Receta de transparencia

Especialistas y académicos criticaron la iniciativa de transparencia que formuló el equipo de Enrique Peña Nieto. Entre los análisis que considero más atinados se encuentran los realizados por la doctora Perla Gómez y el formulado por el doctor Ernesto Villanueva, cuya síntesis aparece en la revista Proceso número 1876.

Ernesto Villanueva (en Proceso número 1876) enumera su propuesta de contenido para una mejor reforma que la planteada por el equipo peñista: “a) No generar más pasos burocráticos entre la solicitud de información pública y el acceso a la misma; b) Garantizar independencia real del órgano que resuelve; c) Asegurar especialidad y conocimiento de quienes integren ese órgano; d) Mantener la amigabilidad del derecho de acceso a la información, y e) Mantener el principio de definitividad en sus actuales términos. Es por lo anterior que insisto en que el IFAI debe transformarse en un tribunal especializado (como los tribunales agrarios) que mantenga la bi-instancialidad del recurso de impugnación, para evitar que la transparencia se convierta en una apariencia”. Mi opinión sobre el tema coincide en mucho con la del doctor Villanueva, pero yo sugeriría un salto cualitativo con la siguiente propuesta de contenido:

1. Reducir la burocracia en el acceso a la información, al transitar del modelo de solicitud al de consulta de información pública: la máxima disminución de burocracia se da cuando no interviene burócrata alguno en el acceso a la información. Si en lugar de pedir información, los ciudadanos la consultan en un portal, se deja a las solicitudes como un medio extraordinario para los casos extraordinarios;
2. Ley única de transparencia y órgano garante único para todo México: no se justifica que el país tenga 33 órganos garantes con 33 leyes distintas. ¿Por qué acceder a información en Nayarit debe ser distinto a consultarla en el Distrito Federal o Puebla? El derecho a la información es un derecho humano y segmentarlo por el feuderalismo es un absurdo: siempre debió existir una sola ley aplicable a federación, estados y municipios, así como sólo un órgano garante con oficinas en todo el país. Los dos primeros puntos resuelven los problemas de burocracia y permiten mantener el carácter amigable del derecho de acceso a la información;
3. Si se quiere asegurar la independencia del órgano garante resulta indispensable renovar a todo su pleno: los actuales fueron nombrados por el PAN e incluso varios de ellos eran notoriamente cercanos a ese partido (por citar sólo dos ejemplos: María Marván y el difunto Alonso Lujambio). En segundo término se requiere un servicio civil de carrera más parecido al servicio profesional del IFE y menos semejante al complejo heterogéneo que actualmente existe en el organismo federal, que tiene tanto verdaderos talentos como fraudes que hacen pasar antigüedad por capacidad. Esto también asegura la especialidad y conocimiento en el órgano garante, que recomienda Ernesto Villanueva; y
4. La definitividad del órgano garante no debe ser una patente de corso: junto al IFAI nacional (órgano único garante, con oficinas en los estados) debe existir un Trifai nacional (Tribunal único de Derecho a la Información del Poder Judicial de la Federación, con salas regionales y una Sala Superior). Los disparates formulados por algunos institutos de transparencia son materia de análisis por las aberraciones jurídicas que implican, además de que a la luz del artículo 16 constitucional no se justifica que un órgano público autónomo no esté sujeto al control de legalidad de sus actos sobre bienes públicos en posesión del Estado, como es la información.

El tema da para un amplio análisis y sería deseable que los diputados y senadores del Congreso de la Unión dejen de mirarse el ombligo y comiencen a escuchar a especialistas como el doctor Villanueva o la doctora Perla Gómez. También sería pertinente que se reconstituyera el Grupo Oaxaca (donde mis amigos Gabriel Ibarra Bourjac y Ernesto Villanueva  estuvieron presentes) y se plantee con extrema urgencia una contrapropuesta a la iniciativa que está por aprobarse en el Poder Legislativo.