo del presupuesto cuando Congreso y Ejecutivo no se pongan de acuerdo.

El país de los enanos

Las palabras son enanos, los ejemplos son gigantes.
Proverbio suizo

El vicecoordinador del PAN en la Cámara de Diputados federal, Germán Martínez Cázares, calificó de enanos a los legisladores del bloque opositor. ¿Cuál fue la causa del exabrupto? El rechazo y devolución de las observaciones presidenciales al Presupuesto de Egresos para 2005, decisión parlamentaria respaldada por 332 votos. Más allá de la comicidad involuntaria del berrinche del diputado Martínez, resulta importante cuestionar los argumentos que utilizó el legislador blanquiazul para descalificar que al Presidente no se le hayan reconocido facultades para vetar el Presupuesto de Egresos.

Martínez Cázares lanzó una crítica insultante a sus adversarios: “No distinguen, diputados enanos, entre la institución presidencial y el gobierno de Fox; no distinguen, diputados liliputienses, hacia dónde queremos consolidar nuestra democracia”. ¿Consentir que el presidente pueda vetar el Presupuesto permite consolidar la democracia? Obviamente no, la democracia se basa en el control del poder, difícilmente puede ser considerado demócrata quien espera que las propuestas presidenciales no sean revisadas y controladas. Los diputados del PRI y PRD le gritaron "Arriba Cantiflas" a Martínez, quien primero afirmó que al presidente se le puede derrotar en el tema presupuestal sin odios, rencores o miopías… y después insultó con rabia a sus adversarios. Más que como “Cantiflas”, Germán Martínez procedió como “La Chimoltrufia”, ya que “como dice una cosa, dice otra”.

La Presidencia de la República espera que una controversia constitucional defina que el Poder Ejecutivo tiene facultades de veto en materia presupuestal, tema en el que la Corte Suprema tiene un interés superior al de un mero árbitro imparcial: El Presidente de la Suprema Corte, Mariano Azuela Güitrón, el pasado miércoles rindió su informe de labores y explicó que las reducciones presupuestales para 2005 afectarán a los tribunales y juzgados, la disminución de 5 mil millones de pesos podría provocar que el rezago judicial aumente al nivel de tiempos ya idos y aparentemente superados. Azuela volvió a recordar la necesidad de introducir una reforma constitucional que garantice un mínimo presupuestal al Poder Judicial de la Federación. Obviamente, para la Corte reviste una importancia primordial la definición de la controversia constitucional entre Cámara de Diputados y Presidencia de la República.

Un presidente con operación política eficaz propondría que la Corte le otorgara facultades de veto a cambio de un generoso reajuste presupuestal a favor del Poder Judicial de la Federación. Por otro lado, 330 votos del bloque opositor equivalen a las dos terceras partes de los integrantes de la Cámara de Diputados, requeridas por el artículo 135 de la Ley Fundamental para comenzar una reforma constitucional que asigne al Poder Judicial un monto del presupuesto que garantice mínimos de operación a los tribunales. Resulta ingenuo pretender que el máximo tribunal del país no considerará que una decisión a favor de Fox puede sacarlo de su problemática financiera. ¿Consolida la democracia que el Poder Judicial sea sometido a la tentación de no controlar el poder público?

En parte tiene razón Martínez Cázares, los diputados son enanos, pero no por darle un manazo a un presidente que sólo de dientes para afuera acepta que él sólo propone y que es el Congreso quien dispone. El enanismo alcanza a toda la clase política mexicana, a los partidos, a la administración pública, a las policías, como lo revela un estudio de Transparencia Internacional (TI) que pone a México entre los ocho países más corruptos del mundo y como segundo lugar en corrupción policíaca.

El organismo no gubernamental basó su “Barómetro Global sobre la Corrupción” en las opiniones de 50 mil personas encuestadas por Gallup y concluyó que las instituciones más corruptas (en seis de cada diez países) son los partidos políticos, las cámaras legislativas, la policía y el Poder Judicial. Mientras el campeón mundial en corrupción (Ecuador) tiene una calificación de 4.9 puntos de 5 posibles, México alcanzó 4.5 puntos, al igual que Bolivia, Brasil y Costa Rica. Cuando Martínez Cázares les dice enanos a los diputados opositores en realidad le grita a su imagen en el espejo (que sólo alcanza subiéndose a un banquito): Él pertenece a un partido político mexicano, es miembro de un órgano legislativo y defiende al Poder Ejecutivo, todos ellos vistos como muy corruptos por la opinión pública. El PAN no es un partido político de Holanda, donde la corrupción es calificada con 2.8 puntos, es un instituto político de México, país donde los enanos gobiernan, violan derechos humanos, usan la ley como papel desechable e incluso pretenden negociar un fallo constitucional.

