Me tocó compartir presidium con Óscar Guerra Ford, Presidente de InfoDF, el instituto de
transparencia del Distrito Federal. Era 2 de diciembre de 2011 y participaba en
un panel, organizado por el Itei de Jalisco, sobre los avances, retrocesos y
desafíos de los órganos garantes de transparencia en México. De repente, Guerra Ford pide la voz y señala que no entiende de dónde
viene la afirmación, hecha por mí y otros panelistas, de que las resoluciones del Itei son
definitivas e inatacables. "Yo hice un estudio de todas las leyes del país y en la ley de Jalisco eso no viene", afirmó triunfante. Contesté: "viene en la Constitución
de Jalisco",
respuesta que secundó Jorge Gutiérrez Reynaga, presidente del Itei. Guerra Ford nos miró y dijo, como si fuera Arquímedes
en la tina: "pero no está en la ley". No cabíamos del asombro. Óscar Guerra Ford no sólo era titular del instituto de transparencia local más grande del país, sino que ¡escribía libros sobre análisis comparativo de leyes de transparencia! El señor había "analizado" la ley
de Jalisco y no se había molestado en darle una
mirada a la Constitución del Estado. Cualquier
especialista sabe que las leyes se revisan en relación con la Constitución, que es su norma superior.
Guerra Ford no es abogado, lo aclaro por si alguien tenía la duda de que lo fuera, lo que no disculpa su
ignorancia, sobre todo si se atreve a escribir libros sobre leyes. Actualmente
Guerra Ford sigue a la cabeza de InfoDF, a pesar de que estaba impedido jurídicamente para ser reelecto por tercera ocasión: el artículo 68 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
del Distrito Federal
sólo permite que un presidente
sea electo por dos periodos. Quizá es una ley que Guerra Ford
tampoco ha leído.
El caso de Óscar Guerra Ford es
representativo del perfil y actitudes que se encuentran en los órganos garantes de acceso a la información en México: ignorancia agravada con
soberbia, falta de respeto a las leyes amparada en la ausencia de recursos
contra sus decisiones, academicismo ausente de práctica
y una vocación a utilizar las facultades
del instituto contra sus críticos, aún en contra de la ley.
¿Qué pasaría si México tuviera una sola ley de transparencia y un sólo instituto que la aplicara en todo el país, en los tres niveles de gobierno? Resulta muy probable
que se haga realidad esta propuesta, que formulamos hace diez años -y que con frecuencia retomamos al tratar el problema
del modelo mexicano de transparencia-. Tanto políticos
como sociedad civil señalan que el sistema de 32
leyes y órganos garantes que padece el
país es ineficiente, ineficaz y
definitivamente contrario al principio de igualdad democrática.
Cuando tirios y troyanos coinciden en un tema, hay que poner
mayor atención: contar con una ley general
de transparencia y acceso a la información fue uno de los acuerdos de
la primera Cumbre Ciudadana “Para construir un México pacífico y justo” del pasado 22 de mayo. En la misma lógica, Enrique Peña Nieto se comprometió a promover "una reforma constitucional para dotar al
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos de competencia en asuntos de los estados y
municipios". En síntesis, tanto el PRI como los
organismos ciudadanos coinciden en que se necesita una sola ley de
transparencia y que exista un órgano garante con facultades
sobre cualquier entidad pública.
No faltarán los que quieran matizar la
reforma para hacerla inútil, por ejemplo, habrá quien sugiera que sobreviva el actual conjunto de leyes y
organismos, para que coexistan con la ley general de transparencia y el IFAI
nacional. Esa absurda sugerencia responde a los intereses de los burócratas que tienen parcelas de poder local como resultado de
la existencia de institutos y leyes estatales. Otorgar al IFAI poderes sobre
estados y municipios es consecuencia de la incapacidad de los organismos
locales para llegar a acuerdos e impulsar que los congresos de sus estados
emitieran legislaciones uniformes, con los mismos contenidos y reglas. La
inminente desaparición de leyes e institutos no es
más que la penitencia del pecado
de la indolencia.
Si bien existe una Conferencia Mexicana de Acceso a la
Información Pública (Comaip), integrada por órganos garantes de información,
su velocidad de respuesta sólo se muestra cuando algún socio se enfrenta al riesgo de que por ley le recorten
sus facultades. No representa a los ciudadanos, sino a los grupos de interés que viven de los institutos de transparencia que existen
en la República. Seguramente el Comaip
se opondrá a la reforma que implica su
desaparición, pero resulta poco probable
que cuente con el músculo para oponerse al
candidato presidencial que encabeza las encuestas y al conjunto de organismos
civiles con más legitimidad en México. Oponerse a esta reforma sólo le conviene a quienes se benefician de la Babel
normativa y organizacional de la transparencia en México, misma que conduce a la opacidad institucional por la
vía del caos.
Un IFAI nacional probablemente funcionaría con Vocalía Ejecutivas o Delegaciones en
cada Estado, lo que en la práctica representa un ahorro
presupuestal: ya no habría consejos rimbombantes, sino
que un sólo técnico estaría al frente de la representación estatal del IFAI. ¿Este cambio institucional
implica el desempleo de los múltiples servidores que laboran
en los institutos de transparencia locales? No necesariamente, los más talentosos especialistas seguramente serán reclutados por el IFAI y es trabajo de cada gobernador y
senador de la República que el IFAI no se
convierta en una agencia de colocaciones capitalina que mande legiones de
microvirreyes a cada entidad federativa.
La reforma por la
transparencia nacional es una muy buena noticia. Ahora sólo hace falta que la ley general de transparencia no se
quede en el enfoque anacrónico de montar la facultad de
informarse en el derecho de petición, sino que aproveche las
tecnologías para lograr que el acceso a
la información no dependa de una solicitud
a un burócrata. La reforma puede tener
ajustes para hacerla más eficiente aún, tema que ya hemos tratado en otros espacios, pero que
será materia de una colaboración posterior.
A las actuales leyes de transparencia se les pueden aplicar
unos versos de Borges: "el hierro que ha de herirte se ha herrumbado; estás (como nosotros) condenado".
oscarconstantino@gmail.com
@oconstantinus
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