Gudiño, Aguirre y la Tremenda Corte

La polémica suscitada por la actuación de la Comisión de Receso de la Suprema Corte (que incluye un manejo inadecuado de plazos, suspensiones de actos y nombramiento de ministros ponentes) es sólo el último eslabón de una cadena de desatinos judiciales en el máximo tribunal del país.

Resulta claro que si la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación sólo faculta que la Comisión de Receso resuelva cuestiones administrativas urgentes, sus miembros (los ministros Salvador Aguirre y Jesús Gudiño) se exceden en sus atribuciones al admitir y dar trámite a la controversia constitucional que promovió el Poder Ejecutivo contra la Cámara de Diputados, que no es un simple asunto administrativo. No tiene mucho caso profundizar en ese tema, que es únicamente una de las múltiples manifestaciones de una estructura judicial que deja mucho que desear.

Muchos vimos con escepticismo la reforma constitucional promovida por Ernesto Zedillo que adelgazó a la Suprema Corte y le estableció un órgano administrativo con miembros externos al Poder Judicial. Algo que fue promovido como una reforma de Estado parecía una purga que privilegiaría a los integrantes del nuevo tribunal y que redundaría en una lealtad nociva de los jueces a la presidencia. No tardó en evidenciarse que las desconfianzas eran fundadas, ya que el 7 de octubre de 1998 (durante la presidencia del ministro Vicente Aguinaco) los ministros permitieron la capitalización de intereses (en franca contravención a lo dispuesto por las ley mercantil) que tuvo por víctimas a miles de deudores. Después de ese lamentable error judicial se continuaron resolviendo importantes asuntos con ponderaciones poco pertinentes, la situación no mejoró sustancialmente durante la presidencia del ministro Góngora y ha empeorado gravemente desde que Mariano Azuela encabeza el máximo tribunal del país, quien se ha inmiscuido en escándalos por sus reuniones secretas con el presidente Fox en torno a los procesos que involucran a Andrés Manuel López Obrador.

El caso del anatocismo (cobro de intereses sobre intereses) es emblemático de la forma como se ordenaba a los ministros que resolvieran los asuntos de interés para la presidencia. Medios nacionales (en específico Milenio Semanal y La Jornada) reportaron que días antes de la resolución, el presidente Zedillo tuvo una comida con los once ministros de la Corte y “les expuso la importancia para el país de contar con un sistema bancario sólido y el riesgo de que una avalancha de demandas por parte de los deudores hiciera tambalearse a la banca”. A pesar de que el proyecto original de sentencia formulado por el entonces ministro Juventino Castro era a favor de los deudores, la Corte favoreció a los bancos. Sólo votaron en contra del sentido del pleno los ministros Juan Silva Meza, Juventino Castro y Humberto Román Palacios. Apenas 24 días después de la resolución, los once ministros de ese entonces aceptaron (en bloque y sin escrito de por medio) una comida privada que les ofreció el gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz Martínez, “en reconocimiento por el fallo que tranquilizó al sistema financiero nacional”.

Ciertamente la Corte anterior a la reforma de 1994-1995 no era un dechado de virtudes. Durante los noventa se criticó con dureza un criterio judicial que sostenía que la inexistencia y la nulidad absoluta de los actos jurídicos eran lo mismo, que respondían únicamente a cuestiones teóricas, planteamiento de la Corte que es absurdo ¿Si un ministro no sirve para nada eso implica que no existe? ¿Verdad que no? Incluso mi ilustre maestro Ernesto Gutiérrez y González dedicó una parte de su libro Derecho de las Obligaciones para reprochar la poca pericia jurídica de esos jueces federales. En sus charlas de sobremesa, Don Ernesto no los bajaba de burros e ignorantes. A pesar de que el Poder Judicial ha modificado su opinión en materia de nulidades, todavía se encuentran vigentes otros criterios que son verdaderamente vergonzosos para el mantenimiento de la equidad que todo Estado de Derecho demanda.

La sapiencia jurídica tampoco es una virtud de los ministros actuales. A pesar de que la Constitución no considera como un gobernador al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, la Corte actual le concedió el derecho a solicitar investigaciones como si fuera un mandatario estatal, cuando su naturaleza jurídica es más cercana a la de un alcalde. Habrá quien considere que esa decisión no fue dictada por torpeza, sino por cálculo político. Resulta difícil establecer que supuesto es más grave, la ignorancia y la deshonestidad son dos efectivos venenos que matan a la justicia.

