Cañones para matar mosquitos
Ya se detuvo al primer “delincuente opaco” en la Historia de México, el ex jefe de la Unidad de Transparencia (UTI) de Cihuatlán. Debe puntualizarse que la denuncia fue tramitada en la Procuraduría General de Justicia de Jalisco y que la orden de aprehensión fue girada por personal del Poder Judicial, por lo que el mérito es exclusivamente de esas dos instancias y no de algunos otros que quieren colgarse de ese “triunfo”, aunque usualmente atacan al Ministerio Público y a la Judicatura.
¿Por qué señalo que es un “triunfo” esa detención? Porque la entrega de información no depende exclusivamente de las unidades de transparencia: en el caso de Cihuatlán resulta claro que una dependencia municipal se irritó por la solicitud de un ciudadano, pero el que tuvo que dar la cara fue el jefe de la UTI, no la dependencia molesta con la petición o el presidente municipal, que tiene todas las atribuciones para ordenar la entrega de los datos requeridos. Todo el peso de la ley cayó sobre un empleado menor, en lugar de que la cabeza del ayuntamiento resolviera el asunto de origen.
Meter a la cárcel a los jefes de las UTI no resuelve el problema de acceso a la información, porque son servidores públicos desechables: el funcionario opaco de alto nivel tiene un fusible de fácil sustitución en el jefe de la UTI y esto seguirá así mientras los responsables de las UTI no sean inamovibles, salvo por contravención grave a la Ley de Transparencia (solo de esa ley, porque presionar a la UTI con otro tipo infracciones redunda en que los funcionarios superiores mantengan su poder sobre las oficinas de transparencia). También se necesita que los comités de clasificación de información tengan otra estructura: en el estado actual de cosas, el titular de la dependencia obligada designa a todos (o casi todos) los integrantes de esa instancia, que es la responsable de determinar si la información en manos del gobierno es de libre acceso o no, así como de clasificar si una sesión es de ingreso restringido o de libre asistencia. Si la cabeza de la dependencia obligada nombra al jefe de la UTI y a los integrantes del comité, ¿de quién es la culpa cuando no se entrega la información a los solicitantes, del titular de la dependencia o de la UTI?
Las deficiencias en el acceso a la información gubernamental son una muestra de los problemas de calidad en los servicios (públicos y privados) en México: pasa en todos lados, desde el Oxxo donde casi nunca tienen moka en la máquina de Nescafé, hasta en el SIAPA donde mandan recibos de pago inmediato porque “se les chispoteó” enviar en tiempo los cobros del mes anterior. Sin embargo, tanto en la iniciativa privada como en el sector público, le echan la culpa de sus fallas a los consumidores, gobernados y clientes.
Obviamente hay empresas y entidades públicas de excepción, por ejemplo Steren, una compañía de electrónica que busca atender y dar soluciones a sus clientes; la proveedora de agua para beber Ciel; y los organismos públicos descentralizados de la Administración Pública Federal, entre otros.
El acceso a la información es muy importante para el desarrollo y la consolidación de la democracia, pero en este país hay problemas más apremiantes como la inseguridad, el desempleo y la prestación deficiente de los servicios públicos.
El asunto del “delincuente opaco” merece una reflexión final relacionada con el tema del Estado de Derecho: si ya metemos a la cárcel a los jefes de las UTI por no entregar información, ¿qué se hará con los que cometen delitos contra la vida, contra el patrimonio privado y/o público, secuestran, lesionan, asaltan extorsionan, torturan, siembran evidencias, hacen acusaciones falsas, dictan resoluciones judiciales erróneas, llenan de grafiti casas y comercios, rompen luminarias, “rematan” víctimas del transporte, amenazan, prestan con usura, hacen cobros excesivos o cometen fraudes? Finalmente todos estos ilícitos son peores que no entregar información pública o desobedecer al Itei, por lo que parece que en Jalisco utilizamos cañones para matar mosquitos y resorteras para tumbar elefantes…
Ya se detuvo al primer “delincuente opaco” en la Historia de México, el ex jefe de la Unidad de Transparencia (UTI) de Cihuatlán. Debe puntualizarse que la denuncia fue tramitada en la Procuraduría General de Justicia de Jalisco y que la orden de aprehensión fue girada por personal del Poder Judicial, por lo que el mérito es exclusivamente de esas dos instancias y no de algunos otros que quieren colgarse de ese “triunfo”, aunque usualmente atacan al Ministerio Público y a la Judicatura.
