La Ley Federal del Trabajo y otros cuentos

Las pirámides son el mejor ejemplo de que, en cualquier tiempo y lugar,
los obreros tienden a trabajar menos.
Georges Duhamel

¿Usted es mujer y una trabajadora competente, que hace su labor mejor que cualquier hombre? Eso no le garantiza el empleo, porque sus empleadores además esperan que no esté embarazada y, a pesar de la notoriamente ilegal de la petición de certificados de ingravidez, los empresarios siguen requiriéndolos.

Si usted es un empleado brillante, que hace su trabajo bien y además lo hace en tiempo, no crea que por eso su jefe le va a respetar su jornada de trabajo y cuidado con que trate de irse a la hora que le corresponde por ley, porque lo despiden por poco cooperativo. Acostúmbrese a trabajas horas extras… gratis.

Superiores que descuentan el día a quien acude al médico, patrones que contratan por ciclos trimestrales o cuatrimestrales, personas que despiden sin otorgar indemnización, son algunos de los miembros de la inmensa fauna de depredadores laborales, quienes acostumbran validar su indebida posición mediante el argumento fácil de que hay pocos empleos y que gracias a ellos hay menos pobreza. Precisamente ese tipo de pensamiento se encuentra detrás del impulso a una reforma a la Ley Federal del Trabajo, uno de esos bellos libros de cuentos producidos por el Poder Legislativo.

No conformes con establecer de manera expresa jornadas de más de ocho horas diarias y utilizar como papel limpiador los preceptos de una ley reglamentaria de la Constitución, existe un poderoso grupo de cabilderos que promueve (con la colaboración del Secretario del Trabajo, Carlos Abascal) una reforma que pretende legalizar la ilicitud. La lista de propuestas hace añicos las bases generales que el artículo 123 constitucional marca para las relaciones de trabajo.

Sin embargo, el problema de la injusticia laboral no se reduce a las perversas intenciones de algunos mercaderes de la fuerza de trabajo. La mala situación de los empleados tiene su principal causa en el deficiente desempeño de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, quienes son las responsables de dirigir los procesos que aplican la Ley Federal del Trabajo. La falta de infraestructura, el exceso de trabajo y, sobre todo, la actitud poco profesional de algunos funcionarios hace de la llamada justicia laboral una verdadera pérdida de tiempo. En el ámbito administrativo la situación no es mejor, la semana pasada comentábamos en este espacio sobre el ejercicio deficiente de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, instancia que poco hace para tutelar los derechos laborales.

¿Cuál es el futuro de la Ley Federal del Trabajo? México ha buscado convertirse en un destino atractivo a la inversión a través de la oferta de mano de obra barata. Desafortunadamente ahora los mercados demandan profesionales calificados, no a operarios que cobren sueldos bajos, por lo que resulta desafortunada la apuesta de explotar más a quienes viven de su salario.

El año pasado, un estudiante me consultó para definir una propuesta de tema para participar en el Senado Juvenil. Le sugerí que propusiera una reforma para establecer el derecho penal laboral, con sanciones privativas de la libertad para aquellos que no pagan prestaciones conforme a la ley, hacen abuso de las horas extras o realizan prácticas sistemáticas de incumplimiento de la norma laboral. Me miró sorprendido y señaló que sancionar penalmente a esas personas le parecía demasiado duro cuando ellos sólo buscaban dar empleo a gente que de otra manera se moriría de hambre. Lo miré y le dije: “quizá sea demasiado dura una sanción penal en esos casos, pero nuestros legisladores han establecido a la piratería como delito grave, que no merece libertad bajo caución, ¿qué será más grave, copiar un disco, colgarse de una señal de TV por cable o robarle parte de sus sustento a quien sólo tiene a su esfuerzo para sobrevivir?”

El joven se quedó pensando, le pregunte si éticamente había alguna diferencia entre estafar a alguien y torcer la contabilidad para no repartir utilidades, si era menos grave arrebatar el derecho a la jornada (o al descanso) de robar o abusar de la confianza de otra persona. Rematé el punto: “Resulta indudable que existen malos empleados, pero eso no implica que sus derechos sean desechables. El abuso de confianza es un delito que impacta de manera importante en las relaciones laborales, ¿castigar sí es válido cuando el sancionado es el trabajador?” El estudiante formuló su propuesta en base a mi sugerencia.

En estas épocas en que se habla de una nueva cultura laboral valdría la pena que las campañas de concienciación no fueran dirigidas exclusivamente a los empleados. México necesita buenos trabajadores, pero también requiere de manera urgente de buenos patrones. Ojala 2005 sea el año del ya basta a la visión negrera de la contratación en el sector público y privado. Quizá parezca demasiado romántico, pero en el momento en que asumamos como correcto que la Ley Federal del Trabajo se parezca más a una fábula que a una norma jurídica, no seremos realistas sino indolentes y cínicos.