Hace una semana escribíamos sobre la astucia del juez Marshall para evitar una crisis política, desafortunadamente los ministros mexicanos no supieron seguir su ejemplo y se cierne la sombra del juicio político contra los ministros Gudiño y Aguirre, integrantes de un tribunal que supuestamente había sido depurado. Sin embargo, se puede rescatar algo benéfico de este escándalo, ya que las vergüenzas de la Suprema Corte son evidencia de que urge una nueva reforma judicial. Este es el destino de esa Tremenda Corte.

Fox y el fantasma de Marbury

En algunas ocasiones una sentencia impacta más por los temas secundarios que toca que por el asunto principal de la controversia. La historia marca ejemplos que evidencian ese poder de las nimiedades y que en virtud de la impugnación foxista del presupuesto vale la pena recordar.

En Estados Unidos los redactores de la norma fundamental de Filadelfia no incorporaron el control judicial de la constitucionalidad de las leyes, ese sistema fue producto de las reflexiones del presidente de la Corte Suprema, John Marshall, en el famoso caso Marbury v.s. Madison, resuelto en 1803. Sin embargo, el juicio donde se trató el punto versaba sobre una cuestión que en principio no justificaba las consideraciones de Marshall para asumir como necesario que la Corte declarara no aplicables las leyes que contravinieran a la Constitución.

Al igual que en el México actual, a principios del siglo XIX Estados Unidos había cambiado de partido en la presidencia y no se hacían esperar los ajustes de cuentas políticas. Hasta los comicios presidenciales de 1800, el Partido Federalista ocupaba el Poder Ejecutivo del vecino país del norte, situación que cambió con el triunfo electoral de Thomas Jefferson. El mandatario saliente, John Adams, se había preocupado por la protección de sus allegados políticos al otorgarles puestos en los que la inamovilidad les garantizara que el nuevo gobierno no los podía destituir discrecionalmente (en eso los tiempos han cambiado, ahora a los leales colaboradores se les dan bonos de fin de periodo, pero eso es materia de otra columna). Para lograr que su repartición de trabajos prosperara, el Congreso (obviamente controlado por su partido) creó varios puestos judiciales, entre los que destacan (para efectos de lo que aquí se platica) 42 cargos para jueces de paz en el Distrito de Columbia. El presidente Adams continuó con la confección del pastel que horneaba para sus amigos, se propusieron a las personas que fungirían como jueces, el Senado los ratificó, el presidente firmó los nombramientos y se le remitieron al secretario de Estado para que los sellara y enviara. Como en esa época no había computadoras ni impresoras láser, el funcionario tuvo que realizar ese proceso a mano y, con la urgencia de entregar el despacho al secretario entrante (quien era de otro partido), cometió el muy humano error de olvidar el envío de su nombramiento a cuatro nuevos jueces de paz, por lo que el nuevo titular del despacho procedió a guardarlos en su cajón para nunca entregarlos: El secretario entrante se llamaba James Madison, uno de los afectados por el error era William Marbury y el subsecretario saliente que había firmado los nombramientos no era otro sino John Marshall, quien había sido nombrado Presidente de la Corte Suprema.

Marbury no se quedó conforme con la actitud del gobierno y presentó una demanda para que la Corte le ordenara al secretario Madison que le entregara su codiciado nombramiento de juez. El problema político para la Corte era mayúsculo, Marshall había firmado los nombramientos en su anterior cargo y ahora tenía que juzgar el asunto. Si la Corte Suprema le ordenaba al Ejecutivo que le diera a Marbury su nombramiento, se atenía a que el nuevo gobierno acusara al Poder Judicial de parcialidad e iniciara una reforma constitucional alegando que el Partido Federalista pretendía perpetuarse en el poder a través de las labores de la judicatura. Por otro lado, negarle a Marbury la notificación de su nombramiento implicaba otorgarle a los jeffersonianos la potestad de burlarse de la ley y así dominar, de facto, al Poder Judicial. El juicio tenía la complicación adicional de que la Corte no contaba con medios para obligar al Ejecutivo a que cumpliera la orden que emitía y Madison podría haber continuado en su posición de negar la entrega del nombramiento a Marbury.