Los suizos sostienen que la grandeza está en las acciones, no en las palabras. Ojala que nuestros políticos dejen de abusar de la palabra, conducta que los vuelve enanos. En un país afectado por la delincuencia, el comercio informal, el desempleo y el abuso de poder, lo que se necesitan son estadistas, gigantes de la política, no enanillos gritones que estorben al desarrollo nacional. La democracia se consolidará en el momento en que el poder público se encuentre acotado, controlado y limitado, no cuando al presidente se le cumplan todos sus deseos. Al parecer algunos políticos están muy chiquitos para ocupar cargos públicos, esperemos que este no sea el caso de los ministros de la Corte Suprema, quienes por antonomasia deben ser grandes.

Falsas amistades

Aristóteles sostenía que la amistad perfecta es la de los buenos y de aquellos que se asemejan por la virtud. Ellos se desean mutuamente el bien en el mismo sentido. Es decir, son defectuosas las amistades con personas de moralidad distinta, ya no se diga con alguien que tiene doble moral, afirmación que se confirma por lo que dice el Dalai Lama: La amistad sólo podía tener lugar a través del desarrollo del respeto mutuo y dentro de un espíritu de sinceridad. Montesquieu, como jurista que fue, definía a la amistad como un contrato por el cual nos obligamos a hacer pequeños favores a los demás para que los demás nos los hagan grandes, lo que marca la importancia del trato recíproco y solidario como principio rector de la amistad.

A pesar de la sabiduría de esos tres pensadores, la expresión que más me agrada respecto a la amistad es del escritor vasco Pío Baroja: Sólo los tontos tienen muchas amistades. El mayor número de amigos marca el grado máximo en el dinamómetro de la estupidez. La falsa amistad es como una herida purulenta, sobre todo cuando una de las partes brinda autenticidad en su trato, paradójicamente suele ser el falso amigo el que más celebra el término del vínculo cuando queda al descubierto la suciedad de sus intenciones.

Esta reflexión no tiene desenlace, al igual que el autor de El mayorazgo de Labraz, lo prudente es que dejemos las conclusiones para los idiotas.

Por insubordinado

Quien ha sufrido tus imposiciones, te conoce.
William Blake

Santiago Creel dice que a Marcelo Ebrard lo destituyeron por insubordinado, no por las notorias muestras de incompetencia que dio en los últimos tres años. Más de 20 linchamientos en el Distrito Federal no fueron motivo suficiente para que a Ebrard le dieran las gracias, sino que no reconociera la autoridad de su jefe, el presidente de todos los mexicanos y mexicanas, lo que habla mal de las prioridades del gobierno federal: Un líder inteligente se preocuparía más por tener personal capaz que por contar con subordinados obedientes pero dotados de una incompetencia supina.

Lo cierto es que a las víctimas de la inseguridad pública poco les importa si Ebrard obedecía a Fox o si lo tiraba a Lucas, la mayoría de los ciudadanos no lamentan el relevo del Secretario de Seguridad Pública del DF porque no hacía su trabajo bien. Si el joven Marcelo hubiera sido una especie de Rudolph Giuliani mezclado con William J. Bratton, su destitución hubiera provocado protestas masivas que habrían dejado al nivel de pic-nic a la megamarcha contra la inseguridad del 27 de junio de 2004.

En realidad, que Ebrard deje su cargo es intrascendente, lo alarmante es la posición del gobierno ante los problemas del país. Esta obsesión por el ejercicio del poder jerárquico, por mandar, hace mucho daño a México. La administración de Fox, al igual que la de muchas instancias públicas y privadas del país, está llena de personas incompetentes pero disciplinadas. Malo es un gobierno que premia la estupidez obediente.

Cuando una organización recompensa la disciplina sobre la inteligencia únicamente se tienen resultados en función de los aciertos o errores de la cabeza en la línea de mando, la idea de un sólo cerebro con muchas manos no es la más estratégica en la compleja realidad contemporánea, aunque el modelo lo propusiera el mismo Mark Gruenwald.

