Bienvenidos al México bruto
«‘¿Quién mató al Comendador? ... Fuenteovejuna, señor.
¿Y quién es Fuenteovejuna?... -Oh, todos a una’»
Félix Lope de Vega Carpio
Los vecinos de San Juan Ixtayopan, delegación Tláhuac en el DF, lincharon el martes pasado a tres agentes de la Policía Federal Preventiva (PFP) que realizaban investigaciones sobre ventas de drogas. Los homicidas buscaron defender su conducta con un argumento que deja frío al más políticamente correcto: Los asesinaron porque no se identificaron. Si esa afirmación parece irracional, las consecuencias del hecho delictivo lo son más.
Los medios reportan cómo los habitantes de esa localidad se encontraban en la plaza del pueblo y reclamaban a los medios que “defendieran a los culpables”, que los policías no acreditaron su investidura, que mientras no les hagan caso, defenderían a cualquier precio a sus hijos. Incluso se indignan porque los califican de asesinos, una generalización injusta según ellos. Ellos se asumen como las víctimas de la torpeza gubernamental, que no dio respuesta a una solicitud de reforzar la vigilancia policíaca en las escuelas de la comunidad, amenazadas por los secuestros. La indignada señora sentenció, agorera: Si la autoridad no hace nada por combatir a la inseguridad, los habitantes de San Juan Ixtayopan se encargarán de que no se continúen robando a sus hijos. Los habitantes de Tláhuac defienden su “derecho delinquir”, a hacerse venganza por propia mano, que no justicia. Se equivocaron, pero es culpa de los demás, no de ellos. ¿Esa forma de pensar no hace recordar la de algunos políticos, gobernantes y líderes sociales?
Ahora, que la Procuraduría General de la República (PGR) atrajo la investigación del linchamiento, resulta que no existía denuncia alguna ante el Ministerio Público por el delito de robo o secuestro de dos menores de la escuela primaria Popol Vuh de Tláhuac, situación que alegaban los moradores de esa delegación. No denuncian, pero sí linchan y ahora esperan impunidad.
A la larga historia de violaciones al Estado de Derecho ahora se suman los linchadores de San Juan Ixtayopan, selecto grupo de delincuentes que van desde los humildes macheteros de San Salvador Atenco hasta los altos funcionarios que promueven recursos ilegales para entorpecer el cumplimiento de la norma. ¿Qué diferencia hay entre los asesinos de Tláhuac, René Bejarano embolsándose los dineros de Carlos Ahumada o el Presidente Fox amenazando con impugnar un presupuesto que no tiene derecho a vetar? ¿Se distinguen esos personajes del empleador que no respeta la jornada de trabajo, no paga horas extras o despide sin indemnización?
En los últimos tres años se han suscitado siete linchamientos escandalosos en el Distrito Federal. En alguna ocasión Andrés Manuel López Obrador defendió el proceder de los delincuentes y no faltan quienes defienden el “derecho tradicional” y las costumbres de esas masas violentas. ¿Veremos que la PGR investigue a todo San Juan Ixtayopan? ¿Existirá un juez valiente que dicte orden de aprehensión para una masa de asesinos? La AFI y la PGR realizaron un operativo en Tláhuac, pero es necesario que se castigue a toda la Fuenteovejuna que supone que la masa otorga impunidad al daño y a la violencia.
Quizá la parte más peligrosa de la conducta irrespetuosa al Estado de Derecho sea la doble moral y necedad de los violadores de la ley, atributos correlativos que hacen tan peligrosos su proceder: Infringen la norma porque asumen que existen unas reglas para calificar sus actos y otras distintas para evaluar a los demás, persisten en su acción porque tercamente creen tener la razón. El hijo más perverso del iusnaturalismo es la desobediencia recurrente de la ley aducida en razón de la supuesta injusticia de la norma que impone obligaciones.
Por ejemplo, ¿podrá existir una cultura de respeto a la norma si el mismo artículo 171 Bis del Código de Procedimientos Penales de Jalisco permite que un exconvicto tenga una carta de policía sin antecedentes penales? Supuestamente esto tutela derechos humanos, pero se traduce en la distorsión del Estado de Derecho: Imaginemos a un asaltante que pretende seguir teniendo la patria potestad de sus hijos. A pesar de que fuera un delincuente peligroso, recurrente, por el simple hecho de purgar su pena, sus antecedentes quedarían fuera del alcance de un tribunal civil, incluso una oficina de información pública municipal podría caer en la irresponsabilidad de negar el acceso a los antecedentes penales de ese individuo porque no es funcionario público, alegando que es información personalísima. ¿Tendrá el mismo valor los antecedentes delictivos que las preferencias religiosas, políticas o sexuales? Normas como la mencionada del Código de Procedimientos Penales hacen que sólo tengan antecedentes penales los prófugos de la ley o los que se encuentran en proceso de cumplir la pena dictada por el juez. En Jalisco, haber cometido delitos es considerado información personalísima ¡No estamos en una mejor situación que el Distrito Federal! Allá linchan policías, aquí se protegen asaltantes.
Bienvenidos al México bruto, donde cualquiera puede violar la ley, siempre y cuando lo haga en masa, tenga padrino, un cargo público, o se apoye en normas ridículas aprobadas por nuestros diputados. Ya murieron unos policías en cumplimiento del deber ¿Qué se necesita para que la norma jurídica empiece a ser respetada?