Marshall resolvió el problema con una jugada astuta, le negó a Marbury la orden de entrega al declarar que la Corte Suprema no tenía facultades para tratar el asunto, ya que la ley que le otorgaba atribuciones para conocer de ese juicio ampliaba la competencia que originalmente le definía la Constitución, lo que era inconstitucional. Jefferson se quedó satisfecho con la decisión de la Corte, sin darse cuenta de que Marshall había metido por la puerta trasera la facultad judicial de revisar la constitucionalidad de las acciones de las ramas legislativa y ejecutiva del gobierno. Para lograr ese poder, el presidente de la Corte Suprema sacrificó un peón, a Marbury, que no obtuvo del máximo tribunal lo que pretendía.

Ahora que el presidente Fox se empecina en otorgarse una facultad que no tiene (y de paso alegar los supuestos límites intocables de su función administrativa) no estaría de más que recordara la suerte de Marbury y que ese fantasma no le pegara un susto en la noche: Quizá le esté abriendo las puertas a la Corte para que defina el fondo del presupuesto cuando Congreso y Ejecutivo no se pongan de acuerdo.

El país de los enanos

Las palabras son enanos, los ejemplos son gigantes.
Proverbio suizo

El vicecoordinador del PAN en la Cámara de Diputados federal, Germán Martínez Cázares, calificó de enanos a los legisladores del bloque opositor. ¿Cuál fue la causa del exabrupto? El rechazo y devolución de las observaciones presidenciales al Presupuesto de Egresos para 2005, decisión parlamentaria respaldada por 332 votos. Más allá de la comicidad involuntaria del berrinche del diputado Martínez, resulta importante cuestionar los argumentos que utilizó el legislador blanquiazul para descalificar que al Presidente no se le hayan reconocido facultades para vetar el Presupuesto de Egresos.

Martínez Cázares lanzó una crítica insultante a sus adversarios: “No distinguen, diputados enanos, entre la institución presidencial y el gobierno de Fox; no distinguen, diputados liliputienses, hacia dónde queremos consolidar nuestra democracia”. ¿Consentir que el presidente pueda vetar el Presupuesto permite consolidar la democracia? Obviamente no, la democracia se basa en el control del poder, difícilmente puede ser considerado demócrata quien espera que las propuestas presidenciales no sean revisadas y controladas. Los diputados del PRI y PRD le gritaron "Arriba Cantiflas" a Martínez, quien primero afirmó que al presidente se le puede derrotar en el tema presupuestal sin odios, rencores o miopías… y después insultó con rabia a sus adversarios. Más que como “Cantiflas”, Germán Martínez procedió como “La Chimoltrufia”, ya que “como dice una cosa, dice otra”.

La Presidencia de la República espera que una controversia constitucional defina que el Poder Ejecutivo tiene facultades de veto en materia presupuestal, tema en el que la Corte Suprema tiene un interés superior al de un mero árbitro imparcial: El Presidente de la Suprema Corte, Mariano Azuela Güitrón, el pasado miércoles rindió su informe de labores y explicó que las reducciones presupuestales para 2005 afectarán a los tribunales y juzgados, la disminución de 5 mil millones de pesos podría provocar que el rezago judicial aumente al nivel de tiempos ya idos y aparentemente superados. Azuela volvió a recordar la necesidad de introducir una reforma constitucional que garantice un mínimo presupuestal al Poder Judicial de la Federación. Obviamente, para la Corte reviste una importancia primordial la definición de la controversia constitucional entre Cámara de Diputados y Presidencia de la República.

Un presidente con operación política eficaz propondría que la Corte le otorgara facultades de veto a cambio de un generoso reajuste presupuestal a favor del Poder Judicial de la Federación. Por otro lado, 330 votos del bloque opositor equivalen a las dos terceras partes de los integrantes de la Cámara de Diputados, requeridas por el artículo 135 de la Ley Fundamental para comenzar una reforma constitucional que asigne al Poder Judicial un monto del presupuesto que garantice mínimos de operación a los tribunales. Resulta ingenuo pretender que el máximo tribunal del país no considerará que una decisión a favor de Fox puede sacarlo de su problemática financiera. ¿Consolida la democracia que el Poder Judicial sea sometido a la tentación de no controlar el poder público?

En parte tiene razón Martínez Cázares, los diputados son enanos, pero no por darle un manazo a un presidente que sólo de dientes para afuera acepta que él sólo propone y que es el Congreso quien dispone. El enanismo alcanza a toda la clase política mexicana, a los partidos, a la administración pública, a las policías, como lo revela un estudio de Transparencia Internacional (TI) que pone a México entre los ocho países más corruptos del mundo y como segundo lugar en corrupción policíaca.