Resulta claro que la obediencia es valiosa, siempre y cuando venga acompañada de capacidad y competencia, de lo contrario es sólo un pretexto para fortalecer los lazos autoritarios en los grupos políticos. De la misma manera, la insubordinación puede ser el mayor obstáculo para implementar políticas adecuadas y pertinentes. Lo que Fox hizo con Ebrard es dar un manotazo por cuestionar su sagrada autoridad, es un cese impulsado por el poder, no por la razón. Lo inteligente hubiera sido que el presidente lo hubiera destituido hace mucho tiempo, cuando se empezó a percibir que la seguridad pública en el DF no mejoraba, no ahora que se desafió, torpemente, la potestad constitucional de remover al encargado de esa área en la capital del país

Al resto de la nación no le va mejor que al DF. Enrique Salinas de Gortari pierde la vida en el Estado de México y Fox considera que su homicidio quizá no tenga una causa política. Un debate sobre este punto es bobo por definición: Resulta difícil definir que es más malo, que en México cada día haya más inseguridad y que no se requiera ser político para tener una muerte horrible o ser tan oligofrénico para suponer que los parientes de Salinas de Gortari necesariamente deben morir por motivos políticos. En Jalisco las policías se preocupan más por perseguir a las parejitas que se hacen arrumacos en la vía pública que por detener a los ladrones de autopartes o poner en cintura a los pandilleros. Bajo la perspectiva de lo peligrosa que se ha vuelto la vida en las ciudades de México, resulta irrelevante si a alguien lo matan por ser político, empresario, delincuente o simple ciudadano. ¿A quién le importa si un funcionario es insubordinado u obediente con su jefe, cuando tiene que padecer una administración que no lo protege de los delincuentes, a tribunales que no administran justicia (mucho menos lo hacen de forma expedita) o la vida en ciudades donde cada día hay más embotellamientos, más basura en las calles, más contaminación?

Quizá la parte más triste de esta visión autoritaria es que los mexicanos están hartos de la falta de resultados en el ámbito público y privado. El escaso crecimiento económico, la inseguridad pública, el desempleo y las políticas públicas de corte burocratizante han redundado en una disminución de la calidad de vida de todas las personas en este país.

Ojalá contáramos con más insubordinados en este país, no incompetentes como Ebrard, sino brillantes y valientes, decididos a decir “no, señor, se equivoca y su error es perjudicial para los demás”. Precisamente esa capacidad para repeler la estupidez es lo que nos hace humanos, ya lo decía Gilbert Keith Chesterton: “Algo muerto puede ser arrastrado por la corriente pero sólo las cosas vivas van en contra de ésta". Seamos menos autoritarios y más perspicaces, este país ha sufrido mucho para llegar a la democracia electoral, ya es tiempo de llevarlo al bienestar y al gobierno de la inteligencia, donde lo más importante no sea tener el poder, sino la razón.

Chesterton y el sistema de partidos

The Party System was founded on one national notion of fair play. It was the notion that folly and futility should be fairly divided between both sides (El sistema de partidos fue fundado bajo una noción nacional de juego limpio. Fue la noción de que locura e inutilidad deberían ser justamente divididas entre ambos lados).

G.K. Chesterton [1924]

La presidencia de la necedad

La necedad es la madre de todos los males
Marco Tulio Cicerón

El presidente se inconforma por las modificaciones al Presupuesto que le hizo la Cámara de Diputados y presenta observaciones al decreto (o sea, veta la decisión de los legisladores) y la reacción no se hace esperar: La Mesa Directiva de la Cámara discutirá hasta el 7 de diciembre el documento de Fox, ya que considera que tiene una calidad jurídica indefinida. Dicho en buen español, no reconocieron las observaciones como veto, porque asumen que el Ejecutivo no tiene facultades para vetar el presupuesto. ¿Qué esperaba Fox de la Cámara? Resulta obvio que la mayoría de los diputados no son panistas y que el llamado bloque opositor no iba a dar trámite a algo que considera un absurdo constitucional.

Ahora Fox dice que le queda la posibilidad de ir a la Corte Suprema. Difícilmente se puede justificar la conducta del primer mandatario, ¿obtuvo algún beneficio del desgaste político de presentar un veto que evidentemente iba a ignorarse olímpicamente? No, su proceder se califica por lo que la Real Academia define como el actuar ignorante, que no sabe lo que podía o debía saber, que es imprudente o falto de razón, terco y porfiado en lo que hace: Es decir, necio. ¿La expresión es injusta con el presidente? Consideramos que no y procedemos a fundamentar nuestro dicho.