¿Por qué señalo que es un “triunfo” esa detención? Porque la entrega de información no depende exclusivamente de las unidades de transparencia: en el caso de Cihuatlán resulta claro que una dependencia municipal se irritó por la solicitud de un ciudadano, pero el que tuvo que dar la cara fue el jefe de la UTI, no la dependencia molesta con la petición o el presidente municipal, que tiene todas las atribuciones para ordenar la entrega de los datos requeridos. Todo el peso de la ley cayó sobre un empleado menor, en lugar de que la cabeza del ayuntamiento resolviera el asunto de origen.
Meter a la cárcel a los jefes de las UTI no resuelve el problema de acceso a la información, porque son servidores públicos desechables: el funcionario opaco de alto nivel tiene un fusible de fácil sustitución en el jefe de la UTI y esto seguirá así mientras los responsables de las UTI no sean inamovibles, salvo por contravención grave a la Ley de Transparencia (solo de esa ley, porque presionar a la UTI con otro tipo infracciones redunda en que los funcionarios superiores mantengan su poder sobre las oficinas de transparencia). También se necesita que los comités de clasificación de información tengan otra estructura: en el estado actual de cosas, el titular de la dependencia obligada designa a todos (o casi todos) los integrantes de esa instancia, que es la responsable de determinar si la información en manos del gobierno es de libre acceso o no, así como de clasificar si una sesión es de ingreso restringido o de libre asistencia. Si la cabeza de la dependencia obligada nombra al jefe de la UTI y a los integrantes del comité, ¿de quién es la culpa cuando no se entrega la información a los solicitantes, del titular de la dependencia o de la UTI?
Las deficiencias en el acceso a la información gubernamental son una muestra de los problemas de calidad en los servicios (públicos y privados) en México: pasa en todos lados, desde el Oxxo donde casi nunca tienen moka en la máquina de Nescafé, hasta en el SIAPA donde mandan recibos de pago inmediato porque “se les chispoteó” enviar en tiempo los cobros del mes anterior. Sin embargo, tanto en la iniciativa privada como en el sector público, le echan la culpa de sus fallas a los consumidores, gobernados y clientes.
Obviamente hay empresas y entidades públicas de excepción, por ejemplo Steren, una compañía de electrónica que busca atender y dar soluciones a sus clientes; la proveedora de agua para beber Ciel; y los organismos públicos descentralizados de la Administración Pública Federal, entre otros.
El acceso a la información es muy importante para el desarrollo y la consolidación de la democracia, pero en este país hay problemas más apremiantes como la inseguridad, el desempleo y la prestación deficiente de los servicios públicos.
El asunto del “delincuente opaco” merece una reflexión final relacionada con el tema del Estado de Derecho: si ya metemos a la cárcel a los jefes de las UTI por no entregar información, ¿qué se hará con los que cometen delitos contra la vida, contra el patrimonio privado y/o público, secuestran, lesionan, asaltan extorsionan, torturan, siembran evidencias, hacen acusaciones falsas, dictan resoluciones judiciales erróneas, llenan de grafiti casas y comercios, rompen luminarias, “rematan” víctimas del transporte, amenazan, prestan con usura, hacen cobros excesivos o cometen fraudes? Finalmente todos estos ilícitos son peores que no entregar información pública o desobedecer al Itei, por lo que parece que en Jalisco utilizamos cañones para matar mosquitos y resorteras para tumbar elefantes…
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