El organismo no gubernamental basó su “Barómetro Global sobre la Corrupción” en las opiniones de 50 mil personas encuestadas por Gallup y concluyó que las instituciones más corruptas (en seis de cada diez países) son los partidos políticos, las cámaras legislativas, la policía y el Poder Judicial. Mientras el campeón mundial en corrupción (Ecuador) tiene una calificación de 4.9 puntos de 5 posibles, México alcanzó 4.5 puntos, al igual que Bolivia, Brasil y Costa Rica. Cuando Martínez Cázares les dice enanos a los diputados opositores en realidad le grita a su imagen en el espejo (que sólo alcanza subiéndose a un banquito): Él pertenece a un partido político mexicano, es miembro de un órgano legislativo y defiende al Poder Ejecutivo, todos ellos vistos como muy corruptos por la opinión pública. El PAN no es un partido político de Holanda, donde la corrupción es calificada con 2.8 puntos, es un instituto político de México, país donde los enanos gobiernan, violan derechos humanos, usan la ley como papel desechable e incluso pretenden negociar un fallo constitucional.

Los suizos sostienen que la grandeza está en las acciones, no en las palabras. Ojala que nuestros políticos dejen de abusar de la palabra, conducta que los vuelve enanos. En un país afectado por la delincuencia, el comercio informal, el desempleo y el abuso de poder, lo que se necesitan son estadistas, gigantes de la política, no enanillos gritones que estorben al desarrollo nacional. La democracia se consolidará en el momento en que el poder público se encuentre acotado, controlado y limitado, no cuando al presidente se le cumplan todos sus deseos. Al parecer algunos políticos están muy chiquitos para ocupar cargos públicos, esperemos que este no sea el caso de los ministros de la Corte Suprema, quienes por antonomasia deben ser grandes.

Falsas amistades

Aristóteles sostenía que la amistad perfecta es la de los buenos y de aquellos que se asemejan por la virtud. Ellos se desean mutuamente el bien en el mismo sentido. Es decir, son defectuosas las amistades con personas de moralidad distinta, ya no se diga con alguien que tiene doble moral, afirmación que se confirma por lo que dice el Dalai Lama: La amistad sólo podía tener lugar a través del desarrollo del respeto mutuo y dentro de un espíritu de sinceridad. Montesquieu, como jurista que fue, definía a la amistad como un contrato por el cual nos obligamos a hacer pequeños favores a los demás para que los demás nos los hagan grandes, lo que marca la importancia del trato recíproco y solidario como principio rector de la amistad.

A pesar de la sabiduría de esos tres pensadores, la expresión que más me agrada respecto a la amistad es del escritor vasco Pío Baroja: Sólo los tontos tienen muchas amistades. El mayor número de amigos marca el grado máximo en el dinamómetro de la estupidez. La falsa amistad es como una herida purulenta, sobre todo cuando una de las partes brinda autenticidad en su trato, paradójicamente suele ser el falso amigo el que más celebra el término del vínculo cuando queda al descubierto la suciedad de sus intenciones.

Esta reflexión no tiene desenlace, al igual que el autor de El mayorazgo de Labraz, lo prudente es que dejemos las conclusiones para los idiotas.

Por insubordinado

Quien ha sufrido tus imposiciones, te conoce.
William Blake

Santiago Creel dice que a Marcelo Ebrard lo destituyeron por insubordinado, no por las notorias muestras de incompetencia que dio en los últimos tres años. Más de 20 linchamientos en el Distrito Federal no fueron motivo suficiente para que a Ebrard le dieran las gracias, sino que no reconociera la autoridad de su jefe, el presidente de todos los mexicanos y mexicanas, lo que habla mal de las prioridades del gobierno federal: Un líder inteligente se preocuparía más por tener personal capaz que por contar con subordinados obedientes pero dotados de una incompetencia supina.

Lo cierto es que a las víctimas de la inseguridad pública poco les importa si Ebrard obedecía a Fox o si lo tiraba a Lucas, la mayoría de los ciudadanos no lamentan el relevo del Secretario de Seguridad Pública del DF porque no hacía su trabajo bien. Si el joven Marcelo hubiera sido una especie de Rudolph Giuliani mezclado con William J. Bratton, su destitución hubiera provocado protestas masivas que habrían dejado al nivel de pic-nic a la megamarcha contra la inseguridad del 27 de junio de 2004.

