¿Sirven para algo las procuradurías?

La burocracia en los países latinos parece que
se ha establecido para vejar al público
Pío Baroja

El título de esta columna quizá parezca dedicado a los órganos de persecución del delito como la Procuraduría General de la República (PGR) y la General de Justicia del Estado de Jalisco (PGEJ), pero no sólo se refiere a ellas, sino a todos esos organismos que buscan la defensa de algún grupo social y que más bien se parecen a la carabina de Ambrosio. Ese es el caso de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet), de la Federal del Consumidor (Profeco), para la Defensa del menor en Jalisco o algunas instancias municipal del Sistema DIF en este Estado.

¿Sabe cuántas empresas tienen, de manera ordinaria, jornadas laborales de nueve horas diarias o más? Muchas, incluso organismos públicos (que deberían ser más cuidadosos en el cumplimiento de la ley que los empleadores privados) hacen lujo de su burla a la norma laboral que establece una jornada máxima de ocho horas. ¿Y la Profedet? Bien, gracias. ¿Se atrevería ese organismo a denunciar a las organizaciones de peso y pesos que utilizan a la Ley Federal de Trabajo como papel sanitario? Al parecer no es así, ya que un simple examen de las condiciones de trabajo en notoriamente conocidas instancias gubernamentales y particulares hace evidente que no temen el dedo acusador de la poderosa Profedet.

Si ha tenido un cobro excesivo en su cuenta de teléfono celular, se ha visto discriminado en la prestación de un servicio o producto o ha tenido el infortunio de recibir una mercancía que no cumple con lo ofrecido por un proveedor, sabe que puede quejarse en la Profeco... y perder su valioso tiempo, porque si el proveedor incumplido se pone necio puede utilizar la salida fácil de no someterse al proceso conciliatorio en ese organismo. Algunos dirán que la culpa la tiene la ley que no hace obligatorio el procedimiento, pero no hay duda de que la Profeco tiene la culpa de que esos proveedores no sean multados por su conducta violatoria de la Ley Federal de Protección al Consumidor. La norma no obliga a conciliar, pero si ordena sancionar a quien la viola. ¿Quiere usted pedir que la Profeco castigue a aquel comerciante que cínicamente se burló de la ley y que además le hizo distraer otras actividades por acudir a un conciliación inútil? Espere sentado, porque lo más seguro es que el funcionario en turno le diga que no se puede y, si usted le muestra la ley, le diga que turnará su petición (que significa lo mismo que enviarla a un archivero hasta que prescriba toda acción).

Pero la peor de todas, por la importancia moral de los asuntos que trata, es la Procuraduría para la Defensa del menor en Jalisco. Tenga la seguridad de que si usted acude a pedir ayuda ante un caso evidente de perjuicio contra la niñez (por ejemplo, recuperar la custodia de un menor que se encuentra en la garras de un progenitor asaltante y robacarros) le contestarán que mejor vayan con un abogado.

En la misma tónica se encuentra el DIF Zapopan, donde vale más tener influencias policíacas para obtener auxilio en conflictos judiciales sobre menores que contar con una familia integrada y productiva. Quizá en ese insigne órgano digan que sí cumplen con su trabajo, pero hay evidencias de lo contrario. El que esto escribe tiene documentada la manera como operan en esos asuntos y la forma en que dispensan arbitrariamente el apoyo que jurídicamente están obligados a brindar.

¿Vale la pena pagar impuestos para sufragar los gastos de Procuradurías para la Defensa de Absolutamente Nada? Ojalá nuestros legisladores dediquen tiempo a reformar las legislaciones de las procuradurías y se conviertan en estructuras al servicio de los ciudadanos, en lugar de ser oficinas inútiles para los gobernados.

Al margen: Sergio Sarmiento sostuvo el pasado miércoles que “es un punto meramente formal” que los ministros de la Corte comisionados para el periodo vacacional aceptaran, sin facultades para ello, la controversia constitucional que el presidente Fox presentó por el asunto del presupuesto 2005. Como resulta evidente que el señor Sarmiento no es abogado, habría que recordarle que todo en la ley es en principio formal y que sin formas el fondo sufre. Ahí está de ejemplo el exabrupto de Santiago Creel contra la inmortal frase de Don Jesús Reyes Heroles. El día que admitir procedimientos sin facultades sea un asunto meramente formal será momento de que nos gobiernen los trogloditas... o Sarmiento.