«‘¿Quién mató al Comendador? ... Fuenteovejuna, señor.
¿Y quién es Fuenteovejuna?... -Oh, todos a una’»
Félix Lope de Vega Carpio
Los vecinos de San Juan Ixtayopan, delegación Tláhuac en el DF, lincharon el martes pasado a tres agentes de la Policía Federal Preventiva (PFP) que realizaban investigaciones sobre ventas de drogas. Los homicidas buscaron defender su conducta con un argumento que deja frío al más políticamente correcto: Los asesinaron porque no se identificaron. Si esa afirmación parece irracional, las consecuencias del hecho delictivo lo son más.
Los medios reportan cómo los habitantes de esa localidad se encontraban en la plaza del pueblo y reclamaban a los medios que “defendieran a los culpables”, que los policías no acreditaron su investidura, que mientras no les hagan caso, defenderían a cualquier precio a sus hijos. Incluso se indignan porque los califican de asesinos, una generalización injusta según ellos. Ellos se asumen como las víctimas de la torpeza gubernamental, que no dio respuesta a una solicitud de reforzar la vigilancia policíaca en las escuelas de la comunidad, amenazadas por los secuestros. La indignada señora sentenció, agorera: Si la autoridad no hace nada por combatir a la inseguridad, los habitantes de San Juan Ixtayopan se encargarán de que no se continúen robando a sus hijos. Los habitantes de Tláhuac defienden su “derecho delinquir”, a hacerse venganza por propia mano, que no justicia. Se equivocaron, pero es culpa de los demás, no de ellos. ¿Esa forma de pensar no hace recordar la de algunos políticos, gobernantes y líderes sociales?
Ahora, que la Procuraduría General de la República (PGR) atrajo la investigación del linchamiento, resulta que no existía denuncia alguna ante el Ministerio Público por el delito de robo o secuestro de dos menores de la escuela primaria Popol Vuh de Tláhuac, situación que alegaban los moradores de esa delegación. No denuncian, pero sí linchan y ahora esperan impunidad.
A la larga historia de violaciones al Estado de Derecho ahora se suman los linchadores de San Juan Ixtayopan, selecto grupo de delincuentes que van desde los humildes macheteros de San Salvador Atenco hasta los altos funcionarios que promueven recursos ilegales para entorpecer el cumplimiento de la norma. ¿Qué diferencia hay entre los asesinos de Tláhuac, René Bejarano embolsándose los dineros de Carlos Ahumada o el Presidente Fox amenazando con impugnar un presupuesto que no tiene derecho a vetar? ¿Se distinguen esos personajes del empleador que no respeta la jornada de trabajo, no paga horas extras o despide sin indemnización?
En los últimos tres años se han suscitado siete linchamientos escandalosos en el Distrito Federal. En alguna ocasión Andrés Manuel López Obrador defendió el proceder de los delincuentes y no faltan quienes defienden el “derecho tradicional” y las costumbres de esas masas violentas. ¿Veremos que la PGR investigue a todo San Juan Ixtayopan? ¿Existirá un juez valiente que dicte orden de aprehensión para una masa de asesinos? La AFI y la PGR realizaron un operativo en Tláhuac, pero es necesario que se castigue a toda la Fuenteovejuna que supone que la masa otorga impunidad al daño y a la violencia.
Quizá la parte más peligrosa de la conducta irrespetuosa al Estado de Derecho sea la doble moral y necedad de los violadores de la ley, atributos correlativos que hacen tan peligrosos su proceder: Infringen la norma porque asumen que existen unas reglas para calificar sus actos y otras distintas para evaluar a los demás, persisten en su acción porque tercamente creen tener la razón. El hijo más perverso del iusnaturalismo es la desobediencia recurrente de la ley aducida en razón de la supuesta injusticia de la norma que impone obligaciones.
Por ejemplo, ¿podrá existir una cultura de respeto a la norma si el mismo artículo 171 Bis del Código de Procedimientos Penales de Jalisco permite que un exconvicto tenga una carta de policía sin antecedentes penales? Supuestamente esto tutela derechos humanos, pero se traduce en la distorsión del Estado de Derecho: Imaginemos a un asaltante que pretende seguir teniendo la patria potestad de sus hijos. A pesar de que fuera un delincuente peligroso, recurrente, por el simple hecho de purgar su pena, sus antecedentes quedarían fuera del alcance de un tribunal civil, incluso una oficina de información pública municipal podría caer en la irresponsabilidad de negar el acceso a los antecedentes penales de ese individuo porque no es funcionario público, alegando que es información personalísima. ¿Tendrá el mismo valor los antecedentes delictivos que las preferencias religiosas, políticas o sexuales? Normas como la mencionada del Código de Procedimientos Penales hacen que sólo tengan antecedentes penales los prófugos de la ley o los que se encuentran en proceso de cumplir la pena dictada por el juez. En Jalisco, haber cometido delitos es considerado información personalísima ¡No estamos en una mejor situación que el Distrito Federal! Allá linchan policías, aquí se protegen asaltantes.
Bienvenidos al México bruto, donde cualquiera puede violar la ley, siempre y cuando lo haga en masa, tenga padrino, un cargo público, o se apoye en normas ridículas aprobadas por nuestros diputados. Ya murieron unos policías en cumplimiento del deber ¿Qué se necesita para que la norma jurídica empiece a ser respetada?