En realidad, que Ebrard deje su cargo es intrascendente, lo alarmante es la posición del gobierno ante los problemas del país. Esta obsesión por el ejercicio del poder jerárquico, por mandar, hace mucho daño a México. La administración de Fox, al igual que la de muchas instancias públicas y privadas del país, está llena de personas incompetentes pero disciplinadas. Malo es un gobierno que premia la estupidez obediente.

Cuando una organización recompensa la disciplina sobre la inteligencia únicamente se tienen resultados en función de los aciertos o errores de la cabeza en la línea de mando, la idea de un sólo cerebro con muchas manos no es la más estratégica en la compleja realidad contemporánea, aunque el modelo lo propusiera el mismo Mark Gruenwald.

Resulta claro que la obediencia es valiosa, siempre y cuando venga acompañada de capacidad y competencia, de lo contrario es sólo un pretexto para fortalecer los lazos autoritarios en los grupos políticos. De la misma manera, la insubordinación puede ser el mayor obstáculo para implementar políticas adecuadas y pertinentes. Lo que Fox hizo con Ebrard es dar un manotazo por cuestionar su sagrada autoridad, es un cese impulsado por el poder, no por la razón. Lo inteligente hubiera sido que el presidente lo hubiera destituido hace mucho tiempo, cuando se empezó a percibir que la seguridad pública en el DF no mejoraba, no ahora que se desafió, torpemente, la potestad constitucional de remover al encargado de esa área en la capital del país

Al resto de la nación no le va mejor que al DF. Enrique Salinas de Gortari pierde la vida en el Estado de México y Fox considera que su homicidio quizá no tenga una causa política. Un debate sobre este punto es bobo por definición: Resulta difícil definir que es más malo, que en México cada día haya más inseguridad y que no se requiera ser político para tener una muerte horrible o ser tan oligofrénico para suponer que los parientes de Salinas de Gortari necesariamente deben morir por motivos políticos. En Jalisco las policías se preocupan más por perseguir a las parejitas que se hacen arrumacos en la vía pública que por detener a los ladrones de autopartes o poner en cintura a los pandilleros. Bajo la perspectiva de lo peligrosa que se ha vuelto la vida en las ciudades de México, resulta irrelevante si a alguien lo matan por ser político, empresario, delincuente o simple ciudadano. ¿A quién le importa si un funcionario es insubordinado u obediente con su jefe, cuando tiene que padecer una administración que no lo protege de los delincuentes, a tribunales que no administran justicia (mucho menos lo hacen de forma expedita) o la vida en ciudades donde cada día hay más embotellamientos, más basura en las calles, más contaminación?

Quizá la parte más triste de esta visión autoritaria es que los mexicanos están hartos de la falta de resultados en el ámbito público y privado. El escaso crecimiento económico, la inseguridad pública, el desempleo y las políticas públicas de corte burocratizante han redundado en una disminución de la calidad de vida de todas las personas en este país.

Ojalá contáramos con más insubordinados en este país, no incompetentes como Ebrard, sino brillantes y valientes, decididos a decir “no, señor, se equivoca y su error es perjudicial para los demás”. Precisamente esa capacidad para repeler la estupidez es lo que nos hace humanos, ya lo decía Gilbert Keith Chesterton: “Algo muerto puede ser arrastrado por la corriente pero sólo las cosas vivas van en contra de ésta". Seamos menos autoritarios y más perspicaces, este país ha sufrido mucho para llegar a la democracia electoral, ya es tiempo de llevarlo al bienestar y al gobierno de la inteligencia, donde lo más importante no sea tener el poder, sino la razón.

Chesterton y el sistema de partidos

The Party System was founded on one national notion of fair play. It was the notion that folly and futility should be fairly divided between both sides (El sistema de partidos fue fundado bajo una noción nacional de juego limpio. Fue la noción de que locura e inutilidad deberían ser justamente divididas entre ambos lados).