¿Sabía el presidente lo que iba a suceder? Si previó las consecuencias de su “veto”, lo racional hubiera sido utilizar otro mecanismo distinto a una presentación de observaciones a los diputados y evitarse así un desgaste innecesario. ¿El presidente ganó algo con su acción? ¿Quiere que la Corte defina que tiene facultades para vetar presupuestos y para ello necesita que la materia de la controversia sea un rechazo a su decisión? Vamos a suponer que fuera así, que Fox es un hábil jugador de ajedrez jurídico y quiere convertirse en el nuevo estratega de la jurisprudencia mexicana, una suerte de John Marshall mexicano, con botas y hebilla vaquera. Continuemos con la suposición, pensemos que el asunto cae en manos de un ministro sensible a la visión foxista de la realidad (por ejemplo el Dr. Cossío) y se elabora un proyecto de resolución que otorga al presidente facultades de vetar el presupuesto, en una interpretación extensiva de lo dispuesto por el inciso C del artículo 72 constitucional. ¿Fox lograría así que su proyecto de presupuesto prevaleciera? Al parecer no, porque su partido todavía carecería de mayoría en la cámara y los opositores no cuentan con dos terceras partes de los votos totales para lograr que se confirme el presupuesto modificado.

Los escenarios posibles irían desde que los opositores se cruzaran de brazos y no negociaran arreglos (en México no se puede aplicar el presupuesto del año anterior en caso de falta de acuerdo legislativo) para así poner en un estado de crisis a la presidencia, hasta que el bloque opositor se ubique como un negociador duro, que sabe que en sus manos está el destino de las cosas. Claro, siempre queda la posibilidad de que un ministro de la Corte proponga en la resolución (sin que sea materia de la controversia) “reglas adicionales” en caso de disenso legislativo no superado, como que el presidente decida la estructuración del presupuesto o establezca la aplicación del decreto aprobado del año anterior… y el Congreso sometería a juicio político a los ministros que aprobaran tal decisión, como lo autorizan los artículos 109 y 110 de la Constitución. El presidente sacó el garrote para negociar, en lugar de ceder en áreas de la agenda política que a los diputados podrían haber resultado atractivas, conducta del mandatario que fue imprudente, por decirlo de una manera suave.

El presidente tenía en sus manos una falta de los diputados, la Constitución ordena en la fracción IV del artículo 74 que la Cámara Baja apruebe el Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 15 de noviembre, término que no cumplieron los legisladores. Si él hubiera acudido directamente a la Corte para pedir que se definiera el presupuesto a aplicar cuando la Cámara de Diputados no lo aprueba en tiempo y hubiera pedido que se aplicara el del año pasado, quizá habría pasado a la historia constitucional mexicana como un estadista notable, pero prefirió el camino de la confrontación. Si ahora pretende usar la vía judicial respecto al incumplimiento del plazo constitucional, estará a discusión si consintió la validez del presupuesto al no realizar observaciones de fondo a que fuera aprobado fuera de término.

Ésta historia, que parece escrita por Charles Baudelaire, recuerda una de sus inmortales frases: El más irreprochable de los vicios es hacer el mal por necedad. Ojalá todos los actores involucrados superen sus soberbias y así conjuren los peligros causados por la presidencia de la necedad, una que a dos años de terminar el sexenio no ha dado resultados satisfactorios y sí muchas decepciones.

Bienvenidos al México bruto

«‘¿Quién mató al Comendador? ... Fuenteovejuna, señor.
¿Y quién es Fuenteovejuna?... -Oh, todos a una’»
Félix Lope de Vega Carpio


Los vecinos de San Juan Ixtayopan, delegación Tláhuac en el DF, lincharon el martes pasado a tres agentes de la Policía Federal Preventiva (PFP) que realizaban investigaciones sobre ventas de drogas. Los homicidas buscaron defender su conducta con un argumento que deja frío al más políticamente correcto: Los asesinaron porque no se identificaron. Si esa afirmación parece irracional, las consecuencias del hecho delictivo lo son más.