¿Sirven para algo las procuradurías?

La burocracia en los países latinos parece que
se ha establecido para vejar al público
Pío Baroja

El título de esta columna quizá parezca dedicado a los órganos de persecución del delito como la Procuraduría General de la República (PGR) y la General de Justicia del Estado de Jalisco (PGEJ), pero no sólo se refiere a ellas, sino a todos esos organismos que buscan la defensa de algún grupo social y que más bien se parecen a la carabina de Ambrosio. Ese es el caso de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet), de la Federal del Consumidor (Profeco), para la Defensa del menor en Jalisco o algunas instancias municipal del Sistema DIF en este Estado.

¿Sabe cuántas empresas tienen, de manera ordinaria, jornadas laborales de nueve horas diarias o más? Muchas, incluso organismos públicos (que deberían ser más cuidadosos en el cumplimiento de la ley que los empleadores privados) hacen lujo de su burla a la norma laboral que establece una jornada máxima de ocho horas. ¿Y la Profedet? Bien, gracias. ¿Se atrevería ese organismo a denunciar a las organizaciones de peso y pesos que utilizan a la Ley Federal de Trabajo como papel sanitario? Al parecer no es así, ya que un simple examen de las condiciones de trabajo en notoriamente conocidas instancias gubernamentales y particulares hace evidente que no temen el dedo acusador de la poderosa Profedet.

Si ha tenido un cobro excesivo en su cuenta de teléfono celular, se ha visto discriminado en la prestación de un servicio o producto o ha tenido el infortunio de recibir una mercancía que no cumple con lo ofrecido por un proveedor, sabe que puede quejarse en la Profeco... y perder su valioso tiempo, porque si el proveedor incumplido se pone necio puede utilizar la salida fácil de no someterse al proceso conciliatorio en ese organismo. Algunos dirán que la culpa la tiene la ley que no hace obligatorio el procedimiento, pero no hay duda de que la Profeco tiene la culpa de que esos proveedores no sean multados por su conducta violatoria de la Ley Federal de Protección al Consumidor. La norma no obliga a conciliar, pero si ordena sancionar a quien la viola. ¿Quiere usted pedir que la Profeco castigue a aquel comerciante que cínicamente se burló de la ley y que además le hizo distraer otras actividades por acudir a un conciliación inútil? Espere sentado, porque lo más seguro es que el funcionario en turno le diga que no se puede y, si usted le muestra la ley, le diga que turnará su petición (que significa lo mismo que enviarla a un archivero hasta que prescriba toda acción).

Pero la peor de todas, por la importancia moral de los asuntos que trata, es la Procuraduría para la Defensa del menor en Jalisco. Tenga la seguridad de que si usted acude a pedir ayuda ante un caso evidente de perjuicio contra la niñez (por ejemplo, recuperar la custodia de un menor que se encuentra en la garras de un progenitor asaltante y robacarros) le contestarán que mejor vayan con un abogado.

En la misma tónica se encuentra el DIF Zapopan, donde vale más tener influencias policíacas para obtener auxilio en conflictos judiciales sobre menores que contar con una familia integrada y productiva. Quizá en ese insigne órgano digan que sí cumplen con su trabajo, pero hay evidencias de lo contrario. El que esto escribe tiene documentada la manera como operan en esos asuntos y la forma en que dispensan arbitrariamente el apoyo que jurídicamente están obligados a brindar.

¿Vale la pena pagar impuestos para sufragar los gastos de Procuradurías para la Defensa de Absolutamente Nada? Ojalá nuestros legisladores dediquen tiempo a reformar las legislaciones de las procuradurías y se conviertan en estructuras al servicio de los ciudadanos, en lugar de ser oficinas inútiles para los gobernados.

Al margen: Sergio Sarmiento sostuvo el pasado miércoles que “es un punto meramente formal” que los ministros de la Corte comisionados para el periodo vacacional aceptaran, sin facultades para ello, la controversia constitucional que el presidente Fox presentó por el asunto del presupuesto 2005. Como resulta evidente que el señor Sarmiento no es abogado, habría que recordarle que todo en la ley es en principio formal y que sin formas el fondo sufre. Ahí está de ejemplo el exabrupto de Santiago Creel contra la inmortal frase de Don Jesús Reyes Heroles. El día que admitir procedimientos sin facultades sea un asunto meramente formal será momento de que nos gobiernen los trogloditas... o Sarmiento.