G.K. Chesterton [1924]

La presidencia de la necedad

La necedad es la madre de todos los males
Marco Tulio Cicerón

El presidente se inconforma por las modificaciones al Presupuesto que le hizo la Cámara de Diputados y presenta observaciones al decreto (o sea, veta la decisión de los legisladores) y la reacción no se hace esperar: La Mesa Directiva de la Cámara discutirá hasta el 7 de diciembre el documento de Fox, ya que considera que tiene una calidad jurídica indefinida. Dicho en buen español, no reconocieron las observaciones como veto, porque asumen que el Ejecutivo no tiene facultades para vetar el presupuesto. ¿Qué esperaba Fox de la Cámara? Resulta obvio que la mayoría de los diputados no son panistas y que el llamado bloque opositor no iba a dar trámite a algo que considera un absurdo constitucional.

Ahora Fox dice que le queda la posibilidad de ir a la Corte Suprema. Difícilmente se puede justificar la conducta del primer mandatario, ¿obtuvo algún beneficio del desgaste político de presentar un veto que evidentemente iba a ignorarse olímpicamente? No, su proceder se califica por lo que la Real Academia define como el actuar ignorante, que no sabe lo que podía o debía saber, que es imprudente o falto de razón, terco y porfiado en lo que hace: Es decir, necio. ¿La expresión es injusta con el presidente? Consideramos que no y procedemos a fundamentar nuestro dicho.

¿Sabía el presidente lo que iba a suceder? Si previó las consecuencias de su “veto”, lo racional hubiera sido utilizar otro mecanismo distinto a una presentación de observaciones a los diputados y evitarse así un desgaste innecesario. ¿El presidente ganó algo con su acción? ¿Quiere que la Corte defina que tiene facultades para vetar presupuestos y para ello necesita que la materia de la controversia sea un rechazo a su decisión? Vamos a suponer que fuera así, que Fox es un hábil jugador de ajedrez jurídico y quiere convertirse en el nuevo estratega de la jurisprudencia mexicana, una suerte de John Marshall mexicano, con botas y hebilla vaquera. Continuemos con la suposición, pensemos que el asunto cae en manos de un ministro sensible a la visión foxista de la realidad (por ejemplo el Dr. Cossío) y se elabora un proyecto de resolución que otorga al presidente facultades de vetar el presupuesto, en una interpretación extensiva de lo dispuesto por el inciso C del artículo 72 constitucional. ¿Fox lograría así que su proyecto de presupuesto prevaleciera? Al parecer no, porque su partido todavía carecería de mayoría en la cámara y los opositores no cuentan con dos terceras partes de los votos totales para lograr que se confirme el presupuesto modificado.

Los escenarios posibles irían desde que los opositores se cruzaran de brazos y no negociaran arreglos (en México no se puede aplicar el presupuesto del año anterior en caso de falta de acuerdo legislativo) para así poner en un estado de crisis a la presidencia, hasta que el bloque opositor se ubique como un negociador duro, que sabe que en sus manos está el destino de las cosas. Claro, siempre queda la posibilidad de que un ministro de la Corte proponga en la resolución (sin que sea materia de la controversia) “reglas adicionales” en caso de disenso legislativo no superado, como que el presidente decida la estructuración del presupuesto o establezca la aplicación del decreto aprobado del año anterior… y el Congreso sometería a juicio político a los ministros que aprobaran tal decisión, como lo autorizan los artículos 109 y 110 de la Constitución. El presidente sacó el garrote para negociar, en lugar de ceder en áreas de la agenda política que a los diputados podrían haber resultado atractivas, conducta del mandatario que fue imprudente, por decirlo de una manera suave.

El presidente tenía en sus manos una falta de los diputados, la Constitución ordena en la fracción IV del artículo 74 que la Cámara Baja apruebe el Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 15 de noviembre, término que no cumplieron los legisladores. Si él hubiera acudido directamente a la Corte para pedir que se definiera el presupuesto a aplicar cuando la Cámara de Diputados no lo aprueba en tiempo y hubiera pedido que se aplicara el del año pasado, quizá habría pasado a la historia constitucional mexicana como un estadista notable, pero prefirió el camino de la confrontación. Si ahora pretende usar la vía judicial respecto al incumplimiento del plazo constitucional, estará a discusión si consintió la validez del presupuesto al no realizar observaciones de fondo a que fuera aprobado fuera de término.

Ésta historia, que parece escrita por Charles Baudelaire, recuerda una de sus inmortales frases: El más irreprochable de los vicios es hacer el mal por necedad. Ojalá todos los actores involucrados superen sus soberbias y así conjuren los peligros causados por la presidencia de la necedad, una que a dos años de terminar el sexenio no ha dado resultados satisfactorios y sí muchas decepciones.