Gudiño, Aguirre y la Tremenda Corte

La polémica suscitada por la actuación de la Comisión de Receso de la Suprema Corte (que incluye un manejo inadecuado de plazos, suspensiones de actos y nombramiento de ministros ponentes) es sólo el último eslabón de una cadena de desatinos judiciales en el máximo tribunal del país.

Resulta claro que si la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación sólo faculta que la Comisión de Receso resuelva cuestiones administrativas urgentes, sus miembros (los ministros Salvador Aguirre y Jesús Gudiño) se exceden en sus atribuciones al admitir y dar trámite a la controversia constitucional que promovió el Poder Ejecutivo contra la Cámara de Diputados, que no es un simple asunto administrativo. No tiene mucho caso profundizar en ese tema, que es únicamente una de las múltiples manifestaciones de una estructura judicial que deja mucho que desear.

Muchos vimos con escepticismo la reforma constitucional promovida por Ernesto Zedillo que adelgazó a la Suprema Corte y le estableció un órgano administrativo con miembros externos al Poder Judicial. Algo que fue promovido como una reforma de Estado parecía una purga que privilegiaría a los integrantes del nuevo tribunal y que redundaría en una lealtad nociva de los jueces a la presidencia. No tardó en evidenciarse que las desconfianzas eran fundadas, ya que el 7 de octubre de 1998 (durante la presidencia del ministro Vicente Aguinaco) los ministros permitieron la capitalización de intereses (en franca contravención a lo dispuesto por las ley mercantil) que tuvo por víctimas a miles de deudores. Después de ese lamentable error judicial se continuaron resolviendo importantes asuntos con ponderaciones poco pertinentes, la situación no mejoró sustancialmente durante la presidencia del ministro Góngora y ha empeorado gravemente desde que Mariano Azuela encabeza el máximo tribunal del país, quien se ha inmiscuido en escándalos por sus reuniones secretas con el presidente Fox en torno a los procesos que involucran a Andrés Manuel López Obrador.

El caso del anatocismo (cobro de intereses sobre intereses) es emblemático de la forma como se ordenaba a los ministros que resolvieran los asuntos de interés para la presidencia. Medios nacionales (en específico Milenio Semanal y La Jornada) reportaron que días antes de la resolución, el presidente Zedillo tuvo una comida con los once ministros de la Corte y “les expuso la importancia para el país de contar con un sistema bancario sólido y el riesgo de que una avalancha de demandas por parte de los deudores hiciera tambalearse a la banca”. A pesar de que el proyecto original de sentencia formulado por el entonces ministro Juventino Castro era a favor de los deudores, la Corte favoreció a los bancos. Sólo votaron en contra del sentido del pleno los ministros Juan Silva Meza, Juventino Castro y Humberto Román Palacios. Apenas 24 días después de la resolución, los once ministros de ese entonces aceptaron (en bloque y sin escrito de por medio) una comida privada que les ofreció el gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz Martínez, “en reconocimiento por el fallo que tranquilizó al sistema financiero nacional”.

Ciertamente la Corte anterior a la reforma de 1994-1995 no era un dechado de virtudes. Durante los noventa se criticó con dureza un criterio judicial que sostenía que la inexistencia y la nulidad absoluta de los actos jurídicos eran lo mismo, que respondían únicamente a cuestiones teóricas, planteamiento de la Corte que es absurdo ¿Si un ministro no sirve para nada eso implica que no existe? ¿Verdad que no? Incluso mi ilustre maestro Ernesto Gutiérrez y González dedicó una parte de su libro Derecho de las Obligaciones para reprochar la poca pericia jurídica de esos jueces federales. En sus charlas de sobremesa, Don Ernesto no los bajaba de burros e ignorantes. A pesar de que el Poder Judicial ha modificado su opinión en materia de nulidades, todavía se encuentran vigentes otros criterios que son verdaderamente vergonzosos para el mantenimiento de la equidad que todo Estado de Derecho demanda.

La sapiencia jurídica tampoco es una virtud de los ministros actuales. A pesar de que la Constitución no considera como un gobernador al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, la Corte actual le concedió el derecho a solicitar investigaciones como si fuera un mandatario estatal, cuando su naturaleza jurídica es más cercana a la de un alcalde. Habrá quien considere que esa decisión no fue dictada por torpeza, sino por cálculo político. Resulta difícil establecer que supuesto es más grave, la ignorancia y la deshonestidad son dos efectivos venenos que matan a la justicia.

Hace una semana escribíamos sobre la astucia del juez Marshall para evitar una crisis política, desafortunadamente los ministros mexicanos no supieron seguir su ejemplo y se cierne la sombra del juicio político contra los ministros Gudiño y Aguirre, integrantes de un tribunal que supuestamente había sido depurado. Sin embargo, se puede rescatar algo benéfico de este escándalo, ya que las vergüenzas de la Suprema Corte son evidencia de que urge una nueva reforma judicial. Este es el destino de esa Tremenda Corte.