Los medios reportan cómo los habitantes de esa localidad se encontraban en la plaza del pueblo y reclamaban a los medios que “defendieran a los culpables”, que los policías no acreditaron su investidura, que mientras no les hagan caso, defenderían a cualquier precio a sus hijos. Incluso se indignan porque los califican de asesinos, una generalización injusta según ellos. Ellos se asumen como las víctimas de la torpeza gubernamental, que no dio respuesta a una solicitud de reforzar la vigilancia policíaca en las escuelas de la comunidad, amenazadas por los secuestros. La indignada señora sentenció, agorera: Si la autoridad no hace nada por combatir a la inseguridad, los habitantes de San Juan Ixtayopan se encargarán de que no se continúen robando a sus hijos. Los habitantes de Tláhuac defienden su “derecho delinquir”, a hacerse venganza por propia mano, que no justicia. Se equivocaron, pero es culpa de los demás, no de ellos. ¿Esa forma de pensar no hace recordar la de algunos políticos, gobernantes y líderes sociales?

Ahora, que la Procuraduría General de la República (PGR) atrajo la investigación del linchamiento, resulta que no existía denuncia alguna ante el Ministerio Público por el delito de robo o secuestro de dos menores de la escuela primaria Popol Vuh de Tláhuac, situación que alegaban los moradores de esa delegación. No denuncian, pero sí linchan y ahora esperan impunidad.

A la larga historia de violaciones al Estado de Derecho ahora se suman los linchadores de San Juan Ixtayopan, selecto grupo de delincuentes que van desde los humildes macheteros de San Salvador Atenco hasta los altos funcionarios que promueven recursos ilegales para entorpecer el cumplimiento de la norma. ¿Qué diferencia hay entre los asesinos de Tláhuac, René Bejarano embolsándose los dineros de Carlos Ahumada o el Presidente Fox amenazando con impugnar un presupuesto que no tiene derecho a vetar? ¿Se distinguen esos personajes del empleador que no respeta la jornada de trabajo, no paga horas extras o despide sin indemnización?

En los últimos tres años se han suscitado siete linchamientos escandalosos en el Distrito Federal. En alguna ocasión Andrés Manuel López Obrador defendió el proceder de los delincuentes y no faltan quienes defienden el “derecho tradicional” y las costumbres de esas masas violentas. ¿Veremos que la PGR investigue a todo San Juan Ixtayopan? ¿Existirá un juez valiente que dicte orden de aprehensión para una masa de asesinos? La AFI y la PGR realizaron un operativo en Tláhuac, pero es necesario que se castigue a toda la Fuenteovejuna que supone que la masa otorga impunidad al daño y a la violencia.

Quizá la parte más peligrosa de la conducta irrespetuosa al Estado de Derecho sea la doble moral y necedad de los violadores de la ley, atributos correlativos que hacen tan peligrosos su proceder: Infringen la norma porque asumen que existen unas reglas para calificar sus actos y otras distintas para evaluar a los demás, persisten en su acción porque tercamente creen tener la razón. El hijo más perverso del iusnaturalismo es la desobediencia recurrente de la ley aducida en razón de la supuesta injusticia de la norma que impone obligaciones.

Por ejemplo, ¿podrá existir una cultura de respeto a la norma si el mismo artículo 171 Bis del Código de Procedimientos Penales de Jalisco permite que un exconvicto tenga una carta de policía sin antecedentes penales? Supuestamente esto tutela derechos humanos, pero se traduce en la distorsión del Estado de Derecho: Imaginemos a un asaltante que pretende seguir teniendo la patria potestad de sus hijos. A pesar de que fuera un delincuente peligroso, recurrente, por el simple hecho de purgar su pena, sus antecedentes quedarían fuera del alcance de un tribunal civil, incluso una oficina de información pública municipal podría caer en la irresponsabilidad de negar el acceso a los antecedentes penales de ese individuo porque no es funcionario público, alegando que es información personalísima. ¿Tendrá el mismo valor los antecedentes delictivos que las preferencias religiosas, políticas o sexuales? Normas como la mencionada del Código de Procedimientos Penales hacen que sólo tengan antecedentes penales los prófugos de la ley o los que se encuentran en proceso de cumplir la pena dictada por el juez. En Jalisco, haber cometido delitos es considerado información personalísima ¡No estamos en una mejor situación que el Distrito Federal! Allá linchan policías, aquí se protegen asaltantes.

Bienvenidos al México bruto, donde cualquiera puede violar la ley, siempre y cuando lo haga en masa, tenga padrino, un cargo público, o se apoye en normas ridículas aprobadas por nuestros diputados. Ya murieron unos policías en cumplimiento del deber ¿Qué se necesita para que la norma jurídica empiece a ser respetada?